28 de abril de 2015
El juez federal Daniel Rafecas reflexiona acerca de la relación de la sociedad con los magistrados y acuerda con la necesidad de democratizar el sistema judicial.
Sin pan y sin trabajo», la pintura de Ernesto de la Cárcova, junto a volúmenes sobre el Holocausto, una historieta de Mafalda y la bandera argentina, saltan a la vista en su despacho del tercer piso de Comodoro Py 2002. Es el mayor de cuatro hijos de un operario fabril –quien luego sería ingeniero– y de una docente. Durante su niñez jugaba al fútbol con la camiseta de San Lorenzo en el barrio porteño de La Paternal y ya entonces, recuerda, sentía una inclinación a darle «a cada quien lo suyo». Esa vocación por la justicia lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires, a trabajar en un Juzgado de Sentencia como meritorio en 1987, y en la Secretaría Letrada de la Procuración General de la Nación en 2003. Ese fue un momento significativo de su carrera, ya que entonces condujo una investigación sobre el armado de causas por la Policía Federal a desocupados en situación de extrema vulnerabilidad. En 2004 fue nombrado titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 y, a partir de ese momento, Daniel Eduardo Rafecas navega en las turbulentas aguas de varias causas de gran peso en la Argentina.
La última de ellas fue la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien acusó en enero pasado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, de encubrir a ciudadanos iraníes sospechados de participar en al atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas en julio de 1994. La acusación de Nisman fue desestimada por Rafecas y eso motivó que desde sectores de la oposición y los medios de comunicación lo señalaran como «juez K». Pero tiempo atrás, en 2012, al investigar a directivos de la empresa Ciccone y al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura impulsaron un procedimiento en su contra y La Nación, por caso, habló de una «embestida K» en perjuicio de Rafecas.
–¿Cómo fundamentó el fiscal Nisman el presunto «encubrimiento»? ¿De qué modo estableció en su escrito el «accionar delictivo»?
–Según la visión del fiscal, dicho accionar se compuso, primero, a través de la creación de un órgano denominado «Comisión de la verdad», con facultades para asumir funciones de carácter judicial en remplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal. Y luego, mediante la notificación a Interpol acerca del acuerdo y de la formación de dicha Comisión, con el objetivo de que procediera a levantar las circulares rojas correspondientes al pedido de captura de cinco de los imputados en la causa AMIA. Desde esta perspectiva, el doctor Gerardo Pollicita, quien continuó la denuncia de Nisman, ha entendido que el suceso encontraría proyección jurídica. Pero, desde mi saber y entender, por considerar que el hecho no se adecua a ningún tipo penal, desestimé la denuncia. A partir de todas las evidencias reunidas en este expediente, he estudiado con detenimiento la presentación; leí las notas periodísticas e informes de inteligencia; repasé cada una de las escuchas telefónicas y concluí que no hay un solo elemento de prueba que comprometa a la actual jefa de Estado.
–¿Podría detallar por qué consideró que las conductas denunciadas no encuentran asidero en ninguno de los tipos de crimen enumerados en el Código Penal?
–El Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán ha quedado trunco y sin que haya entrado en vigor, a lo que se sumó su posterior declaración de inconstitucionalidad. O sea, no se ha producido ni uno solo de los efectos jurídicos allí estipulados con relación a la conformación de la «Comisión de la verdad» y ninguno de los Estados ha podido ejecutar los aspectos que fueran materia de dicho acuerdo. La supuesta maniobra delictiva no tuvo ni siquiera un comienzo de ejecución. A la vez, están las declaraciones periodísticas del titular de Interpol, Ronald Noble, quien afirmó «con un ciento por ciento de certeza» que el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman y el gobierno argentino han sido persistentes e inquebrantables para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas. Esto fue corroborado en el expediente.
