Claves de la situación laboral

6 de agosto de 2014

Carlos Tomada, ministro de Trabajo reconoce las dificultades en materia de suspensiones, pero confía en que las políticas oficiales van a sostener el empleo. Balance de las paritarias.

El ingreso de los asalariados se vio afectado durante la primera mitad del año, a partir de un conjunto de factores confluyentes, entre ellos, la devaluación de enero y su impacto en el reacomodamiento de los precios. Esas subas, además, empezaron a ser reconocidas oficialmente, con el cambio de metodología de medición del INDEC. A esos elementos internos, que afectaron el nivel de actividad en la industria y la construcción, se añadió el débil crecimiento de Brasil, principal socio comercial del país, que redujo la demanda de automotores y otros productos locales. No es extraño, en este panorama, que empezaran a advertirse consecuencias en materia de empleo.
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, sostiene sin embargo que el nivel de despidos es prácticamente similar al de los primeros semestres de 2012 y 2013. Y si bien se constata un fuerte aumento de las suspensiones de personal ante el menor ritmo de actividad económica, afirma que «no hay ruptura del vínculo laboral, mientras los suspendidos cobran gran parte de sus remuneraciones, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo».
Tomada, que está al frente de la cartera laboral desde 2003, asegura que «el poder adquisitivo del salario se mantiene», luego de la reciente ronda de negociaciones paritarias llevadas a cabo en los últimos meses. «Lo cual –evalúa– no es poco decir en un mundo que se derrumba, con elevados niveles de desempleo».
–¿Cuál es su balance de la ronda de paritarias de este año?
–Ya están concluyendo las negociaciones colectivas de casi el 90% de los trabajadores comprendidos en convenios colectivos, de acuerdo con las distintas fechas de vencimiento de los acuerdos. Lo primero que hay que decir es que este proceso se llevó adelante otro año más. Parece poco valorado por algunos, pero terminó otro período donde funcionó este diálogo entre empleadores y trabajadores.
–¿Esta vez las tratativas fueron más complicadas?
–Fue un diálogo por supuesto complejo, ya que estamos hablando de la puja distributiva, de mejorar salarios y de defender ganancias. Pero hay que resaltar que la Argentina no registra un período igual, de diez años continuados de negociaciones colectivas. Un decenio donde se ha podido ir construyendo este entramado de diálogo social.
–El contexto, de todos modos, fue más complejo que en otros años.
–Aun así, la mayoría de los acuerdos se cerró en un marco de escasa conflictividad laboral, salvo excepciones. Se establecieron incrementos de remuneraciones equilibrados, entre la necesidad de los trabajadores de sostener el poder adquisitivo del salario y el requerimiento de las empresas de no afectar condiciones de sustentabilidad económica.
–¿Influyó en la discusión el hecho de que se admitiera oficialmente una mayor inflación?
–Debo reconocer que a principios de año esperábamos un proceso más conflictivo, tal vez influenciado por una prensa que sostenía un clima de catástrofe. Tal vez escuchando voces de dirigentes de la oposición que pedían suspender las paritarias, uno pensaba que esto podía ser muy complejo.
–¿Qué resultados concretos arrojaron las paritarias?
–El promedio de aumentos salariales, considerando los gremios más grandes (entre ellos: metalúrgicos, construcción, gráficos, textiles, bancarios, encargados de edificios, alimentación, plásticos, comercio, calzado, químicos, administración pública transporte de pasajeros, aceiteros, camioneros y carne) fue de 29,7%, escalonado a lo largo del año. El primer tramo acordado, por lo general, se situó en torno de 16%, frente a una inflación que rondó el 15% durante el primer semestre. Quedaron desmentidas así las visiones catastróficas que agitaban algunos que daban por hecho que el gobierno iba a imponer un techo a las paritarias. O bien, que las negociaciones colectivas se desmadrarían con subas siderales, un fuerte impacto inflacionario y una extensión masiva de la conflictividad laboral.
–¿Le preocupa que la suba salarial sólo haya “empatado” a los precios en 2014?
