La deuda y la dignidad

18 de mayo de 2021

El anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, acerca del inicio de una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraído por el Gobierno de Mauricio Macri tiene implicancias simbólicas, económicas y políticas.
El contexto fue un mensaje de gran trascendencia política, en el que sobresalieron tanto la gestión desarrollada hasta el momento, a modo de rendición de cuentas, como anticipos de futuros compromisos, entre ellos, el abordaje de los graves problemas de funcionamiento del Poder Judicial, con la Corte Suprema a la cabeza, mediante un conjunto de proyectos de ley, la propuesta de declarar la emergencia de servicios públicos con el objetivo de desdolarizar sus tarifas y el impulso a nuevas leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Superior.
En ese marco, Fernández se refirió al crédito que el FMI otorgó a la Argentina en 2018: 55.000 millones de dólares de los cuales se desembolsaron 45.000 millones. «Endeudar al país de ese modo –manifestó–, permitir que los recursos que ingresaron hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra, y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta sin intervenciones jurídicas y técnicas previas a espaldas de este Congreso Nacional, lo cual implica un caso de una administración fraudulenta y malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado».
El presidente realizó de este modo una fuerte impugnación jurídica y política, que no debe sorprender, ya que tanto en la campaña electoral previa a los comicios en que fue elegido, como en diversos discursos formulados en su condición de mandatario, había cuestionado la forma en que se gestionó este crédito y su fraudulento destino. En la misma línea, Fernández reiteró en el recinto del Legislativo que no había espacio para ajustes recesivos, ratificando los límites que el país establece en la dura negociación que mantiene con el organismo financiero internacional.
La gran novedad política es la querella a los responsables, que surge cuando se acercan jornadas cruciales en la rediscusión de las leoninas condiciones acordadas por el macrismo con el FMI. Además, resulta imposible soslayar que en el propio organismo se inicia una revisión de este crédito sin precedentes, que viola las disposiciones estatutarias del Fondo. Es decir, el señalamiento comprende tanto a los exfuncionarios argentinos que tramitaron el préstamo como a la conducción del Fondo. La imputación del presidente, señalando como «mala fe de los tomadores del crédito y desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un Gobierno en la coyuntura», deberá ser considerada en la negociación de las nuevas pautas de pago de la deuda. O sea, que no se trata solo de una crítica ideológica y moral, sino que apunta a mejorar la situación de nuestro país.
El proceso que impulsa el Gobierno argentino se proyecta en el ámbito internacional, ya que hiere la legitimidad del FMI y sienta precedente para otros países deudores. Porque si bien este es el crédito más grande de la historia del FMI, es decir, un caso extremo, no deja de ser un patrón frecuente de actuación que el organismo, condicionado por Estados Unidos, lleva adelante en América Latina: otorgar créditos para controlar las políticas económicas en favor de los sectores concentrados en lugar de apuntar a objetivos de desarrollo del sistema productivo, proyectos sociales o de infraestructura.
La decisión del mandatario tiene otro gran valor: la reivindicación de la dignidad nacional. Ante todo, somos una Nación y la actitud enérgica y soberana del presidente nos fortalece como colectivo en un momento crítico en términos humanitarios, económicos y sociales. Ya lo había señalado Fernández el 1° de marzo de 2020: «No vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de sueños de los y las argentinas. Nosotros cuidaremos la Patria».