Por otro lado, todas las gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia adjudica a diversas personas que no integran organismos públicos –reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas– quedan, en el mejor de los casos, circunscriptas a la antesala del comienzo de ejecución. Entonces, la cuestión de la falta de entrada en vigor del acuerdo (y por lo tanto, la ausencia de efectos jurídicos), ha sido referida, no una sino varias veces, por el propio fiscal Nisman en su escrito. No deja de resultar llamativo su reconocimiento sobre este punto, ya que vendría a ser una suerte de refutación a sí mismo.
–Alternativamente, se lo ha señalado como «juez K» o «anti k». ¿Cómo evalúa este hecho?
–Llevo 10 años en esto y ya estoy acostumbrado a que se critiquen mis decisiones desde muchos y diferentes posicionamientos políticos. Pero a la vez creo que es el mejor síntoma para demostrar lo que se suele llamar la independencia judicial. Es más, siguiendo con ese razonamiento, diría que cuando tomé una decisión contraria al kirchnerismo, como fue allanar el Ministerio de Economía, la sede de Ciccone y el domicilio del vicepresidente, lo hice a tres o cuatro meses del 54% de los votos que respaldaron a Cristina Fernández y a Amado Boudou. Y ahora, que están concluyendo su mandato, tomo esta decisión que se podría interpretar como favorable. Entonces, o soy un necio que se pronunció contrario al Gobierno cuando estaba en el apogeo de su poder y se acomoda cuando está terminando, o soy un juez independiente. Y necio no soy.
–¿Cuáles fueron los principales mecanismos y razones por los cuales la Policía Federal armaba procedimientos fraguados, tal como lo denunció en su informe de 2004, y cómo siguió el tema hasta la actualidad?
–Fue una investigación que coordiné al descubrirse que la Policía Federal, de modo sistemático y masivo, fabricaba procedimientos falsos para hacer estadísticas, lograr ascensos y, fundamentalmente, presentar ante la opinión pública la sensación de que era eficiente en la lucha contra el delito. Utilizaban como víctimas a personas de alta vulnerabilidad: mendigos, linyeras, vagabundos, gente que ejercía la prostitución en la vía pública, inmigrantes ilegales y seres muy deteriorados por el abuso de drogas o de alcohol, que podían estar en situación de calle o implorando trabajo en la iglesia de San Cayetano. Esa Comisión trabajó durante 3 o 4 años y, en el informe final, registramos 100 casos comprobados. Muchos de ellos terribles: a una persona, que era limpiavidrios y lo levantaron junto a otro, lo implicaron en uno de estos casos fraguados. Terminó contrayendo sida en la cárcel y murió en el Hospital Muñiz pocos días después de que le notificáramos su absolución. También recuerdo el caso de un joven que se había casado por civil en horas de la mañana, tuvo «la mala idea» de ir a un locutorio, y allí fue embaucado. A la noche no pudo asistir a su boda por iglesia. Marchó preso, su mujer pidió y logró el divorcio y varios años después se comprobó su inocencia.
–¿Qué efectos institucionales tuvo el informe?
–Cuando el informe tomó conocimiento público, el Estado nacional, a través del Ministerio de Justicia, decidió expulsar de la fuerza a todos los policías involucrados en esos procedimientos armados. Fue una conmoción para la institución policial. Desde aquel entonces no hay casos con estas características.
–Sin embargo, se registran causas armadas por policías y miembros del Poder Judicial en distintos distritos del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires.
–Bueno, yo me refería a aquella metodología específica. Pero, tanto en los casos que nosotros investigamos en su momento, como en otros modos de operar para involucrar a una persona inocente a sabiendas, se dan deformaciones casi culturales de la institución, que se arraigaron mucho durante la dictadura. En aquellos tiempos, la Policía, bajo el mando de las Fuerzas Armadas, fraguaba procedimientos contra quienes estaban detenidos en centros clandestinos y fabricaba enfrentamientos para justificar fusilamientos. Entonces, ahí hay una continuidad entre prácticas que se consolidaron durante la dictadura y estas otras como las que nosotros investigamos y otras que seguramente siguen ocurriendo. Creo que también tienen que ver con el hecho de que la cultura de las fuerzas de seguridad sigue viendo a las personas vulnerables como enemigos y no como ciudadanos con derechos. Conjuntamente, tenemos el tema de las prácticas de tortura en las cárceles y comisarías. En la Argentina esto es parte de la gran deuda pendiente que tiene la democracia respecto del sistema penal. Son mecanismos que hay que desterrar.