–Primero, hay que contextualizar el análisis en función de la evolución del salario real pactado en los últimos años. E incluso, considerar el significativo crecimiento del poder de compra de los trabajadores desde 2003. También hay que ver la variedad de formas del incremento definido en cada negociación: fragmentación de los aumentos salariales en distintas etapas, incorporación de sumas fijas de pago único, modificación de los adicionales, creación de nuevas categorías laborales. Esas expresiones se traducen en aumentos de los ingresos de los trabajadores y no siempre son reconocidas por los analistas.
–¿Hubo mucha dispersión entre los aumentos o fueron parejos?
–Un estudio que hizo el Ministerio sobre los 19 convenios y acuerdos más relevantes arrojó que el aumento salarial más frecuente, entre el valor final del acuerdo 2013 y el valor final del acuerdo 2014, se ubicó en el tramo comprendido entre 27 y 31% (esas proporciones se verificaron en 12 de las principales paritarias). Para el resto se establecieron subas superiores al 31%, entre ellos, químicos (37%), alimentación (35%), sanidad (34%), camioneros (33%) y maestranza (33%). Los tres sectores más importantes en términos de cobertura de trabajadores –el comercio, la construcción y la industria metalúrgica, que suman más de la mitad de los asalariados alcanzados por las negociaciones analizadas– cerraron aumentos cercanos al 30%. Estamos logrando además que la inflación sea descendente, lo cual nos da un escenario que puede vislumbrarse como más optimista.

–Pese a esas subas, algunos gremios sostienen conflictos y piden reabrir las negociaciones o reclaman una suba en el mínimo de Ganancias para la cuarta categoría.
–Siempre hay algunos casos de reclamos. En lo que respecta al impuesto a las Ganancias, es un tema que manejan la Jefatura de Gabinete y Economía. Pero como ya dijo Jorge Capitanich, no hay una mayor carga para el trabajador o el jubilado, los que no estaban alcanzados por el tributo al momento del decreto 1242 de agosto del año pasado, porque ganaban menos de 15 mil pesos mensuales, tampoco están alcanzados ahora. Lo que hay que destacar es que los actores sociales han incorporado las paritarias como un activo social, algo que nos pertenece y que hay que cuidar y administrar, para que se logre mejorar en forma permanente la capacidad adquisitiva del salario y lograr al mismo tiempo certidumbre para los empresarios. También es cierto que el Estado fue recuperando una mayor capacidad de mediación y de arbitraje, y ayuda a las partes a encontrar soluciones. En esta ronda, las negociaciones acompañaron el proceso de inflación y se superaron las turbulencias posteriores a la devaluación de enero. Creemos que de acá a fin de año se va a mantener la capacidad adquisitiva. Y digo mantenimiento, no mejora, pero frente a un mundo que se derrumba, donde se caen jubilaciones, salarios, empleos. En nuestro caso, por otra parte, hay que sumar las políticas de gobierno aumentando asignaciones familiares y por hijo, entre otras medidas orientadas a sectores populares.
–El otro tema delicado de la coyuntura es el deterioro inocultable en materia de empleos.
–Sin duda, existe un correlato de menor nivel de actividad en varios rubros. De todos modos, los datos que tenemos hasta junio muestran que los despidos no son más que los que hubo en 2012 y 2013. Hay sí un incremento de las suspensiones, centrado en dos o tres actividades: autopartistas y las terminales automotrices.
–Son los casos más resonantes.
–Hay que aclarar que son suspensiones remuneradas, no sin salario, como prevé la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual permite que podamos ir sorteando este momento a la espera de una pronta recuperación. Tampoco se han incrementado mucho los Repro (planes de Recuperación Productiva, subsidios que van directamente al trabajador para compensar cualquier pérdida de salario y defender así los puestos de trabajo). Hay un aumento de pedidos, pero todavía no alcanzan un volumen tan importante como para preocuparnos. En cuanto a cantidad de trabajadores comprendidos y establecimientos incorporados, el nivel es todavía inferior al de 2009, aunque supera a los de 2012 y 2013.
–¿Para cuándo prevé que se revierta esa tendencia?
–El gobierno monitorea en forma permanente la evolución del empleo, que como se demostró en los últimos años, para nosotros es un elemento fundamental del proceso económico y social. De lo que se trata es de un conjunto de políticas contracíclicas. Así como se pusieron en marcha en 2008 y 2009, y nos permitieron sortear esa etapa (las repercusiones locales, tras el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en Wall Street), se están poniendo en marcha ahora otra vez, para poder sostener el empleo.
