7 de julio de 2021
La vicepresidenta de la Nación instaló en la agenda política el debate sobre la integración del sistema de salud a partir de la experiencia de la pandemia.
Zona crítica. La segunda ola de Covid-19 puso en tensión al sector privado porteño, que llegó a una ocupación del 95% en terapia intensiva. (Télam)
La pandemia desnudó las enormes inequidades sociales en el mundo. Y, por obvias razones, donde más se reflejaron fue en los sistemas de salud. La imagen del primer ministro británico Boris Johnson agradeciendo al personal que lo atendió cuando se contagió de COVID-19 fue un símbolo. Meses antes, durante la campaña electoral, el laborismo había mostrado a un niño atendido en el suelo de un hospital de Leeds por falta de camas como ejemplo de las políticas conservadoras que Johnson encarnaba, tras décadas de recortes al servicio de salud pública del Reino Unido. Desde marzo de 2020 esas mismas escenas se vivieron en otros países por la explosión del coronavirus. Si en Argentina no ocurrió algo parecido fue porque el flamante Gobierno tuvo tiempo de poner barbas en remojo y reforzar un sector maltrecho por políticas de ajuste impuestas desde el menemismo.
El debate sobre la cobertura médica atraviesa el mundo en distintos grados. Aquí, la vicepresidenta Cristina Fernández removió las aguas con una frase que desencajó a quienes preferirían no hacer olas en temas semejantes. Propuso diseñar un sistema integrado de salud sobre la base de la experiencia de este año y medio con el modelo actual: público, sindical y privado. «¿El sistema no está integrado acaso a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad?», dijo.
De inmediato surgieron quejas opositoras y mediáticas enardecidas en contra de lo que se mostró como un intento de estatizar el sistema de salud y trayendo a la memoria que, siendo presidenta, Fernández había terminado con el sistema de las AFJP. La palabra al uso en estos casos resulta ser «caja». Para esos sectores, el objetivo del kirchnerismo sería apropiarse de fondos de algo más del 9% del PIB nacional, ahora diseminado en distintos efluentes.
Sin embargo, aparecieron voces que, inesperadamente, saltaron la grieta y salieron en apoyo de la propuesta. Entre ellos el exsecretario de Salud de la Nación de la gestión Macri, Adolfo Rubinstein, y del ministro de esa misma cartera en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. «Me parece que la reforma sanitaria es uno de los temas que forman parte de las asignaturas pendientes en nuestro país junto con otras reformas. El sistema de salud argentino necesita de profundas reformas», tuiteó Rubinstein, que no suele ser condescendiente con el oficialismo.
«La complejidad del sistema de salud en la Argentina es de tal magnitud que merece diálogo y un camino en común sobre cómo se construye un sistema sanitario más potente y de más calidad, más orientado a resolver los problemas modernos», abundó Quirós.
Según datos de la Federación de Mutuales de Salud, la Fundación Isalud y el Banco Mundial, citados por el semanario Tiempo Argentino, el 48,6% de la población se atiende en obras sociales, ya sea nacionales o provinciales; el 26,7% en el sector público; el 10,3% son afiliados de PAMI y el 3,9% en mutuales y cooperativas. El sistema público es gratuito, el resto se financia con aportes de trabajadores y de las empresas en el caso de los registrados.
En el mundo de la salud hay prestadores y financiadores y, además, servicios nacionales, provinciales y municipales «y muchas obras sociales que no se regulan por la Superintendencia de Salud», puntualiza el oficialista Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.
Por otro lado, obras sociales como la de los jubilados contratan a instituciones privadas, que en muchos casos tienen al PAMI como su principal fuente de ingresos. Las distintas reformas al sistema, incluso en el posmenemismo, habilitaron alianzas que acercaron los aportantes de mayores ingresos –«la crema del negocio» se los llama– a las prepagas, quitando recursos a obras sociales más chicas o dejando servicios de menor calidad a los de bajos ingresos. Les sucede a los monotributistas, que a pesar de su aporte mensual suelen penar con las peores coberturas.
Entre los críticos de una reforma figuran las empresas de medicina prepaga, que tienen en Claudio Belocopit a un vocero muy efusivo, convincente y con mucho poder de fuego desde su canal América TV y el resto de los medios. El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), dueño de Swiss Medical, viene reclamando que el Gobierno autorice aumentos en las cuotas y encabezó la presentación de una cautelar para que la Justicia permita un incremento del 9,7%. Para la cámara que comanda, el Gobierno está asfixiando al sistema de prepagas como paso previo a la estatización. Diplomático, Belocopit adhiere «plenamente al sistema estatal», pero agregó que «eso no significa que el privado no existe. Siempre pueden coexistir».
Una propuesta
En concreto, está sobre la mesa un trabajo del Instituto Patria junto con la Fundación Soberanía Sanitaria y el Frente Ciudadano por la Salud. Propone la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), donde converjan municipios, provincias y privados, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Oscar Trotta, uno de los sanitaristas que participa del proyecto, ejemplificó de qué modo la integración haría más eficiente un gasto que está al nivel de los países más desarrollados. «A una persona que tiene obra social le hacen una radiografía en algún efector. No conforme con esa prestación, hace una segunda consulta en el sistema público de salud. En un sistema integrado, en esa segunda consulta le dirían: usted ya se hizo una imagen en tal sanatorio, y con esa imagen nos vamos a manejar».
Un gran problema es el costo de las nuevas tecnologías y aparatología médica, pero también el de los medicamentos. «Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas», ambiciona el proyecto en estudio, que así suma a la industria farmacéutica a las filas del rechazo.
Durante la pandemia se destacó el modelo de salud de la provincia de Santa Fe. Si bien en la segunda ola estuvo a las puertas del colapso, no se encuentran cuestionamientos a las gestiones socialistas que potenciaron el servicio público. Una de las aristas destacadas es la producción pública de medicamentos a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico, creado en 1947, convertido en Sociedad del Estado en 1999 y proveedor de Nación desde 2008. Otro aspecto esencial –un tema que Johnson no se cansó de elogiar tras su internación en el Hospital Saint Thomas– es el de los recursos humanos. Olvidados ya de los aplausos a las 9 de la noche de los primeros días, la noticia de renuncias crecientes en intensivistas preocupa a las autoridades.
El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para jerarquizar a los enfermeros, una demanda frustrada por el Gobierno porteño. Una protesta en el Puente Pueyrredón de trabajadores de hospitales públicos del área metropolitana fue reprimida por fuerzas policiales. Reclamaban contra la precarización laboral, por salarios dignos y el reconocimiento profesional.
