24 de octubre de 2022
Es inminente la aprobación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, lo cual constituye un dato político de extraordinaria importancia, en primer lugar, por el rol del Parlamento como institución democrática donde, más allá de las diferentes opiniones, se logró desarrollar una gran discusión. En el debate de comisión se hicieron modificaciones al proyecto original atendiendo solicitudes de propios y extraños, es decir, corrientes del Frente de Todos (FdT) y también de la oposición.
Quizás las más importantes sean el crecimiento de la inversión social, a pedido de sectores del FdT, de 320.000 millones de pesos; el incremento de las partidas para Ciencia y Tecnología, y que se atendió el reclamo de las provincias para asignar más fondos al transporte en sus jurisdicciones. Asimismo, se hizo lugar al pedido de la oposición en cuanto a que si hay aumento de ingresos por encima de la inflación estimada o la inflación supera en un 10% a la estimada, se haga una revisión en el Congreso de la asignación de esos recursos. En cambio, el FdT no aceptó el requerimiento de Juntos por el Cambio de modificar el punto sobre retenciones a las exportaciones.
El Presupuesto, en suma, plantea un aumento de los recursos totales del 76,5% y de los gastos, del 71,2%, ambos por encima de la inflación proyectada. En definitiva, se va a reducir el déficit primario, pero sin ajuste, incluso con un incremento real de los gastos. Se sigue privilegiando de este modo el crecimiento económico: la reducción del déficit primario en 1,9 % se va a lograr sobre la base del aumento de la recaudación tributaria. Se sostiene el compromiso de luchar fuertemente contra la evasión, es decir, la subfacturación, la sobrefacturación, el contrabando, las triangulaciones, entre otras maniobras. Todo indica que hay una determinación importante de atacar la evasión, lo cual contribuiría a mejorar las cuentas públicas además de combatir con firmeza las conductas delictuales.
El Presupuesto trae otra gran novedad: los jueces y el personal de la Justicia dejarían de tener el privilegio de no tributar Impuesto a las Ganancias. Vale recordar que en estos días se anunció la elevación del piso de quienes tributan a 330.000 pesos, pero además, entre 330.000 y 431.998 hay una graduación más baja. Por lo cual cualquier discusión sobre Impuesto a las Ganancias tiene que registrar que a partir de noviembre serán muchos menos los trabajadores asalariados alcanzados por el gravamen. De todos modos, resulta previsible que los magistrados, una vez más, se opongan a perder un privilegio que los distingue del conjunto de los trabajadores argentinos. Por otra parte, el monto que se recaudaría si se concreta este cambio, estimado en 230.000 millones de pesos, tendría una aplicación destinada a mejorar los niveles de vida de núcleos sociales determinados, en este caso, más recursos para educación y seguridad.
Choque de intereses
En relación con el gran tema que afecta a la mayoría de la sociedad, la inflación, el aumento de precios, el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de una definición que planteó en los últimos días acerca de que «la Argentina tiene sectores muy concentrados que terminan impactando en las cadenas de valor de una manera casi dramática en términos de inflación», está comenzando a llevar a cabo lo que se denominó política de «precios justos», que implicaría, vía acuerdos sectoriales, el congelamiento de precios por 90 o 120 días. Estos acuerdos comprenderían además la colocación en forma clara del precio en el envase de los productos. A esta medida se oponen las grandes corporaciones de la alimentación, lo cual resulta incomprensible, ya que se trataría de darle transparencia al consumidor, es decir, a los ciudadanos y ciudadanas. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, si bien negocia con el Gobierno, critica estas medidas de control de precios por parte del Estado y reclama volver a los superávits gemelos, comercial y fiscal. El empresario se opone a lo que él llama restricciones a los aumentos de precios. En definitiva, sostiene la tradicional concepción neoliberal de que el Estado no debe intervenir.
Una vez más se librará una gran batalla política, ya que en el marco de la puja distributiva se genera un choque de intereses entre las grandes corporaciones formadoras de precios y la gran mayoría de la ciudadanía, que sufre estos incrementos. Resulta imprescindible que el Gobierno en este tema crucial tenga una fuerte determinación en defensa de la gran mayoría de la sociedad, tanto de los núcleos más humildes como de las clases medias.
En ese contexto, la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri ha generado un fuerte impacto político por la crudeza de sus definiciones, que expresan un pensamiento de extrema derecha. Entre otras cosas, plantea la reprivatización y el cierre de empresas públicas, formula críticas severas a los sindicatos, especialmente a los de educación, proclama la no tolerancia frente a lo que llama «la extorsión» de los movimientos sociales», que es un eufemismo para plantear la represión. Se trata de tomar decisiones drásticas, dice, y critica lo que él llama «populismo light», en referencia a otros sectores de su propia fuerza. Todo indica que en su libro Macri presenta un programa de gobierno que satisface las visiones de la derecha tradicional y de los simpatizantes de Javier Milei. En suma, intenta generar una fuerte polarización en la política y la sociedad.
Una señal clara y determinante de la trascendencia de la batalla política que se avecina.
