12 de mayo de 2020
¿Puede escribirse un comentario sobre el proceso de renegociación de la deuda externa cuando se está por llegar a un momento decisivo? Mi respuesta a esta pregunta es afirmativa. Hay una serie de tensiones políticas y financieras que se intentan instalar, y que van a seguir independientemente de los resultados de la renegociación. Puede resumirse a través de la frase de un exministro de Hacienda de Macri (quien pagó 15.000 millones de dólares a los fondos litigantes, reconociéndoles rendimientos astronómicos): «Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar». Indica que el país se debe amoldar a los requerimientos de los acreedores. Una propuesta lesiva para el país: es sabido que los acreedores siempre buscan su máxima ganancia.
La deuda actual es «no sustentable». Con esas palabras lo reconoció el FMI, quien también sugirió una renegociación con un fuerte descuento.
El presidente Alberto Fernández no quiere el default. Pero queda claro que la única opción de renegociación de la deuda con legislación extranjera es una que la convierta en sustentable, tanto para el país como para los acreedores. No se puede pagar lo imposible.
La oferta argentina es más que adecuada: por ejemplo, tiene una tasa promedio del 2,33% en un mundo de tasas cercanas a cero o negativas, e incluso permite conceder algún cambio, pero sin perder su sustentabilidad. Tiene el apoyo del FMI, de otros Gobiernos, y de famosos economistas de todo el mundo.
Lo peor que puede suceder es llegar a un mal acuerdo, un acuerdo no sustentable. El Gobierno nacional lo tiene bien en claro. Pero los acreedores seguirán presionando, con el apoyo de muchos analistas que se llaman «neutrales». Es una disputa política, entre quienes desean un país parecido al del macrismo, y quienes deseamos un país soberano con equidad social.