–¿Cómo analiza el papel que jugaron ciertos medios de comunicación en la amplificación de las causas fraguadas?
–Era muy patético ver las entrevistas a los comisarios «exitosos». Nosotros trabajamos mucho este tema con los medios de comunicación, hicimos varias reuniones y seminarios para concientizar. La sensación que tuve después de cinco años de ocuparnos en ello era que el gran responsable de todo esto era la Policía Federal, que era exitosa por la desidia tanto de la agencia judicial como de los medios masivos de comunicación. Estos últimos recibían el llamado o el dato de la fuente policial y se limitaban a cubrir rutinariamente el hecho sin preguntar, sin indagar, sin cuestionar. Tomaban como una verdad revelada y absoluta la versión del oficial o del comisario a cargo del procedimiento. Además, tenían el decorado ideal para esto, el del estereotipo de los delincuentes. Cuando llegaba el periodista a la escena se encontraba con un vehículo, la patente separada, las armas y drogas desplegadas arriba del baúl y los dos supuestos delincuentes esposados y encapuchados tirados boca abajo en el piso. Todo ese decorado predisponía al movilero a tomarlo como un caso más de otros tantos que se cubrían. Y resulta que era todo falso. Y esto reforzaba desde los medios una clara injustica.
–Existen sectores de la sociedad que visualizan a la Justicia como algo lejano que no tiene mucho que ver con la resolución de sus necesidades.
–Creo que es una percepción justificada. Históricamente el Poder Judicial ha estado conformado por y se ha nutrido de las clases más privilegiadas y por lo tanto su visión sobre los asuntos judiciables ha sido una mirada de clase. Entonces, el producto que emana desde esa Justicia no puede ser muy distinto. La clave está –como se viene haciendo en las últimas décadas– en empezar por una transformación de los cuadros que forman parte de la agencia judicial, su democratización, transparentar los mecanismos de designación y establecer un acceso más horizontal a los cargos de jueces, fiscales y defensores. Al mismo tiempo, son bienvenidas todas las iniciativas que permitan un mejor acceso a la justicia para los sectores más marginados y las clases más desposeídas. Por ejemplo, la descentralización de juzgados y fiscalías, que estos vayan a los barrios pobres, a las periferias, al estilo de Brasil, donde se los llama Casas de Justicia, sería un gran paso en dirección a democratizar y poner un poco más en balance el tratamiento que hace la Justicia sobre la población. Estamos hablando de un cambio cultural, porque se trata de algo que viene desde hace más de un siglo. Y los cambios no se pueden operar de un día para el otro. Creo que en todos los ámbitos de poder hay resistencia a acercar la Justicia a los sectores más desfavorecidos.
–¿Qué responde cuando recibe la «acusación» de juez garantista? ¿Cómo procesa este tipo de presiones?
–Bueno, no se puede ser juez sin ser garantista. Porque este término significa hacer cumplir las garantías de la Constitución Nacional, por ejemplo, la defensa en juicio, el debido proceso y otras tantas. Si no se aplica y respeta la Constitución, no se puede ser juez. Salvo que uno pretenda ejercer la justicia desconociendo la Carta Magna. Yo resuelvo conforme a la ley y al Derecho, los procedimientos adecuados y la Constitución. No puedo, no debo ni quiero hacer ninguna otra cosa.
—Oscar Castelnovo
Fotos: Juan Quiles
