17 de octubre de 2023
Congreso Nacional. Recinto del debate democrático cuya composición para el próximo período se define el 22 de octubre.
Foto: Jorge Aloy
Transitamos la semana decisiva de una nueva elección presidencial que, a diferencia de otras, será bisagra para la vida de nuestro pueblo e incluso para la perspectiva política de todo el continente americano.
Se plantea en definitiva la disputa entre dos proyectos claramente antagónicos. Uno se expresa en dos variantes de la derecha, con una esencia ideológica similar, aunque con formatos distintos, y el otro con una perspectiva democrática sustentada en tradiciones políticas que se plantean un concepto de justicia social, redistribución de la riqueza, defensa y continuidad de las políticas de derechos humanos, de la educación pública, de la salud pública, de la ciencia y la tecnología, entre otras. La propuesta popular aspira a ser continuadora del actual Gobierno, superando las insuficiencias y limitaciones de sus políticas, pero respetando un proyecto de país que se propone la afirmación de una democracia que se sustente en mejorar la vida de las mayorías. Están en juego valores y principios de unos y otros.
Pagar por derechos
Cuando decimos las dos derechas nos referimos a que ambas propuestas electorales se sustentan en valores similares, que devienen de las ideas «thatcherianas» del neoliberalismo económico y político, que se proponen modelar la sociedad desde el concepto de que tanto los seres humanos y la población tienen como motor al individuo, en contra de toda perspectiva de encuentro social, de solidaridad y de todo lo que tenga que ver con el rol del Estado.
Así es que, al contrario de la otra propuesta, son partidarios de la reducción drástica de la educación pública y de su privatización por diversas vías, como en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concretó una fuerte reducción del financiamiento de la educación pública en los últimos 16 años, durante las gestiones macristas, generando la imposibilidad de que accedan de 16.000 a 30.000 niños y niñas por año al sistema educativo. O bien, como propone la otra variante, que puedan ingresar a los establecimientos públicos, particularmente a la universidad, los que puedan pagar los vouchers, modalidad que no es otra que la vieja idea del arancelamiento disfrazado con una extraña palabra.
Desde esa perspectiva la educación pública será para núcleos minoritarios privilegiados que puedan pagar por ello.
El tema de la educación pública versus la privada es un ejemplo de extraordinario simbolismo que sería trasladable a todas las otras cuestiones principales para el país y la vida ciudadana, que están en juego en este comicio. Entre ellas, las leyes de protección del trabajo, que la derecha se plantea eliminar o modificar con el viejo pretexto de ir hacia lo «moderno».
El planteo de la reducción o privatización del sistema científico, el achicamiento de ministerios como los de Cultura y Salud, que ya practicó el macrismo durante su Gobierno. Y, en posiciones extremas como las de Javier Milei, la liquidación del Banco Central «vía dinamita», la posibilidad de vender órganos o el planteo económico de dolarización. Sustentado en cierta desilusión de algunos sectores de la sociedad con los últimos gobiernos se cabalga con estos planteos que no solo son inviables desde un punto de vista práctico, sino que generarían drásticamente un proceso inflacionario –aunque se diga lo contrario–, que generaría un nuevo viraje en la distribución del ingreso en contra de los sectores del trabajo y a favor de núcleos minoritarios.
Participación y compromiso
Entre los dos proyectos en pugna está en juego el posicionamiento internacional de la Argentina. Como es tradicional en las propuestas conservadoras se plantea una subordinación irrestricta a las grandes potencias globales, lo cual causaría una enorme limitación en el mundo actual en la perspectiva de comerciar con los grandes países emergentes, como China, la India y el sudeste asiático, además de los americanos.
En contraposición, lo que formula la propuesta popular es continuar con una política autónoma que no tenga una inserción pasiva sino independiente, que posibilite la llegada de inversiones para desarrollar nuestros recursos naturales, pero en primer lugar respetando el interés nacional, el cuidado de nuestro medioambiente y la defensa de una política soberana, muy particularmente en el caso de las islas Malvinas. Como es sabido, quien sería eventualmente canciller de Javier Milei, ha manifestado que lo principal es respetar la decisión de los kelpers, renunciando al histórico reclamo de soberanía que abraza todo el pueblo argentino.
En suma, el domingo 22 habrá que tomar una decisión desde cada ciudadano y ciudadana, sobre dos proyectos políticos que ponen en juego la perspectiva de nuestra democracia. Este es el punto central: si la Argentina se va a afirmar en una democracia en la que haya una fuerte participación social y popular, propia de un país autónomo, que privilegie el mercado interno, el trabajo y nuestras mejores tradiciones culturales, o nos encaminamos a un planteo «modernizador», con políticas ortodoxas que ya fracasaron en la Argentina durante el período menemista y cavallista.
Más que nunca el pueblo debe hacer uso del derecho al sufragio como un instrumento en defensa de una perspectiva colectiva y democrática como Nación, que compromete también el futuro de cada elector y electora en su carácter de ciudadano y ciudadana.
