«La situación es de caos e impunidad»

23 de septiembre de 2015

Francesca Fritz-Prguda, responsable en España de la agencia de la ONU para los refugiados advierte que la crisis migratoria tiende a agravarse.

La crisis de refugiados en Europa vuelve a poner en el centro de la escena internacional una problemática que se agrava día a día: son más de 50 millones las personas refugiadas o desplazadas internamente en el mundo. El número, informado por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), crece sin pausa en la medida en que los diversos conflictos raciales, políticos, religiosos y militares se agravan sobrepasando largamente las posibilidades del organismo encargado de prestar ayuda humanitaria. Para Francesca Fritz-Prguda, representante de ACNUR en España, los países ricos e industrializados tienen la mayor responsabilidad a la hora de encontrar soluciones para el drama de los refugiados. Sin embargo, la propia agencia internacional calcula que solo entre este año y el siguiente, unas 850.000 personas buscarán refugio en Europa y, al menos por ahora, los gobiernos del continente no se ponen de acuerdo en dar una respuesta humanitaria a la oleada migratoria.
Fritz-Prguda, nacida en Alemania, con 23 años de trayectoria en la ONU, participó de las acciones humanitarias desarrolladas durante las guerras en Irak, Bosnia y Kosovo, entre otras, y en 2013 fue designada al frente de ACNUR en España.
–¿Cómo describiría lo que está ocurriendo en las fronteras europeas?
–Para hablar de ello debo referirme en primer lugar a la situación global, sin lo cual es muy difícil entender lo que está pasando, por ejemplo, en España, con los refugiados. Lo cierto es que en este mundo global tenemos las cifras más altas de refugiados en la historia moderna, lo que supera ampliamente nuestras posibilidades de ayuda humanitaria. A fines de 2014, momento en que cerramos datos estadísticos, obtuvimos la cifra de 51,3 millones de personas que están bajo el amparo de ACNUR, en la que se incluyen esencialmente dos categorías: gente que ha cruzado una frontera internacional por motivos de persecución política y grupos de desplazados internos que se han visto forzados a dejar su hogar por situaciones violentas, pero que no han cruzado fronteras porque no han querido o no han podido salir. Esta segunda categoría es algo especial para nuestras potestades, y muchas veces debemos actuar con mucho tacto para evitar conflictos con los gobiernos de turno.
Creo que para analizar un fenómeno muy complejo como ese, que requiere también de medidas de solución muy elaboradas, debemos poner el problema primero en el contexto global y luego en el regional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos ante patrones de conflictos muy diferentes a los que estábamos acostumbrados hasta hace unos años. La proporción entre desplazados externos e internos ha pasado de ser de dos a uno a uno a uno, lo que indica claramente que hay muchos más conflictos internos en la actualidad que conflictos entre Estados. Nuestra experiencia nos dice que es mucho más difícil encontrar soluciones a los conflictos internos, lo que conlleva la dificultad de encontrar una solución a la situación de los desplazados internos que implique el retorno a sus hogares o el reasentamiento en el lugar en que se encuentran. Los viejos conflictos no encuentran solución política, se prolongan en el tiempo en forma de baja intensidad, y surgen nuevos todo el tiempo con mucha virulencia.
–¿Cuáles son los países más afectados?
–En este momento la situación más seria es la de Siria, país en que esos dos grupos suman más de 14 millones, las dos terceras partes de su población total. Fuera de los países de conflictos agudos, la situación en Colombia es grave, con 6 millones de desplazados internos. Hay que tener en cuenta que estas cifras varían constantemente, lo que dificulta llevar una estadística precisa. Un caso especial está constituido por los apátridas, como es el caso de habitantes de algunos países de la ex Unión Soviética o de la ex Yugoslavia, que por motivos de conflicto, o administrativos e incluso culturales, como es el caso de los romaníes, nunca registraron nacionalidad. ACNUR tiene también ciertos límites en el tratamiento de estos casos, no somos una organización internacional de derechos humanos en términos amplios, sino una institución de protección internacional, lo que significa que no tenemos mandato sobre todas las situaciones.
–¿Qué ocurre en España?
