12 de marzo de 2020
La historia se repite, los discursos, los diagnósticos y fundamentalmente las lecciones no aprendidas. A comienzos de la gestión del Gobierno anterior se dio inicio a uno de los períodos de mayor desregulación al flujo internacional de divisas que podamos registrar en nuestro país, equiparables a las políticas de la última dictadura y los más cercanos 90.
Con velocidad inusitada fueron desarmando todo el cuerpo normativo de protección a la moneda local, apoyados en la teoría de que la libertad al flujo del capital haría más atractiva la llegada de inversiones. Como era previsible, la desregulación solo les ha servido a los especuladores financieros que, aprovechando momentos de tranquilidad cambiaría se hacían de importantes ganancias en divisas ante las altísimas tasas de interés que establecía el Banco Central. La desregulación también ha sido conveniente para la fuga de divisas: el endeudamiento en montos y plazos insostenibles fue la respuesta para asegurarla.
Al descontrol se lo quería ordenar mediante depreciaciones del tipo de cambio y altas tasas de interés, con el consecuente efecto en el índice de inflación y la caída en la actividad económica. En menos de cuatro años tuvieron que reinstaurar la Administración del Mercado de Cambios, no por convicción, sino por la imposibilidad de sostener lo insostenible, una fuga permanente de capitales sin más capacidad de endeudamiento, y sin posibilidad de hacer frente al servicio de la deuda.
Para cambiar este proceso, el 10 de diciembre asumió la nueva gestión con medidas de protección a nuestra moneda, a la industria nacional, a los más afectados por la inflación y a darle sostenibilidad a los compromisos asumidos. Un cambio indispensable para poner en marcha la economía financiera y real.