20 de mayo de 2021

Carolina Keve

Mientras la pandemia y las condiciones del mercado obligan a muchos inquilinos a endeudarse, crecen fenómenos como los techos informales y las tomas. Las dificultades para el acceso al suelo y la concentración de la propiedad configuran un problema complejo que exige soluciones urgentes.

Inquilinos que sacan un crédito para poder pagar el alquiler. Necesidades básicas como el agua potable, insatisfechas. Una concentración que se expresa tanto en la distribución de la vivienda –el 90% de las personas en nuestro país vive en ciudades y el AMBA condensa un tercio– como en el régimen de propiedad –de acuerdo con el Registro de Tierras Rurales, alrededor del 35% del territorio nacional está en manos de 0,1% de privilegiados dueños–. Como correlato, fenómenos como la inquilinización o los techos informales que no paran de crecer. Ciertamente, la vivienda en Argentina está lejos de poder considerarse un derecho. Frente a ello, el Gobierno de Alberto Fernández propuso un plan de construcción con metas concretas para 2023, mientras avanza además con la implementación de un nuevo sistema de créditos hipotecarios, intentando tomar una iniciativa que permita reemplazar los decretos y medidas de emergencia adoptados el año pasado. Sin embargo, este escenario vuelve a encender la misma pregunta de siempre: ¿el problema es la falta de regulación o la ausencia de una política que apunte a soluciones estructurales?

Después de Guernica
«Hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar». Agosto de 2020, ya hacía un mes que unas 2.000 familias habían ocupado 200 hectáreas en el partido de Presidente Perón y las declaraciones de Juan Grabois corrieron como un reguero de pólvora. La toma de Guernica alentó un viejo fantasma al que siempre temen los medios, tan atentos a la defensa de la propiedad privada. De lo que nadie hablaba, era de la crisis habitacional del país ni de las posibilidades cada vez más escasas para acceder a una propiedad. Mucho menos de que, como consecuencia de todo ese escenario, Guernica era tan solo el ejemplo de un fenómeno que ha ido creciendo con los años. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), existen más de 4.400 barrios populares en los que se estima que viven unas 4 millones de personas. Esto es, barrios donde las viviendas presentan distintos grados de precariedad tanto con respecto a la carencia de servicios básicos como a una situación irregular en la tenencia del suelo.
Fue así como la instrumentalización de la Ley de Integración de Barrios Populares se coló una vez más en el debate. En medio de cruces que hablaban de una falta de decisión en el tema, María Eugenia Bielsa dejó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Pero su corrimiento tuvo otro correlato, que mencionaron unos pocos. El Gobierno pasó a dejar la gestión habitacional en dos manos: Jorge Ferraresi, nombrado en reemplazo, hoy concentra lo que se refiere a la construcción de viviendas; mientras que la urbanización de los barrios quedó en manos del Ministerio de Desarrollo Social comandando por Daniel Arroyo. La encargada de la implementarla es Fernanda Miño, una dirigente conocida por su manejo territorial, integrante de las filas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de Grabois, nombrada secretaria de Integración Socio-Urbana, que en concreto ahora encabeza dos líneas de acción. Por un lado, la ejecución de un fondo nada desdeñable –compuesto en una parte por fondos provenientes de la Ley de Aporte Solidario a las Grandes Fortunas–. Por otro, la reactivación del registro, que más allá de su función estadística, asume otro valor: las viviendas incorporadas no pueden ser desalojadas por un plazo de cuatro años.

Al respecto, técnicos y especialistas reconocen la importancia de esta medida, aunque advierten algunos problemas. Para Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad –organismo que tuvo participación en el proceso de sanción de la norma– sería prioritario avanzar primero con las expropiaciones de los terrenos para normalizar la situación de las familias, aunque destaca que hoy la principal demanda son los servicios, no los títulos. «Justamente, la Ley de Barrios Populares fue histórica por dos motivos. En primer lugar, por el reconocimiento de un problema que había quedado oculto –explica–, y, por otro lado, porque adopta como modelo de urbanización el de integración. Hasta ahora, la gestión pública se había basado en dos modelos. Aquel que sostenía la escrituración de parcelas como elemento central, fundamentando que el mercado inmobiliario por sí solo se haría cargo de los barrios, y el que concebía que gestionar los barrios populares solo pasaba por ocuparse del espacio público. Es decir, se trataba de hacer plazas pero no de arreglar los servicios. Una política habitacional, en cambio, debe integrar a todos los actores que la involucran».
«La vivienda es un tema muy complejo, en primer lugar porque se cruzan numerosos factores y sectores. No podemos perder de vista que acá también interviene el negocio inmobiliario, y eso tensiona permanentemente con los intereses de los sectores populares. ¿Qué pesa más, el derecho a la vivienda o el derecho a la propiedad privada?». Valeria Mutuberría Lazarini es economista y coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. En su opinión, esta complejidad también tiñe los desafíos que enfrenta el escenario actual arrastrando cuestiones tan difíciles «como la situación de los propietarios que sacaron los créditos UVA», lo que conduce a atender la necesidad de una mirada integral.