–En el caso de España, la situación es muy visible porque los enclaves españoles en Ceuta y Melilla constituyen la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África. Pero la situación en Italia es mucho más grave ya que a través de la frontera marítima entre ese país y África ingresan miles de personas a diario. Esa ruta de emigración marítima es sumamente insegura, quizás la más letal en el mundo, con cifras que alcanzan los 3.500 muertos en 2014 –hombres, mujeres, niños–, y casi 2.000 en lo que va de este año. Ese hecho convierte a España en una alternativa de entrada a Europa más segura a pesar de los riesgos que puedan correrse.
La desesperación de la gente por salir de esas zonas de conflicto es tan grande que están dispuestos a correr cualquier riesgo, incluso la muerte. A través de los dos enclaves entran fundamentalmente sirios, que llegan a esa parte de África a través de Argelia, país para el cual no necesitan visado, y lo hacen luego cruzando a través de Marruecos. Los sirios son de tez blanca, muy similares físicamente a los marroquíes, lo que facilita su llegada a la frontera de los enclaves, incluso portando documentación marroquí falsa.
Pero también llegan subsaharianos, nigerianos, etcétera, lo que depende de las rutas de inmigración y de quienes las controlan, vinculados casi siempre con la mafia y con el crimen organizado que hacen muy buenos negocios. Sin embargo estas cifras no pueden compararse a las registradas en Italia. El año pasado, por vía marítima llegaron a Italia más de 170.000 personas, mientras que las personas llegadas a España fueron apenas unas 6.000. El peligro que representa la ruta marítima la ha ido desestimando, tanto es así que en la primera mitad de este año se ha triplicado la entrada por los enclaves, de allí que nuestro trabajo hoy con el gobierno español es tratar de lograr planes de contingencia ante esta situación donde la cifra de inmigración está claramente en aumento.
–¿Cómo reaccionan el gobierno y la dirigencia política española ante esta situación?
–Ellos, como la mayoría de los países europeos, reaccionan a la defensiva. Les cuesta mucho diferenciar entre lo que llaman inmigración «ilegal» –palabra que no me gusta, prefiero llamarla irregular–, y los refugiados. Ven al conjunto como extranjeros que llegan en situación irregular y contra los que se deben tomar medidas. Allí tenemos un primer problema: el refugiado tiene un estatus especial amparado internacionalmente y al que se debe dar la protección correspondiente. Por supuesto que el inmigrante común también tiene sus derechos que le deben ser reconocidos, aunque los procedimientos a seguir con ellos sean distintos.
–¿De qué modo puede diferenciarse la categoría de cada uno de los inmigrantes que intentan cruzar las fronteras?
–No es responsabilidad de ACNUR sino del gobierno establecer esa clasificación. Cualquier gobierno firmante de la Convención de Ginebra está obligado a realizar la identificación de cada una de esas personas. El derecho internacional prohíbe expresamente los retornos o los rechazos sumarios de inmigrantes. Cualquier persona en esas condiciones puede ser alguien que huye por persecución política, o por temor a la violencia o puede ser un delincuente común, por eso la individualización e identificación y averiguación posterior de antecedentes es importante en cada caso.

Desde marzo de este año tenemos tanto en Ceuta como en Melilla puestos de asilo que nos permiten manejar mejor y de forma más cercana la situación. La existencia de estos puestos no excluye los derechos de cualquier inmigrante que por una u otra razón no pueda llegar a esos lugares, de allí la importancia de la individualización y análisis de cada caso en particular. Es común que se esgrima el argumento de que muchos entran en grupo, haciendo uso de violencia, por el simple hecho de que usan ganchos que pueden ser interpretados como armas, pero que son usados para poder trepar las altas vallas. Eso es intentar negar el problema. Los subsaharianos, por ejemplo, tienen muchas dificultades para acercarse a esos puestos de asilo desde el lado marroquí, ya que es muy sencillo identificarlos por el color de su piel. Pero además llega también gente de Mali, de Sudán, de República Central Africana y otros lugares de conflicto que generan también refugiados. Por eso, el diálogo permanente que mantenemos con el gobierno español y con todo el espectro político tiene como objetivo que se diferencien y se respeten todas estas situaciones. Hay leyes nuevas al respecto que, aunque son discutibles y ambiguas, definen más claramente el papel que deben tener las autoridades frente a la inmigración y hemos visto cambios positivos. Lo que esperamos es que las autoridades de gobierno desarrollen un protocolo claro que dé instrucciones precisas a la policía y a la guardia civil de cómo tratar a esas personas, que se ponga fin a los excesos violentos y que obliguen a gestionar esos pasos fronterizos de acuerdo con el derecho internacional.
