El derrumbe en la cotización del crudo activó las alarmas de las compañías que operan en el país, provincias productoras y sindicatos. Reclamo de subsidios. Grandes proyectos, tanto de convencionales como no convencionales, en la cuerda floja.
30 de marzo de 2020
Vaca Muerta. Otra vez se posterga el despegue del yacimiento neuquino ante la pandemia y la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. (Lasalvia / AFP / Dachary)
El pánico financiero mundial empezó en los primeros días de marzo, con el desplome en los principales mercados de referencia del petróleo. Dos semanas después el valor de las acciones de YPF habían caído 65% en la Bolsa porteña y en la de Nueva York. La volátil cotización, con un piso de 25 dólares el barril y «picos» de 36, disparó todas las alarmas locales entre las compañías que operan en el país, las provincias productoras y los sindicatos de trabajadores del sector. Los grandes proyectos, tanto los de hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta) como los de crudo y gas convencionales, quedaron en la cuerda floja con la nueva situación.
De inmediato se disparó una propuesta: volver al «barril criollo», es decir, el precio sostén con subsidio del Estado a las empresas a partir de un determinado nivel de precios, para garantizar ingresos, inversiones y nivel de empleos. Ese esquema estuvo vigente entre 2007 y mediados de 2017, período durante el cual las firmas del sector obtuvieron precios internos superiores a los internacionales. El exministro de Energía, Juan José Aranguren, desarmó ese esquema para recortar subsidios, pero a la vez «alineó» los precios locales con los externos cuando el valor del barril superaba los 60 dólares. El marcado declive actual se debe tanto a la propagación global del coronavirus y las previsiones de enfriamiento económico, como a la guerra de precios iniciada por Arabia Saudita.
El acople de los precios locales con los externos aseguró a las compañías petroleras radicadas en el país (y a la propia YPF) una mayor rentabilidad. En principio, vía mayores precios de combustibles y tarifas de gas soportadas por los consumidores nacionales. Después, cuando se autorizaron los negocios de exportación para aprovechar la mayor producción proveniente de Vaca Muerta. Ahora que cambiaron las condiciones, la presión privada y de las provincias busca un nuevo respaldo gubernamental para mantener ganancias.
Esa demanda, sin embargo, debe compatibilizarse con el objetivo del Gobierno nacional de poner en marcha un sistema productivo y comercial más equilibrado. Por lo pronto, al evaluar la etapa de funcionamiento del «barril criollo», el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, estimó que con ese sistema «los consumidores le transfirieron a las empresas y provincias petroleras no menos de 3.000 millones de dólares, demasiado dinero para encima perder empleo y nivel de actividad».
En la emergencia, los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) mantienen contactos con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, tras advertir que la baja del petróleo podría disparar a corto plazo «una crisis social por la eventual desafectación de más de 10.000 operarios». Las diez provincias integrantes de la Ofephi son: Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Salta y Tierra del Fuego. Varios de esos distritos, en particular en la Cuenca San Jorge, registraron en 2019 una producción inferior a la de 2015, por la aguda recesión económica durante el último bienio. Pero también por la decisión del Gobierno anterior de priorizar el desarrollo de Vaca Muerta.
Una de las situaciones más críticas, según se indicó en medios especializados, es la de Santa Cruz, donde YPF emplea a más de 4.000 personas de manera directa e indirecta. Como los costos de producción en esos yacimientos son más elevados que los de otras cuencas (el break even, punto de equilibrio, ronda los 60 dólares por barril), la actividad en el norte de la provincia sería la primera en resentirse si el precio doméstico del crudo cae en línea con el internacional. También es delicada la situación en Chubut y Mendoza.
Importación
Mientras se tramitan soluciones de urgencia, el Gobierno nacional dispuso la aplicación de licencias no automáticas a la importación de petróleo crudo, gasoil y nafta para evitar que la baja de precios sea aprovechada por algunos jugadores mediante compras externas en detrimento de la producción local. Fue la primera reacción oficial tras el derrumbe de la cotización internacional del barril y apuntó a marcarle la cancha a los refinadores. Acotado ese frente, las provincias petroleras propusieron inicialmente fijar el precio del crudo en una franja de entre 50 y 55 dólares, similar al nivel de comienzos de año, admitió el ministro de Energía neuquino, Alejandro Monteiro. Para ello, según argumentan en la Ofephi, las autoridades nacionales solo deberían disponer que se mantenga el precio interno de los combustibles. Es decir, no reducirlo pese al derrumbe del crudo en Londres y Nueva York. De ese modo, argumentan los gobernadores, no habría un costo para la AFIP, ya que se mantendría la recaudación por los impuestos que gravan la venta en las estaciones de servicio. Las petroleras, a su vez, sostienen que desde abril de 2018, cuando se inició el raid devaluatorio en el gobierno de Mauricio Macri, el precio de las naftas y del gasoil en Argentina fue más bajo que en el resto del mundo.
En cualquier caso, ante la volatilidad global, nadie sabe qué sucederá con el precio del barril en los próximos meses. A la espera de una tendencia definida, el secretario Lanziani y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, confían en alcanzar «un acuerdo energético y social» con todas las provincias productoras, a partir de una actividad sustentable que no afecte los puestos de trabajo y los recursos fiscales. El acuerdo, o la decisión unilateral llegado el caso, involucrará el destino de los próximos ajustes en las tarifas de los servicios públicos (luz, gas, combustibles, transporte).
