La caída del consumo interno y el desplome de las exportaciones contrajeron el negocio logístico, mientras que el alza de los costos derivados de la dolarización de los combustibles hace inviable la subsistencia de las pymes en un sector muy concentrado.
10 de abril de 2019
Si no hay «a quien» vender, no hay «qué» transportar. Los efectos en el consumo producto de la recesión económica alcanzan a todos los eslabones de las distintas cadenas productivas y el sector logístico, como otros tantos, no escapa de esa situación. El transporte enfrenta, además de menores encargos por la crisis, un alza exponencial de los costos derivados de la dolarización de los precios de los combustibles. De acuerdo con cifras de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), los costos aumentaron al año pasado un 61,5%, la suba más alta desde 2002, y por encima del promedio de inflación del mismo período (47,6%).
El panorama para el autotransporte de cargas sigue siendo preocupante «frente al 11% de suba en los salarios de marzo y el aumento del gasoil a partir del mismo mes. Con estos valores, sumados el dólar y los peajes, se acumulará un aumento no menor del 5% en marzo y un piso del 8% para el primer trimestre del año», informa el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la FADEEAC. Para este año la situación se avizora igual de complicada por la dolarización del mercado de combustibles. «Este suministro crítico para el sector se incrementó en un 77 % el año pasado y más del 100% desde la desregulación del mercado de hidrocarburos, del 1 de octubre de 2017», señala la entidad transportista. A esto se suma que los «dadores» de carga son cada vez menos (por la concentración y la recesión) e imponen precios a los pequeños y medianos transportistas, mientras que, por las altas tasas de interés que aplica el Banco Central, a las empresas se les hace imposible renovar el parque automotor.
Desoídos
El año pasado, los trabajadores independientes y pymes también dieron sus alertas a través de paros, cortes de ruta y movilizaciones, en su mayoría, lideradas por el movimiento de «autoconvocados». El caso más resonante fue el paro general que realizó el Sindicato Único de Fleteros, en noviembre pasado, para impulsar una ley de tarifa mínima, respetada y controlada por el Estado, a través de la AFIP. Un mes antes, la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), había llevado adelante un paro general y convocado movilizaciones por tiempo indeterminado. Sin embargo, las medidas –pese a la fuerza que tiene el sector en materia gremial– no tuvieron demasiado impacto. En Santa Fe, por ejemplo, «ni el gobierno nacional ni el provincial se hicieron eco de esta disputa y nosotros quedamos en el medio de una interna sindical, perdiendo trabajo. La economía de las empresas se hace insostenible con esta situación», denunció días atrás Alfredo Guagliano, titular de la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario, junto a otras cámaras y la Cooperativa de Provisión de Insumos para Transportistas. En este contexto, el ajuste de los comercios e industrias, para sortear el incremento de los costos logísticos, también atenta contra el sector. Es cada vez más frecuente la integración de la logística en las grandes firmas y en las pocas pymes sobrevivientes, lo que resiente la actividad. Las empresas del sector, la mayoría ya sin espalda financiera, demandan recortes en las tarifas, congelamiento del precio interno del combustible y subsidio a los peajes, entre otros reclamos. Mientras que desde la cámara cordobesa del sector reclaman al Estado nacional una modificación tributaria para aliviar la situación, elevando del 45% actual a 100% el cómputo del impuesto a los combustibles líquidos a cuenta del impuesto al Valor Agregado (IVA).