En este sentido, a la hora de pensar políticas habitacionales para los sectores más vulnerables, destaca la importancia que asume la participación de los vecinos en la construcción de sus propios barrios: «Por eso el cooperativismo de vivienda puede aportar mucho como solución habitacional», asegura. Y cuenta su experiencia como parte de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes. La misma comenzó en 1984 tras el retorno a la democracia, con 60 familias «cuya única manera de acceder a una casa era de forma colectiva». Y así fue. Primero se gestionó el terreno, unos pastizales de Ezpeleta que pertenecían a CEAMSE. Después, los vecinos desmalezaron y levantaron el terreno. La adjudicación de cada lote quedó sujeta a las horas de trabajo. Valeria resume el alcance de la experiencia en pocas líneas: «En sectores donde es muy difícil alcanzar un crédito o los recursos que hoy se necesitan para acceder a una vivienda, la fuerza de trabajo es lo único con lo que se cuenta. Hoy todos quieren al barrio. Cuando las personas no son parte de ese proceso, cuando no pueden elegir cómo vivir, la apropiación es diferente».

Pedacito de suelo
En un país donde la lógica de desarrollo ha sido latifundista, la concentración de la tierra es norma y no excepción. Según el Registro de Tierras Rurales, creado por la Ley Nacional 26.737, hoy en Argentina aproximadamente 62 millones de hectáreas son propiedad de 1.250 terratenientes. Paralelamente, las posibilidades de acceso al suelo y a la vivienda se fueron limitando. Algunos especialistas citan en este proceso dos momentos como paradigmáticos. Por un lado, la crisis de 1930, que tuvo como respuesta un modelo basado en la industrialización sustitutiva y que hizo que las familias que habían quedado excluidas del aparato productivo comenzaran a ocupar terrenos de manera precaria e ilegal, dando lugar a las primeras «villas miseria» en la ciudad. Por otro, las políticas urbanas de la dictadura, como el descongelamiento de alquileres, que no solo significó una suba considerable de los precios. También arraigó un imaginario cada vez más extendido, según el cual la vivienda pasó a ser socialmente definida y aceptada como una mercancía a la que solo se accede a través del mercado.

Sin embargo, lo cierto es que muchas veces se cuenta con la norma y no se aplica. Sin ir más lejos, tal como expone el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un informe, en la provincia de Buenos Aires existen instrumentos legales para llevar adelante un modelo de desarrollo urbano que incluya a los sectores populares, como la Ley 14.449, de Acceso Justo al Hábitat, que establece que los municipios deben obligar a los grandes emprendimientos urbanos, entre ellos los countries, a ceder un 10% de la tierra o el equivalente en dinero. Pero desde la ratificación de la norma por parte del Concejo Deliberante del partido de Presidente Perón hasta la toma de Guernica, por los menos cinco barrios cerrados habían empezado a construirse y –tal como afirma el documento– el municipio no exigió la cesión de tierra o dinero que correspondía. En esta dirección, para Mutuberría Lazarini no alcanza solo con las leyes. Y a esto se suma otra complejidad a nivel normativo y es que cada provincia regula el uso de su suelo. El ejercicio de una política nacional, en este contexto, se vuelve muy difícil.
«La urbanización es un proceso de largo plazo, no hay soluciones breves. Vivimos en un país caracterizado por una macrocefalia donde el 90% de la población vive en ciudades. Las políticas deberían apuntar a un fuerte impulso de las ciudades intermedias, modificando el patrón de asentamiento». Mercedes De Virgilio es investigadora del CONICET, en su opinión la gestión de vivienda social es necesaria porque contribuye a solucionar el déficit habitacional, pero la solución debe ser estructural. Al respecto, cita como ejemplo el Plan Estratégico Territorial desarrollado durante el kirchnerismo, que en una primera etapa, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, estuvo volcado a resolver situaciones más apremiantes, pero en la primera presidencia de Cristina Fernández se consolidó como una política de largo plazo, manteniendo metas de finalización de 100.000 soluciones habitacionales por año. La decisión de formar un ministerio para abordar esta problemática fue una señal trascendente que generó expectativas, sosegadas luego por las urgencias impuestas por la pandemia. Hoy, si bien existen indicios que apuntarían a algunas transformaciones, pesa una gran incertidumbre. No obstante, Mutuberría Lazarini mantiene cierto optimismo advirtiendo que si se apunta a «una política habitacional con una sensibilidad que contemple las condiciones de vida y garantice su participación, generará un impacto muy importante». Para Baldiviezo la clave está en una democratización del régimen de propiedad. Solo así se superarán las desigualdades que hoy lo atraviesan: «No queremos seguir siendo deudores perpetuos. El alquiler ya no es transitorio, es un estado permanente. Para acceder a un derecho, las personas deberán ser deudoras toda la vida. Si no se apuntan a reformas de fondo, seguiremos condenados a una esclavitud inmobiliaria».