Los despidos en el ámbito privado y estatal convirtieron a la falta de trabajo en la preocupación principal de la ciudadanía, mientras el gobierno nacional apuesta por viejos regímenes de promoción que benefician solo al empresariado.
13 de mayo de 2016
Desocupación en jóvenes. Si bien es un fenómeno global, en la Argentina llega al 19%, mientras que la precariedad laboral del colectivo llega al 59%. (gentileza El Eco de Tandil)
La situación económica (desempleo, pobreza, inflación) desplazó a la inseguridad como principal preocupación ciudadana. El dato más notable fue la rapidez con que se produjo ese cambio de humor popular. Los sondeos de opinión revelan que la inquietud es compartida por defensores y críticos del gobierno nacional. Por caso, el último estudio nacional de opinión pública de Ibarómetro muestra que la inflación (16,4%), el desempleo (15%) y la pobreza (14,1%), estuvieron entre las opciones más elegidas a la pregunta «en su opinión, ¿cuál es el principal problema del país?». En apenas un mes, la suma porcentual de esas tres respuestas creció del 38,9% al 45,5%.
El Centro de Economía Política Argentina (cepa) estima que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 hubo 141.542 despidos. Las cesantías están repartidas entre el sector privado (52%) y el público (48%). «De los 80.446 despidos en el
sector privado, 71,88% corresponde al sector construcción, 23,40% a industria y 4,72% al sector servicios», detalla el informe del cepa.
En ese contexto, el multitudinario acto conjunto de las cinco centrales sindicales no fue una sorpresa. La extensa lista de reclamos gremiales estuvo encabezada por el pedido de sanción del proyecto de ley de emergencia ocupacional fogoneado por las fuerzas opositoras. El presidente Mauricio Macri contestó que «no se genera empleo imponiendo leyes arbitrarias. No debemos repetir errores: ya probamos en 2002 con leyes que prohibían y eso no trajo más trabajo. Destruyó trabajo».
Sin embargo, los datos duros no avalan los dichos presidenciales. La tasa de desempleo tuvo una trayectoria claramente descendente desde la sanción de esa ley: 23,7% (año 2002), 21,4% (2003), 17,6% (2004), 14,1% (2005), 12,2% (2006) y 8,8% (2007).
La generación de nuevos puestos de trabajo, con el consiguiente descenso de la tasa de desocupación, no fue mérito exclusivo de la Ley de Emergencia Ocupacional. La principal causa de la recuperación del mercado laboral estuvo asociada con un proceso de crecimiento económico inclusivo. Sin perjuicio de eso, la ley funcionó como un «dique de contención» contra los despidos en una coyuntura complicada.
La sanción de una nueva ley de emergencia ocupacional es rechazada por las entidades representativas del gran empresariado. Por el contrario, las grandes compañías apoyan la iniciativa oficial del Régimen de Promoción del Primer Empleo Formal. El proyecto propone una reducción decreciente de las contribuciones patronales durante tres años y el pago de subsidios a las compañías que incorporen jóvenes de entre 18 y 24 años. Idénticos beneficios serían aplicables, sin límite de edad, a los nuevos trabajadores discapacitados o residentes en las provincias del noa.
Estímulo
Las grandes cámaras empresarias (Asociación de Bancos de la Argentina, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Asociación Empresaria Argentina, Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina y Sociedad Rural Argentina) afirmaron en un comunicado: «Compartimos la visión de una parte significativa de la dirigencia de nuestro país según la cual deben desarrollarse políticas de estímulo al trabajo –como por ejemplo el proyecto Mi Primer Empleo– y no otras que desestimulan la concreción de inversiones y la generación de empleos».
La vulnerabilidad económico-social del colectivo juvenil es un fenómeno global. En la Argentina, el desempleo joven asciende al 19,1%, triplicando el nivel general. Además, la precariedad laboral juvenil alcanza el 59% (casi el doble que el promedio nacional).
El kirchnerismo implementó una estrategia integral para abordar esa problemática durante sus 12 años de gobierno. La recuperación del mercado laboral fue acompañada por un conjunto de medidas que incrementaron los niveles de cobertura social (Asignación Universal por Hijo, Plan Progresar, Plan Fines). Por su parte, el gobierno de Cambiemos apuesta sus fichas al Régimen de Promoción del Primer Empleo Formal. El camino de reducir las contribuciones patronales como incentivo a la generación de puestos laborales ya fue ensayado por el menemismo.
El crecimiento del empleo siempre está asociado con un desempeño virtuoso de la actividad económica. La lógica indica que los empresarios no van a contratar más empleados, aunque les salga más barato, si no pueden vender su producción.
Construcción en baja
El retroceso de la construcción se refleja en múltiples indicadores. La paralización de la obra pública, acompañada por una caída de la actividad privada, provocó un fuerte descenso de la producción y el empleo. La cantidad de puestos de trabajo formales retrocedió en febrero, en términos interanuales, un 6,5%. Mientras que la caída del primer bimestre asciende al 5,8%. Los mayores retrocesos se produjeron en las provincias de La Rioja (-34,3), Catamarca (-33,2), San Luis (-30,3), Santa Cruz (-27,4) y Chaco (-24,1), según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (ieric).
En ese marco, Mauricio Macri prometió que durante su mandato se construirán 120.000 viviendas y se otorgarán más de un millón de créditos hipotecarios (175.000 subsidiados –como en el procrear–, 450.000 microcréditos para refacción, medio millón a través de bancos públicos y/o privados). El tiempo dirá si el presidente logra cumplir con tan ambiciosa hoja de ruta. Su experiencia como jefe de Gobierno no resulta un antecedente muy auspicioso. La desarticulación del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la subejecución presupuestaria, la virtual ausencia del Banco Ciudad en el otorgamiento de créditos hipotecarios a los sectores de ingresos medios y mediobajos, son hechos conocidos.
La estrategia macrista en esta materia fue impulsar el negocio de los desarrolladores inmobiliarios. Así, el complejo problema habitacional fue dejado en manos de las fuerzas del mercado. El resultado final fue la existencia de cerca de 340.000 viviendas vacías, adquiridas por los sectores de altos ingresos como instrumento de ahorro. En ese sentido, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (ceso) sostiene que «estos inmuebles no se piensan para habitarlos o ponerlos en alquiler, sino tan solo para mantenerlos ociosos como un mecanismo de conservación de la riqueza. Este fenómeno no resulta menor, porque eleva el precio de las propiedades, tanto del alquiler como del metro cuadrado para la compra». La contracara de ese fenómeno es que medio millón de porteños habitan en viviendas en mal estado y/o en condiciones de hacinamiento.
