27 de agosto de 2018
El transporte urbano de pasajeros en la región AMBA depende, desde 2001, de las transferencias del Estado Nacional que han constituido el grueso de los ingresos del sector, llegando a representar más del 80% de los recursos totales. Si bien el objetivo oficial es que el margen de subsidio se vaya reduciendo, no sería razonable que se eliminara totalmente: el apoyo fiscal al transporte público es un elemento común en las grandes ciudades.
En paralelo, el transporte automotor viene sufriendo un fuerte proceso de concentración, a la vez que el número de pasajeros presenta una tendencia levemente declinante desde los máximos alcanzados en 2012. La situación afectó a las líneas de mayor recorrido, que han visto extender sus tiempos de viaje debido a la creciente congestión vehicular y –en determinados corredores– a las mejoras en el transporte ferroviario. Por otra parte, la implementación de la denominada «red SUBE» –un esquema de integración tarifaria parcial que otorga descuentos a los viajes subsiguientes en un rango de dos horas– propicia un mayor uso de trasbordos y por ende favorece un incremento del uso del ferrocarril dada su mayor rapidez en los viajes más extensos. Atento a esto, la situación de las empresas de servicios de media distancia puede verse afectada. La permanente «precariedad» de las concesiones –sin límites temporales ni exigencias específicas de inversión– es otra de las fallas del sistema.
Para mantener un equilibrio en el esquema de inversiones y subsidios, se debería avanzar en la siempre postergada conformación de un ente tripartito (Nación, Provincia y CABA) con el fin de administrar integralmente el transporte público del área metropolitana, favoreciendo la integración de la oferta de servicios.
