12 de diciembre de 2022
Congreso. El debate parlamentario es uno de los pilares del sistema constitucional.
Foto: NA
No hay acontecimiento político más trascendente en los últimos tiempos que el alegato de la vicepresidenta Cristina Fernández tras la condena y proscripción establecida por los jueces en la causa Vialidad.
Fue una notable y pormenorizada crítica del proceso judicial y de los hechos revelados por los chats difundidos recientemente que involucran a jueces, funcionarios del Gobierno de la ciudad –Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad y el procurador Juan Bautista Mahiques–, y empresarios, en un viaje inexplicable, financiado por el Grupo Clarín, a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido. La exposición de la vicepresidenta, además de ser puntillosa y contundente en cuanto al análisis y presentación de los hechos, no utilizó eufemismos e incluyó la mención específica con nombres y apellidos de los involucrados.
En ese marco, llegó lo inesperado: que la acusada pase a ser acusadora denunciando que este juicio está instrumentado por una mafia empresario-comunicacional, por una poder paraestatal y señalando quién es a su entender el jefe de esa organización: Héctor Magnetto, líder del gran grupo empresario Clarín.
Además, Cristina Fernández anunció que no será candidata en 2023, desmintiendo todas las especulaciones acerca de que se protegería en fueros parlamentarios y concluyó desafiando a Magnetto a «que me meta presa con sus esbirros de la Casación».
Está claro que el escenario político cambió radicalmente a partir de este notable acontecimiento. Surge entonces un interrogante obligado: este gesto político de la principal referente del Frente de Todos, teniendo en cuenta a los millones de ciudadanos y ciudadanas que la votan, ¿fortalece o debilita a los sectores populares?
Me inclino por pensar que los gestos de valentía política, de enfrentamiento con los núcleos poderosos, generan en la ciudadanía popular un crecimiento de la conciencia y la subjetividad, desde el cual es posible imaginar que se retome la iniciativa política con vistas a recuperar el apoyo y el voto de millones de ciudadanas y ciudadanos.
Cierto es que resulta imprescindible que el Gobierno avance con medidas para mejorar la vida de los 18 millones de pobres, los millones de niños y niñas que están bajo la línea de pobreza y de diversos estratos de la clase media sumidos en la incertidumbre que generan las remarcaciones de precios.
A 39 años de la recuperación de la democracia se presenta el ineludible desafío de enfrentar a los poderes que la recortan y la invalidan mediante el estímulo a grupos irracionales y violentos, paralizando el funcionamiento del Congreso Nacional y mediante la utilización de un poder del Estado, la Justicia, en sintonía con las corporaciones mediáticas, para defender sus intereses, generando de este modo un clima de desazón y desconfianza en la política y el sistema democrático.
