Mediante una ley debatida y aprobada en el Congreso, el Gobierno pone en marcha su gestión enfocada, tal como lo había anticipado durante la campaña electoral, en atender primero a los más postergados. El desafío de la deuda externa.
27 de diciembre de 2019
Crisis. Ya no se puede pedir más esfuerzo a aquellos sectores que han recibido los más duros embates de la política económica macrista. (NA)
Comenzar por los últimos para después llegar a todos». Parece una sentencia bíblica pero nada más alejado de ello. Es una frase de Alberto Fernández que explica el concepto general de lo que será su mandato y de las políticas a aplicar.
El presidente convocó, ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 2019, a la construcción de un nuevo contrato social que sea fraterno y solidario. Y lo explicó: «Fraterno, porque ha llegado la hora de abrazar al diferente; solidario, porque en esta emergencia social, es tiempo de comenzar por los últimos, para después poder llegar a todos». La frase con la que comienza esta nota puesta en contexto. De allí que la primera reunión oficial ha sido un encuentro de trabajo del Plan Integral Argentina Contra el Hambre, y el comienzo de la distribución de las tarjetas alimentarias a los más necesitados.
La gran herramienta para iniciar estas reformas y comenzar a salir del profundo pozo en el que se ha sumergido a la economía y a la sociedad está diseñada en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Tres palabras (y conceptos) clave que están íntimamente unidos: solidaridad, reactivación y emergencia. Porque no se puede salir de la aguda crisis actual sin solidaridad, y mucho menos sin reactivación productiva. No son conceptos abstractos. Parten de la propia lógica de la política económica. Porque ¿de dónde saldrán los recursos necesarios para enfrentar las emergencias públicas en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social que la ley declara? Lo han definido los funcionarios del Gobierno: los recursos no pueden venir de una gran emisión monetaria. Tampoco del endeudamiento. Solo quedan mayores tributos, pero ¿quiénes deben soportarlos? ¿Todos los argentinos? La respuesta es un rotundo «no». Ya no se puede pedir más esfuerzo a aquellos sectores que han recibido los más duros embates de la política económica macrista. El enfoque que sobrevuela estas medidas puede asociarse con el expresado por el papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: «Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo».
Decisiones
Un tema esencial para encarar la emergencia es resolver el problema de la cuantiosa deuda externa, contratada principalmente en los últimos cuatro años. Tanto la deuda privada, mayoritariamente en dólares y a cortísimo plazo, como los 44.500 millones de dólares desembolsados por el FMI generan un cronograma de cancelaciones que, en las condiciones de la economía que recibió el actual gobierno, resultan impagables.
Aún restan desembolsar 12.500 millones de dólares del FMI, pero el presidente Fernández fue claro: no se tomarán más fondos del organismo, puesto que no se puede seguir incrementando el endeudamiento. De allí que en la Ley se faculta al Gobierno a «crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos». Es decir, la renegociación de la deuda consistente con el resto de los objetivos económicos y sociales que determine el Gobierno argentino, y no los programas del FMI, como bien se aclaró desde el Ejecutivo.
Para enfrentar las distintas emergencias se requiere incrementar los gastos, orientados principalmente a las personas de menores o nulos ingresos y, como contrapartida, reorganizar los ingresos fiscales para que los sectores más beneficiados aporten en mayor medida. Es decir, dotar de mayor progresividad al sistema tributario. Recordemos la tríada: solidaridad, reactivación y emergencia.
En el caso del gravamen a los bienes personales, se retrotrae la baja impuesta durante el gobierno macrista y se vuelve a las alícuotas de 2015, con la posibilidad de duplicar la alícuota máxima (1,75%) para los bienes en el exterior. Sin embargo, esa duplicación podrá disminuir en el caso de los activos financieros que se repatrien. Objetivo: aumentar la recaudación, revivir uno de los tributos más progresivo y tender al reingreso de divisas. También se incrementan los impuestos internos a los automotores, aeronaves y embarcaciones. En el caso de los automóviles, tiene por objeto promocionar la producción nacional, ya que, de los once modelos producidos en el país, solo uno sería alcanzado por este tributo.
El impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria se aplicará a las compras de divisas para atesoramiento, así como a aquellas compras en el exterior con tarjetas de débito o crédito que se realicen en dólares. El monto es del 30%, y es también otro tributo progresivo. Ante las críticas que se han realizado por el encarecimiento de los viajes al exterior, puede citarse que durante el gobierno de Cambiemos el dólar aumentó un 500%, mientras que los ingresos de las clases medias y medias altas se incrementaron mucho menos que tal porcentaje. La idea es que ayude a fomentar el turismo en nuestro país.
Retomando la frase inicial, «para llegar a todos» es un objetivo alcanzable, porque al comenzar la «reactivación productiva», todos ganarán, incluso quienes pagarán mayores tributos para sostener un sistema fiscal más solidario y progresivo. Un cambio copernicano respecto a las políticas que nos rigieron durante estos últimos cuatro años, que beneficiará a toda la sociedad con más crecimiento productivo y equidad distributiva.
