27 de mayo de 2020
Para atenuar los efectos económicos negativos de la pandemia, el Banco Central trabaja en consonancia con el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las potestades que la Carta Orgánica le otorga. En primer lugar, contribuyó a financiar la implementación de una política fiscal que incluyó como medidas sobresalientes el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el que el Estado contribuye al pago de salarios del sector privado. Para fomentar el ahorro en moneda nacional de la ciudadanía comenzó a exigir a los bancos que paguen tasas de interés mínimas por los plazos fijos (PF). Así, afectó directamente los egresos por intereses de las entidades, que ya no podrán fijar la tasa de PF que deseen, será como mínimo la equivalente al 70% de la Leliq. Esto llevó a que las tasas subieran de 19% a 26,6% entre abril y mayo. En un principio la normativa alcanzaba a los PF minoristas, pero desde mediados de mayo se extendió a la totalidad de las colocaciones.
Asimismo, ofreció a los agricultores plazos fijos con rendimientos atados al valor al que liquidan la cosecha, para incentivarlos a vender los granos que acumulan en los silos y, con su exportación, nutran la oferta de divisas en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, si poseen acopio de soja o trigo superior al 5% de su capacidad de cosecha anual, se los excluye de la línea de préstamos con tasa del 24%. Otra de las políticas implementadas enfocadas a las pymes. Todas políticas valorables, que se animan a regular a los sectores privilegiados, en favor de la Nación y las mayorías. Y no olvidando que, si se quisiera profundizar el rumbo actual, el paso ineludible sería la sanción de una Ley de Servicios Financieros.
