La crisis cambiaria puso al desnudo la fragilidad del modelo económico, que acumula una estruendosa caída de la actividad, mientras que los pronósticos sobre la evolución del Producto Interno para este año y el próximo muestran fuertes caídas.
12 de septiembre de 2018
Dujovne-Lagarde. El Ministro de Hacienda regresó a Washington para reunirse con la titular del FMI a solo tres meses de la firma del stand by. (Ryan Rayburn)
Todas y cada una de las variables económicas se empeñan en contradecir el «optimismo» del presidente de la Nación y del mejor equipo de los últimos 50 años. Y no es para menos, especialmente si se tiene en cuenta que el programa económico macrista se financió desde su inicio con megaendeudamiento externo. En ese marco, el último arribo de capitales financieros (a gran escala) fue en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Finanzas emitió deuda externa por 9.000 millones de dólares. Apenas dos meses después, la gira de Luis Caputo por Nueva York culminó en un rotundo fracaso. Los bancos e «inversores» manifestaron sus reparos para continuar financiando al país. Si bien los funcionarios minimizaron ese traspié afirmando que «estaba cubierto el programa financiero para todo el año», el urgente pedido de asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) desmintió dicha tranquilidad oficial.
Desde mayo, primero la «tormenta» y luego la inocultable crisis cambiaria desnudaron la fragilidad del modelo, que se puso de manifiesto en la actividad económica que comenzó a caer de la mano de un cóctel explosivo: fuerte devaluación, altísimas tasas de interés y pérdidas de reservas internacionales. Día a día, la desorientación gubernamental fue in crescendo. Para mitigarla, el 29 de agosto, Macri grabó un brevísimo mensaje donde afirmaba que «la última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento en el 2019… hemos acordado con el FMI adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo». Sin embargo, el anuncio presidencial fue contraproducente: el acuerdo aún no estaba cerrado y los mercados reaccionaron: el tipo de cambio subió 7,5%, a pesar de que el Banco Central se desprendió de reservas por 396 millones de dólares. Al día siguiente, el que intentó tranquilizar las aguas fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando dijo: «No estamos ante un fracaso económico». Pero el golpe fue más duro aún: el riesgo país trepó a 780 puntos, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York cayeron hasta un 18% y el dólar subió 15,6%. Agosto cerró con una suba del tipo de cambio cercana al 35%, con un acumulado –los primeros ocho meses del año– del 100%. La corrida cambiaria no fue sorpresiva. Los actores económicos tomaron nota de que el acuerdo con el FMI limitaba la capacidad de intervención oficial en el mercado cambiario. Y el descalabro económico reveló que la mayoría de las metas pactadas con el FMI (inflación del 29% al 32% e incremento de las reservas netas) a esta altura eran ya incumplibles. Esto obligó al gobierno nacional a renegociar el acuerdo, a menos de tres meses de su firma, en un marco de extrema debilidad.
La primera semana de este mes, Dujovne mantuvo su primer encuentro con Christine Lagarde en Washington; luego de la reunión, el ministro de Hacienda sostuvo: «Quiero transmitir a los argentinos que veo con enorme confianza el avance que hemos logrado en estos días. Estoy seguro de que la reformulación del programa en el que estamos trabajando va a permitir dejar atrás estos días de angustia, de volatilidad, por los que pasamos, y reabrir lentamente el crédito en la Argentina y así retomar la senda de crecimiento que el país necesita». Al cierre de esta nota, el equipo económico continuaba reunido con los técnicos del FMI, intentando lograr dos objetivos: acelerar el cronograma de desembolsos para 2019 y conseguir el aval del Fondo para intervenir más fuerte en el mercado cambiario. Sin embargo, los «inversores» ponen en duda (aun en el caso de que el FMI adelante todos los fondos) la capacidad de repago de la deuda argentina. El economista Claudio Scaletta explica que «decir cuánta plata hace falta para completar el financiamiento significa realizar supuestos sobre el futuro de la economía no siempre precisos en tiempos de crisis, por eso las estimaciones van de 10.000 a 50.000 millones de dólares por encima del financiamiento del FMI».
Por el piso
El BCRA intentó infructuosamente frenar el dólar subiendo las tasas de interés. A fines de agosto, la autoridad monetaria elevó la tasa de referencia del 45% al 60% y dispuso una nueva suba de los encajes bancarios (5 puntos porcentuales adicionales). Lo cierto es que esas medidas tienen una eficacia limitada para contrarrestar una corrida cambiaria, pero tienen un fuerte impacto negativo sobre la actividad. El aumento del costo de financiamiento, sumado a la reducción de los plazos de pagos, provoca estragos en el entramado pyme, donde los indicadores de deterioro son múltiples. Por ejemplo, la cantidad de cheques rechazados se incrementó más del 70% en el último año. Por otro lado, el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada industrial (61,8%) es seis puntos porcentuales inferior que a mediados de 2017. Los sectores más afectados son los mercadointernistas: textiles, alimentos y bebidas, calzados, muebles y metalmecánica, entre otros. En ese contexto, la autoridad monetaria anunció que mantendrá las elevadas tasas hasta fin de año. La esperanza de que el «industrialista» Dante Sica tuviera algo de juego propio fue desmentida por los hechos. El ministro de la Producción había asegurado que continuarían los reintegros a las exportaciones y que bajarían las tasas de interés, pero la dupla Dujovne-Caputo hizo lo contrario.
El restablecimiento de retenciones a las exportaciones industriales (adicional de 12%, con un tope de 3 pesos por dólar) enardeció aún más los ánimos de los dirigentes fabriles, ya que dicha decisión se tomó en el marco de la profundización del ajuste fiscal. En ese marco, las otras medidas anunciadas fueron: recortes de gastos (obra pública –el ajuste representará el 0,7% del PIB–, subsidios a la tarifa social eléctrica y al transporte –0,5 %–; gastos operativos y remuneraciones –0,2%–) y suspensión por un año de la rebaja de aportes patronales establecida en la última reforma tributaria.
