En medio de la pandemia, el Gobierno presentó a los acreedores privados su propuesta de renegociación de la deuda pública en dólares bajo legislación extranjera. Respuesta de los fondos de inversión. El caso de la provincia de Buenos Aires.
29 de abril de 2020
Guzmán. La oferta plantea tres años de gracia, quita de capital y de intereses. (Esteban Collazo/AFP/Dachary)
Hoy no podemos pagar la deuda, tenemos la voluntad, pero no tenemos la capacidad de hacerlo», sostuvo Martín Guzmán, ministro de Economía, en la Quinta de Olivos, durante la presentación de la propuesta de reestructuración de la deuda pública en dólares bajo legislación extranjera para acreedores privados externos. Si bien la idea del Ejecutivo era hacerla formalmente ante la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense durante marzo, la pandemia extendió dicho plazo y recién se formalizó el 20 de abril, fecha en que comenzaron a correr los 33 días para abrir las negociaciones y, acaso, cerrar un acuerdo antes del 22 de mayo, cuando se cumple un mes del no pago de los bonos Global 21, 26 y 46 por cerca de 503 millones de dólares. Un día después, si no hay acuerdo, el país entrará en default. Sin embargo, el Gobierno se muestra confiado en que antes de esa fecha, logrará el 75% de aceptación de los acreedores, y no caerá en cesación de pagos.
Los términos de la oferta del canje de deuda pública externa contemplan un período de gracia de tres años y una quita en términos de pago de capital de 3.600 millones de dólares, con una reducción de intereses del orden del 62%. «Proponemos cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles», señaló el ministro. En ese rumbo, el interés promedio a pagar llega a 2,33%. La propuesta supone una mayor reducción de intereses (37.900 millones de dólares) que de capital (una quita del 5,4% sobre el stock de deuda), y los bonos a reestructurar son 21 títulos elegibles (17 emitidos en los últimos cuatro años), nominados en dólares estadounidenses, euros y francos, con legislación extranjera.
Sin embargo, cabe aclarar que el stock de deuda a reestructurar en esta oferta es de 66.238 millones de dólares, de los cuales 41.548 millones fueron emitidos desde 2016. «Estamos discutiendo aproximadamente el 20% de la deuda externa total que llega a 324.000 millones de dólares», advirtió Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación. «Es un paso, pero no se resuelve el tema de la deuda con esta propuesta», agregó. Las cifras de endeudamiento externo durante la gestión de Cambiemos así lo demuestran: el Tesoro de la Nación Argentina se endeudó desde 2016 por 129.000 millones de dólares, 85.000 millones en bonos y 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fue el propio FMI, en febrero pasado, el primero en advertir –tras evaluar la capacidad de pago del país– que la deuda argentina es «insostenible» y fue aún más allá: le pidió a los bonistas que acepten una quita, una «contribución apreciable» para que Argentina salga de la crisis financiera, en un claro guiño hacia el Gobierno nacional. También el G20, en abril, durante la tercera reunión virtual de ministros de Finanzas y titulares de Bancos Centrales del Grupo, se manifestó respecto a las deudas externas, en el marco de mitigar el impacto económico del COVID-19, donde propuso suspender temporalmente el pago de la deuda de los países más pobres, propuesta que Guzmán interpretó como un apoyo de la comunidad internacional al proceso de reestructuración de deuda llevado adelante por el país.
Tic tac
Como era esperable, incluso antes de la presentación formal ante la SEC, y a través del diario inglés Financial Times –el cual destacó a la oferta argentina como «una propuesta pragmática y de buena fe»–, los tres grupos que representan a la mayoría de los acreedores rechazaron la propuesta. Estos son: el Exchange Bondholder Group, que según sus declaraciones retiene más del 16% de los bonos, representa a hedge funds como Monarch Alternative Capital y HBK Capital Management, y es asesorado por la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. El segundo grupo es asesorado por White & Case, incluye a BlackRock, Fidelity, Ashmore, T. Rowe Price, y afirma poseer colectivamente más del 25% de los bonos argentinos emitidos desde 2016 y más del 15% de los llamados bonos del canje, emitidos en la última reestructuración de la deuda argentina, de 2005 y 2010. Y un tercer grupo, asesorado por UBS y Mens Sana Advisors, que no informó el stock de deuda que mantiene, pero también rechazó los términos. El diario aclara además que, como la propuesta reestructura no solo la deuda emitida a partir de 2016 si no también bonos previamente reestructurados, a partir de 2003, «estos llamados “bonos de intercambio”», explica el artículo, «requieren un mayor porcentaje de tenedores de bonos para aceptar cualquier cambio en los términos de pago de la deuda, potencialmente haciendo más difícil que el Gobierno llegue a un acuerdo».
El economista e integrante del IADE, Horacio Rovelli, sostiene que estos grupos son «grandes fondos de cobertura o inversión financiera como BlackRock, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, entre otros, fondos que crecieron tras la crisis internacional de 2008 de los bonos de securitización, reemplazando a grandes bancos y administrando aportes de capitalización de jubilaciones y pensiones privadas. Es como administradores de esos cuantiosos activos que ven el negocio de prestarle a tasas de usura a países como el nuestro». Y agrega: «Por ejemplo, BlackRock administra activos financieros por varias veces el PIB argentino (PIB equivalente a 352.300 millones de dólares) teniendo acciones de Monsanto-Bayer, BASF, Coca Cola, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, General Electric, y es uno de los principales tenedores de títulos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Estos grandes fondos representan al capital financiero internacional y tienen clara influencia sobre los Estados y sus Gobiernos, como sobre importantes palancas de producción y comercialización de la economía mundial».