–¿Habrá que esperar a la primavera o fines de año para que mejore la situación?
–Estamos empezando a salir, pero a mí me gustaría que se afirmara un poco más. También hay una demora en el repunte económico de Brasil, que influye en las terminales, autopartistas y otros sectores. Necesitamos igualmente que la construcción no se apoye solamente en las políticas públicas, sino también en la inversión privada, que ese segmento recupere su vigor. Pero las expectativas son alentadoras para que empecemos a salir, luego de este valle que hemos atravesado.
–Otro indicador que se resiste a mejorar es el del empleo en negro, que en el primer trimestre se mantuvo en el 32,8% de los trabajadores.
–En este tema tenemos expectativas en los resultados de la implementación de dos leyes que se aprobaron en mayo pasado: la de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, por un lado, y la de modificación del Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales, por otro.
–¿Por qué no se pudo avanzar más decididamente en esta materia?
–Para comprender cuáles son los factores fundamentales que determinan esas prácticas hay que tener en cuenta que hay sectores de la economía formal, empresas registradas, que todavía siguen teniendo trabajo no registrado. Nosotros creemos que a esta altura del siglo XXI, después de diez años de intensas campañas de concientización, de inspección laboral, de presencia del Estado, eso ya no es tolerable.
–¿Las leyes darán más herramientas para el blanqueo laboral?
–Tenemos que ir fuertemente a presionar, a fiscalizar, a las empresas formales con trabajo no registrado. Pero al mismo tiempo entendemos que hay sectores de la economía de subsistencia, o de microempresas, que necesitan que los ayudemos a que puedan registrar su personal. Las firmas de menos de 5 trabajadores, por ejemplo, pagarán sólo 50% de las cargas patronales, lo cual es un avance, porque a partir de ahora va a haber un régimen en materia de cargas y contribuciones diferente para las microempresas que para el resto, y ese no es un régimen transitorio sino definitivo.
–¿Están evaluando cambios sólo para las micro empresas?
–En realidad, la nueva normativa abarca al universo de ámbitos donde hay trabajadores contratados, que es más amplio que el de las empresas. Hay un conjunto de sectores con trabajadores en relación de dependencia –organizaciones no gubernamentales, clubes de barrio, bibliotecas populares– y obviamente queremos que se vean alcanzados, porque nosotros no discriminamos en ese sentido.
–¿Qué otras modificaciones entraron en vigor?
–Un aspecto de la ley concierne al conjunto de empresas que generen empleos, no sólo las micro, que verán suprimida la carga previsional en el primer año y obtendrán un descuento del 25% en el segundo. Es un beneficio muy importante, este sí de carácter transitorio, que no se dirige tanto a crear nuevos puestos laborales, como a que se registre la mayor cantidad de trabajadores. Al margen de estas normas, también vamos a incluir al personal doméstico en los beneficios de la ley de Riesgos del Trabajo, para que haya igualdad de derechos, con una cobertura accesible a los empleadores.
–¿Qué alcance tendrá la creación del anunciado registro de empresas con trabajadores en negro?
–Ese registro abarcará a todos los empleadores que no cumplen con la legislación. Eso implicará no sólo la lógica multa por el incumplimiento de las leyes, sino principalmente una visibilización de las empresas que practiquen fraudes laborales, lo cual trabará la posibilidad de acceder a determinados beneficios que se impulsan desde el Estado en materia de subsidios, exenciones, facilidades financieras, etc.
–¿Qué opinión le merece el llamado a paros generales que realizan algunas centrales gremiales?
–La agenda de las centrales sindicales es bastante parecida, en general, tal vez pueda haber diferencias en la metodología, pero yo sigo creyendo que el diálogo, y a eso me seguiré prestando, es el camino posible. Sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno que ha tenido con los trabajadores una alianza estratégica. El trabajo es uno de los ejes de la política del Estado y los trabajadores son destinatarios fundamentales de todas las políticas. De todos modos, este gobierno respetó siempre el derecho a la protesta y lo vamos a seguir haciendo, así que quienes quieren generar un paro general tienen la posibilidad. Ahora bien, yo creo que no es el momento ni el contexto político, económico y social como para generar un paro.