4 de septiembre de 2023
Nunca más. El pueblo argentino selló a lo largo de 40 años en calles y plazas de todo el país su voluntad democrática y la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura.
Foto: NA
La avanzada de la ultraderecha no se presenta solamente en el plano electoral con la presencia de Javier Milei como candidato a presidente de La libertad Avanza, y de Patricia Bullrich a la cabeza de Juntos por el Cambio, más allá de los matices entre unos y otros, y las peleas y las disputas por el predominio electoral.
Hay, también, una cuestión de posicionamiento ideológico. Una expresión cruda de este fenómeno es representada por la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel. Esta mujer, de una prosapia dictatorial, no solo es negacionista sobre los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, sino que lisa y llanamente reivindica en plenitud a la dictadura de Videla, Massera y los otros genocidas. La realización de una actividad reivindicativa en la Legislatura porteña es demostrativa de un envalentonamiento de esa ultraderecha antidemocrática que se propone avanzar sobre las conquistas en materia de derechos humanos logradas con un notable esfuerzo por el conjunto de la sociedad democrática.
Argentina es un país reconocido en todo el mundo por sus logros en lo que respecta a no aceptar la impunidad y luchar por imponer verdad y justicia. Así fue como a lo largo de los 40 años, en gran parte por mérito de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y del conjunto de la sociedad democrática, se pudo avanzar en el juzgamiento de los genocidas que torturaban, practicaban desapariciones de personas y robo de niños y niñas.
Conmemoramos los 40 años de la democracia con este gran atributo que mencionamos como un componente esencial que fue constituyendo a la democracia argentina posdictadura. Villarruel y Milei provocan al conjunto de los sectores democráticos, quienes deben responder en forma pacífica, pero contundentemente a este intento de restringir las políticas logradas en materia de derechos humanos y muy particularmente de la aplicación de la justicia democrática a los que llevaron a cabo el genocidio.
El colchón de los poderosos
En otro orden, en estos días asistimos a una disputa política a partir de las medidas económicas que tomó el Gobierno para compensar las violentas remarcaciones que se suscitaron pretextando la devaluación del 21,6%. Una vez más, las grandes corporaciones empresarias anteriormente habían «acolchonado» los precios, y luego volvieron a remarcar.
Las medidas reparatorias del Gbierno están siendo confrontadas por las organizaciones gran empresarias. Quien picó en punta fue la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM), declarando que la suma fija de aumento salarial en dos cuotas mensuales de 30.000 pesos es «inviable». Si es inviable es impracticable, o sea que la AMCHAM se rebela ante una decisión del Estado Nacional.
En forma coordinada se pronunciaron también la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mediante su habitual vocero y lobista Daniel Funes de Rioja. En este caso no solo dijeron que no tienen los recursos, sino que se pronunciaron enfáticamente contra la presencia del Estado en el control de los precios. Todo indica que no solo se trata, como siempre, de una actitud de mezquindad frente a las graves carencias de la mayoría de la sociedad, tanto los sectores humildes como la clase media, sino que estos núcleos empresarios decidieron enfrentar al Gobierno y particularmente al ministro de Economía, Sergio Massa, dejando claro que el Estado nacional no debe intervenir en los salarios y los precios, ya que ese es un terreno exclusivo de las grandes corporaciones.
Una vez más se pretende dejar en estado de indefensión a la gran mayoría de los y las trabajadoras y la sociedad frente a las conductas abusivas de estos oligopolios, que vienen fijando los precios en función de sostener su rentabilidad.
Es valorable que el Ejecutivo sostenga una actitud firme obligando a estos grupos de poder a cumplir con las resoluciones de un Gobierno legítimo y democrático, que pretende mejorar un poco la vida de la sociedad en un contexto difícil.
