La pandemia hundirá a la economía mundial en una recesión sin precedentes, mientras que a nivel nacional las consecuencias serán aún más duras. Políticas públicas para minimizar daños en lo social y laboral en un mercado de trabajo muy heterogéneo.
15 de abril de 2020
La pandemia del coronavirus tendrá un fuerte impacto negativo sobre la actividad económica global. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, señaló que la actual crisis «pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido». Por su parte, el titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, advirtió que será mucho más perjudicial que la que sobrevino tras el estallido de las hipotecas subprime en octubre de 2008 en Estados Unidos.
La trayectoria futura de la economía argentina no escapará a ese delicado contexto global. En ese sentido, la Unidad de Inteligencia de la revista inglesa The Economist modificó su pronóstico de crecimiento de la actividad para el país este año: de -1,4% lo llevó al -6,7%. Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central (BCRA), proyecta una caída del 4,3 %. De confirmarse un retroceso de tal magnitud, el desafío gubernamental central será minimizar los daños en los indicadores sociales y laborales. Por su parte, la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que si la economía argentina se contrae el 3,8% se destruirán al menos 340.000 puestos de trabajo. «Mujeres, trabajadores informales y monotributistas, entre otros, enfrentan mayores riesgos de perder su empleo y de sufrir el deterioro en la calidad de sus condiciones laborales», asegura un informe del organismo.
En un escenario tan delicado en el cual (casi) todos pierden, la historia enseña que el mercado se ensaña con los más débiles, más aún cuando el aislamiento social y obligatorio dejó sin fuente de ingresos a pequeñas empresas, trabajadores informales y «buscavidas». Sin embargo, el Gobierno argentino apunta a contrapesar esa tendencia con una batería de medidas destinadas a apuntalar a los sectores más vulnerables, como un bono extraordinario de 3.000 pesos a jubilados/pensionados que cobran la mínima y a beneficiarios de la AUH; el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales, monotributistas de las categorías «A» y «B» –entre 18 y 65 años– y empleadas de casas particulares; un aumento de los recursos destinados a comedores y merenderos populares para cubrir la mayor demanda de alimentos –un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que la partida «Políticas alimentarias» trepó de 26.374 millones de pesos a 59.160 millones, un 132% desde el 17 de marzo hasta el 2 de abril, para un universo que se incrementó de 8 a 11 millones de personas–; congelamiento hasta el 30 de septiembre de la cuota de créditos hipotecarios sobre viviendas únicas, prendarios actualizados por UVA y alquileres; suspensión de los desalojos; postergación por dos meses del cobro de las cuotas de los créditos que 8,8 millones de familias tienen con la Anses; suspensión de los cortes de suministro por falta de pago de los servicios públicos , que comprende energía eléctrica, gas natural por redes, agua corriente, telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por cable, espectro radioeléctrico y satélite. Los beneficiarios son las personas que cobran Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, monotributo social, jubilados/ pensionados/pensiones no contributivas, monotributistas y trabajadores que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos (33.750 pesos), beneficiarios del seguro de desempleo, micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), instituciones de salud públicas y privadas, entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos. Además, el Ejecutivo, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, prohibió los despidos «sin causa» por 60 días y elevó los montos de las prestaciones económicas por desempleo, con un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000.
El Gobierno también reconoció el esfuerzo de los trabajadores que vieron sobrecargadas sus tareas por la pandemia con el otorgamiento de un bono de $20.000 en cuatro cuotas para trabajadores de la salud y de $5.000 para trabajadores de supermercados y de las Fuerzas Armadas, Policía, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. Por último, el denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción incluyó, entre otras cuestiones, la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales y la compensación de hasta un salario mínimo por trabajador para las micro y pequeñas empresas.
Los informales
La preinscripción para cobrar el IFE superó todas las expectativas. En una semana, más de 11,5 millones de personas ingresaron sus datos en la página de la Anses, que deberán atravesar una serie de filtros definidos por la Secretaría de Seguridad Social. La mayoría de ellos –excepto las empleadas de casas particulares en blanco– pertenece a la categoría de trabajadores informales. El mercado laboral es muy heterogéneo en Argentina, donde los derechos consagrados para los empleados formales, como cobertura de salud, aporte jubilatorio, vacaciones pagas, entre otros, son inexistentes para un conjunto muy amplio de trabajadores. De acuerdo con un informe de la fundación Atenea, realizado sobre la base de los datos del segundo trimestre de 2019 de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, más de 7 millones de trabajadores y trabajadoras están desprotegidos. El 43% son no registrados, el 37% cuentapropistas y el 20% desocupados.
Para ese universo, el teletrabajo no es una alternativa por las características específicas de su actividad. Sin embargo, y más allá de esto, la pronunciada brecha digital de la sociedad argentina es un dato comúnmente ignorado. Por caso, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA relevó que el 16% de los ocupados no accedió a internet en los últimos tres meses, cifra que asciende al 34% para los más postergados. Achicar esa brecha fue uno de los principales objetivos del Plan Conectar Igualdad discontinuado bajo el Gobierno anterior.
En su newslestter semanal, el periodista Iván Schargrodsky explica (basándose en datos aportados por el sociólogo Daniel Schteingart) que la posibilidad del teletrabajo es prácticamente nula en la población destinataria del Ingreso Familiar de Emergencia. «De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad, la probabilidad de teletrabajar es mucho mayor en personas formales y de alto nivel educativo. Las ocupaciones con mayor porcentaje de teletrabajo son analistas de sistemas, investigadores de Ciencia y Técnica y becarios, directivos de empresas, profesores universitarios, consultores o asesores. Casi todas estas tareas son realizadas por el 30% de mayores ingresos. Por el contrario, las ocupaciones con nulo porcentaje de teletrabajo son peones rurales, encargados de edificios, mozos o ayudantes de cocina, trabajadoras de casas particulares y feriantes. Son rubros de una enorme informalidad y buena parte de ellos quedan cubiertos con el Ingreso Familiar de Emergencia», apunta Schargrodsky.
