En contraposición a lo que dicta su propia reglamentación interna, el organismo financiero internacional habilitó al Gobierno a poner en juego las reservas para intentar controlar el tipo de cambio hasta las elecciones presidenciales.
9 de mayo de 2019
Muy lejos de lo que se podría denominar criterio de oportunidad, el presidente Mauricio Macri afirmó, a comienzos del año pasado, que «es la primera vez en mucho tiempo que la economía va a crecer dos años seguidos». Tres meses más tarde, la actividad económica comenzaba un intenso y persistente derrumbe, y desde entonces, la crisis se llevó a dos titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA): Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Este último, bautizado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como «el Messi de las finanzas», apenas se mantuvo 103 días al frente del organismo. La suya fue la gestión más breve de los últimos 28 años. Y el balance no pudo ser más negativo: la cotización del dólar saltó de 25 pesos a 41 pesos y se perdieron 15.000 millones de dólares de reservas.
El despido de Caputo del Banco Central viene a cuento por lo que está pasando en estos días. Poco antes de su salida del BCRA, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatizó que las autoridades monetarias debían aplicar una regla clara y bien comunicada. Traducido al criollo: Christine Lagarde estaba disgustada con las ventas de dólares del Central. Ese enojo estaba en línea con lo que prescribe el artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI: «Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin». En otras palabras, los préstamos no deben utilizarse para financiar la fuga de capitales.
Lo curioso es que ahora el organismo internacional sale a «bancar» la misma medida que eyectó a Luis Caputo del BCRA. La explicación de semejante viraje es política: el oficialismo necesita mantener una relativa «pax cambiaria» para llegar con chances a la elección presidencial. Una nueva disparada del dólar podría dejar fuera de juego al macrismo. En ese contexto, el Fondo decidió ir en contra de lo que prescribe su Convenio Constitutivo. El apoyo geopolítico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede ser una de las claves para entender esta aparente sinrazón. No es la primera vez que ocurre un acontecimiento de ese tipo. El blindaje otorgado al expresidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2000 también se fue por la canaleta de la fuga de capitales.
Sin brújula
Las múltiples modificaciones del programa cambiario y monetario dan cuenta del desconcierto oficial. Como parte del acuerdo con el FMI en octubre pasado, se estableció una Zona de No Intervención: con un piso de 34 pesos y un techo de 44. Esa banda se indexaría a un rítmo del 3% mensual. En enero esa indexación pasó a ser del 2% mensual. Y semanas después se llevaría al 1,5% mensual. El Banco Central quedaba habilitado así a comprar 50 millones de dólares diarios si se perforaba el piso y vender 150 millones de dólares diarios si se superaba el techo.
El 14 de abril el organismo monetario vuelve a flexibilizar su estrategia cambiaria para contener las expectativas inflacionarias. Se eliminan las bandas cambiarias hasta fines de junio; que en los hechos implicaba fijar el techo hasta fin de año en 51,45 pesos. Por encima de ese límite, el central vendería hasta 150 millones de dólares por día. El resultado fue que el dólar saltó por encima de los 47 pesos.
El viernes 26 abril, el presidente Macri declaró que había que acostumbrarse a convivir con inestabilidad cambiaria. Esa declaración de principios duró muy poco. El 29 de abril, el Banco Central anunció que intervendría en el mercado de cambios con la venia del FMI. El organismo internacional expresó su apoyo a través de un tuit de su vocero, Gerry Rice: «El Banco Central de Argentina introdujo hoy importantes medidas para abordar la reciente volatilidad del mercado financiero y del tipo de cambio. Apoyamos estas medidas, que están adecuadamente calibradas para los desafíos que enfrenta la Argentina».
Los ejes centrales de las medidas anunciadas fueron los siguientes. En primer lugar, el BCRA podrá intervenir en el mercado cambiario por debajo del «techo» de la banca establecido (51,45 pesos). El comunicado de la autoridad monetaria precisa que «el monto y la frecuencia de las ventas de dólares dependerán de la dinámica del mercado». Además, el límite diario de venta de dólares cuando se supere ese «techo» se elevará de 150 a 250 millones de dólares diarios.
En los hechos, eso implica eliminar la zona de no intervención en la banda cambiaria. El apoyo del organismo a esa medida genera resistencias en su propio staff técnico. El economista Andrés Asiain explica –en una nota publicada por el diario Ámbito Financiero–, que «el organismo multilateral, como representante de los intereses de los acreedores externos, busca preservar el uso de las reservas para el pago de la deuda externa. Para ello, quería evitar que sus dólares financien una breve recuperación económica electoral (con su consecuente déficit comercial, de turismo y de demanda minorista de billetes). Pero, sobre todo, intenta oponerse a que sus dólares sean utilizados masivamente para financiar la fuga de capitales de los grupos económicos locales en el ocaso del régimen político de Macri».
En resumen, el Fondo permite que se utilice el poder de fuego del BCRA para contener al dólar. En relación con ese punto pueden plantearse dos observaciones: en primer lugar, que una mayor intervención en el mercado cambiario puede ser positiva siempre y cuando sea realizada de manera efectiva. Algo que a esta altura resulta dudoso viendo el desempeño del «mejor equipo de los 50 años». Por otra parte, el resultado más probable, en el marco de una desregulación absoluta del mercado cambiario y financiero, es que se financie la fuga de capitales. Si ocurre eso, el riesgo de la cesación de pagos estará cada vez más cerca.
El verdadero déficit
El Gobierno sobrecumplió la meta fiscal del primer trimestre obteniendo un ínfimo superávit fiscal primario (equivalente al 0,1% del PIB). «Es la primera vez en siete años que el sector público no financiero tiene un primer trimestre con superávit primario», señaló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ese «logro» se alcanzó realizando un fuerte ajuste económico-social. Por ejemplo, las prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones, asignaciones) apenas aumentaron un 29,7% interanual, muy por debajo del índice inflacionario. Por su parte, los gastos de capital (obra pública) solo crecieron un 27,1% interanual.
Más allá de eso, el «déficit cero» es un discurso engañoso. El pago de intereses de la deuda genera un creciente déficit financiero. En el primer trimestre de 2019, las erogaciones por pago de intereses de deuda (125.129 millones de pesos) superaron los desembolsos correspondientes a los salarios de todo el sector público nacional (111.604 millones de pesos).