–¿A qué se debe la actual multiplicación de conflictos que provoca esta crisis?
–Hay muchas teorías al respecto, pero yo creo que la desaparición de los bloques luego de la caída del muro de Berlín ha generado un mundo multipolar con una constelación de centros de poder muy cambiantes que ha complejizado la situación. Son frecuentes las alianzas entre gobiernos y grupos del crimen organizado, lo que no solo ha fragmentado los poderes sino que ha aumentado considerablemente el número de actores, también los no estatales, que son mucho más difíciles de involucrar en negociaciones. Esa situación hace que sea mucho más difícil sentarse a negociar con actores confiables, identificables, y con influencia suficiente para encontrar soluciones a los conflictos y que garanticen la llegada de ayuda humanitaria a las víctimas. Yo definiría la situación actual como de caos e impunidad. Nosotros sentimos que estamos desbordados porque no logramos cubrir las consecuencias de los conflictos que la política no logra resolver. No tenemos presupuesto ni recursos humanos para afrontar con eficacia esta nueva situación, y la pregunta es entonces cómo pueden los organismos humanitarios contrarrestar la ineficiencia política.
–América Latina es un continente grande y rico, sin el tipo de conflictos que sufren otras regiones y podría recibir parte de esos refugiados. Uruguay, por ejemplo, está recibiendo familias sirias desde hace un tiempo…
–Si miramos la situación global que acabamos de comentar, y precisamente porque vivimos en un mundo global, creo que esa es sin duda una solución a explorar. ACNUR busca desesperadamente posibilidades de reubicación para esa masa de gente que lo necesita de forma urgente. Los tres países que han reasentado tradicionalmente más refugiados han sido Canadá, Estados Unidos y Suecia, lo que hace que debamos diversificar tanto los países como la cuota de entrada. Lo estamos haciendo intensamente en Europa pero encontrando mucha resistencia, y es claro que cualquier país, como en el caso de Uruguay u otros países de América Latina que sufrieron dictaduras, que quieran devolver la solidaridad que recibieron en sus exiliados, serían bienvenidos con sus propuestas.
–¿Qué posibilidades hay de promover nuevos reasentamientos?
–Por supuesto que el reasentamiento es lo deseable, es lo que devuelve estabilidad a las regiones en conflicto, pero insisto en que esas soluciones son de tipo político, escapan totalmente de las posibilidades de ACNUR. Podemos sensibilizar a los gobiernos y presionar de muchas formas, pero son ellos los que deben aportar soluciones políticas que lleven a la pacificación y que posibiliten el retorno y reasentamiento. Sería deseable, por ejemplo, que cuando este tipo de conflictos agudos se traten en el Consejo de Seguridad de la ONU, ACNUR pudiera estar en la mesa y advertir sobre las consecuencias que todos sufrimos luego y de las que todos deberíamos hacernos cargo: más gente vulnerable, sin techo, sin recursos materiales mínimos, más desplazados, más perseguidos políticos, más muertos. Yo diría que hay un consejo que puedo dar y que es algo que siempre debería estar presente en la cabeza de los líderes políticos: en caso de duda ante qué hacer, apegarse siempre a los principios internacionales, al marco internacional existente. Las normas, que el mundo hizo suyas luego de la Segunda Guerra Mundial están vigentes, los países están obligados a atenderlas y cumplirlas, pero las ignoran.
–¿Cómo cree que evolucionará la crisis actual?
–La situación es preocupante y no tiene miras de decrecer en gravedad, diría lo contrario, lo que hace que debamos pensar en medidas para atender las urgencias de esos 50 millones de personas que necesitan actualmente ayuda humanitaria. Debemos tener presente que la inmensa mayoría de esa gente proviene de países en desarrollo, por lo que, en mi opinión, al mundo rico e industrializado le corresponde una responsabilidad mayor en aportar soluciones, tanto en términos de recursos materiales como en la acogida de refugiados. Cualquier persona puede potencialmente verse envuelta en una situación similar en cualquier momento.