30 de enero de 2019
El FMI señala en uno de sus informes que Argentina tiene «instituciones laborales rígidas» y sugiere, entre otras cuestiones, «reducir los montos de indemnizaciones y limitar la cobertura de los convenios colectivos de trabajo». En sintonía, el presidente Macri manifestó hace poco que Argentina necesita una reforma laboral que «libere las ataduras» y la «rigidez» que lleva a la economía a perder empleos.
Sin embargo, experiencias muy disímiles como las de Brasil o Francia, dan cuenta de la ineficacia de estas medidas para generar más empleo. Lo que sí se destaca en estos países es el deterioro de las condiciones laborales. En el caso brasileño, a más de un año de haberse adoptado una profunda «flexibilización laboral», la tasa de desempleo se mantuvo elevada, se registraron más despidos que contrataciones y estas últimas solo fueron temporarias.
En Francia, las masivas manifestaciones en contra de la reforma laboral de Macron, ilustran las consecuencias negativas de una ley que afectó la jornada de 35 horas semanales, facilitó los despidos «por motivos económicos» y fijó límites a las indemnizaciones.
En Argentina, la destrucción de empleo industrial de los últimos tres años coincide con una «flexibilización de hecho» en la que se ampliaron las modalidades de empleo tercerizado y de contratación de trabajadores independientes. Una arista de la estrategia de inserción internacional que persigue el actual gobierno.
La idea de fondo es reducir los «costos laborales» a través de la pérdida de derechos de los trabajadores y generar mayores ganancias para las empresas. Un modelo que se avaló en el Presupuesto 2019, con fortísimos recortes en infraestructura escolar e innovación y desarrollo. Muy lejos de la búsqueda de una Argentina que apueste a la inversión en tecnología y al desarrollo de la capacidad de sus trabajadores.
