24 de julio de 2023

Juan Carlos Junio

Una noticia trascendente de estos días, y muy esperada, especialmente por el Gobierno nacional, es la nueva fase de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proceso de negociación no estuvo desprovisto de presiones diversas desde el propio FMI frente al Gobierno resistiendo a esas presiones. Fundamentalmente en su negativa a que haya una devaluación clásica y seguir en un proceso de reducción del déficit fiscal, o sea, del gasto social.
El FMI exige que se cumplan sus objetivos ortodoxos: mejorar la balanza comercial y las reservas. El acuerdo contiene medidas relacionadas con restricciones a las importaciones, fundamentalmente incrementando impuestos a los efectos de restringirlas, generando beneficios a ciertos productos exportables, con el propósito de que los exportadores que no están liquidando, lo hagan. En tal sentido se tomó una medida de carácter extraordinario, como se venía haciendo, hasta el 30 de agosto. Está previsto que haya liquidaciones de unos 2.000 millones de dólares.
Otra expectativa es que el FMI adelante sus desembolsos a efectos de refinanciar los vencimientos de capital e intereses del mes de julio y del próximo trimestre. El objetivo político del Gobierno es llegar a fin de año con este frente más aliviado. El ministro y precandidato a presidente Sergio Massa, justamente, manifestó en reiteradas oportunidades que el tema de la negociación con el FMI no debe ser motivo de campaña electoral.
Se abre asimismo una expectativa acerca de si el Gobierno va a tomar nuevas medidas tendientes a favorecer a los sectores de ingresos fijos, a los núcleos más humildes y a las clases medias, lo cual contribuiría a un fortalecimiento del mercado interno.
Queda abierto el seguimiento de la evolución del índice inflacionario; en tal sentido, habrá que ver la conducta de los formadores de precios para el mes en curso, con la mirada puesta en si se va a sostener el guarismo inflacionario de junio o si va a acentuar la tendencia a la baja.
Resulta obvio que la inflación sigue siendo un factor determinante para la calidad de vida y el estado de ánimo de la gran mayoría de la sociedad.
Impactos en dos provincias
En lo político electoral resulta necesario analizar el resultado de las elecciones en la ciudad de Córdoba, por su importancia cuantitativa y por las expectativas que habían generado los medios de comunicación en el sentido de que existía un gran margen de posibilidad de triunfo del candidato de Juntos por el Cambio (JxC), Rodrigo de Loredo. Sin embargo, el peronismo de la capital provincial, referenciado en el actual intendente y gobernador electo Martín Llaryora, triunfó con cierta holgura y Daniel Passerini, actual viceintendente, será el nuevo jefe comunal desde el 10 de diciembre. Una vez más fueron desmentidos por la realidad los pronósticos de las consultoras y los grandes medios de comunicación, tal como había ocurrido en la elección provincial.
El candidato de JxC congregó en el escenario de su discurso de admisión de la derrota a la plana mayor de la alianza, incluyendo a las dos fórmulas de presidente y vice que competirán en las PASO encabezadas por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. La imagen resumió a una derecha unida desde su matriz ideológica, aunque cruzada por peleas por posicionamientos personales.
Mientras tanto, en la provincia de Jujuy sigue planteado el grave conflicto entre el gobierno de Gerardo Morales, titular de la UCR y precandidato a vicepresidente secundando a Rodríguez Larreta, y un importante sector de la sociedad, fundamentalmente de docentes, pueblos originarios y trabajadores del Estado que reclaman por sus reivindicaciones económicas y exigen el desconocimiento de la reforma constitucional por considerarla ilegítima e ilegal. La crisis de Jujuy se sostiene. El gobernador intenta con su reforma y su accionar represivo establecer una suerte de escisión de la provincia del conjunto del país, confirmando un remedo de república bananera sin ley ni derechos ciudadanos.

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