La política fiscal que lleva adelante el gobierno tras el acuerdo con el FMI implica recortes en áreas sensibles que impactan de lleno en el conjunto de la población. Una de las víctimas es el sistema científico-tecnológico-universitario nacional.
8 de agosto de 2018
En retroceso. La discontinuidad de proyectos y los despidos de personal, tanto en el Invap como en Atucha, tendrán efectos negativos. (Gobierno de Río Negro)
Las condicionalidades del acuerdo stand by con el FMI incluyen un fuerte ajuste fiscal para los próximos tres años, con una poda del gasto público en 2019 que alcanzaría un 15% en términos reales. El compromiso del gobierno argentino comprende recortes en obra pública, subsidios, salarios estatales, seguridad social y transferencias a las provincias. «La Nación hará el mayor esfuerzo», resaltan los ministros Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, sin embargo, el planteo es engañoso porque esos recortes impactan en toda la población del país. Los trabajadores que cobran menos asignaciones familiares o pagan más impuestos a las ganancias, aquellos que pierden su empleo por la paralización de la obra pública, los usuarios que destinan un porcentaje creciente de su presupuesto familiar para abonar las facturas de servicios públicos, los jubilados que reciben menos aumentos, no viven en la Luna, sino en las provincias o en la Ciudad de Buenos Aires. Este deterioro social multiplicará, sin dudas, las demandas sociales básicas en el territorio, lo que explica por qué los gobernadores (incluidos los «opo-oficialistas») observan con recelo los borradores del Presupuesto 2019. La magnitud del ajuste anticipa un arduo debate de la denominada Ley de Leyes.
Una de las víctimas del ajuste será el sistema científico-tecnológico nacional; si bien el retaceo de fondos fue una constante desde diciembre de 2015, el panorama promete agravarse.
Energía e investigación
El kirchnerismo recibió un sistema desmantelado (éxodo de investigadores, congelamiento y envejecimiento de la planta de personal de los institutos científicos) enmarcado en una inédita crisis económico-social, escenario que fue revertido con políticas y recursos. El investigador Roberto Salvarezza explica en el artículo «Despilfarrando la herencia: ciencia, tecnología e innovación en la nueva etapa neoliberal», que «en 2004, el gobierno tomó la decisión política de aumentar el salario de los científicos en un 50% y otorgar 400 cargos de investigadores y 1.300 becas, luego de largos años durante los cuales se otorgaban en promedio 100 y 200 respectivamente, frenando el éxodo y cambiando las expectativas de los científicos».
Hitos de esa recuperación fueron el crecimiento de la planta del Conicet de 3.600 investigadores y 1.800 becarios en 2003 a 9.000 y 10.000 (respectivamente) en 2015; aumento de la red de institutos (de 100 a 230), repatriación de más de 1.200 científicos, construcción de 150.000 metros cuadrados de nuevos laboratorios e instalaciones científicas, creación del Instituto Max Planck-Conicet en biociencias, fabricación de radares y satélites, Plan Nuclear, creación de YTEC, empresa dedicada a la investigación y desarrollo en energía.
La asunción de Mauricio Macri marcó un punto de inflexión en ese terreno, con recortes en los ingresos al Conicet, falta de actualización de salarios y becas, menor presupuesto educativo, suspensión del Plan Nuclear, debilitamiento del Invap, entre otros. Por caso, el anuncio reciente de la discontinuidad del proyecto Atucha III tendrá múltiples impactos negativos: la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales proveedoras de ingeniería y componentes; la puesta en peligro de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP); la fuga de cerebros de los egresados del Instituto Balseiro; el debilitamiento de la matriz energética. En estos días, la firma estatal Nucleoeléctrica anunció el despido de 232 trabajadores encargados de la construcción de Atucha III. Por su parte, la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) comunicó suspensiones de personal.
El caso del Invap (Investigaciones Aplicadas) es otro ejemplo paradigmático del retroceso tecnológico en curso. La empresa pública rionegrina es reconocida en el mundo por sus satélites, reactores de investigación, equipos para medicina nuclear y antenas de vigilancia. A pesar de dicho reconocimiento internacional, el Invap está pasando horas muy difíciles. La deuda acumulada del Estado Nacional ronda los 1.000 millones de pesos, generando atrasos en el pago de los sueldos de sus 1.500 empleados. Los planes de desarrollo estratégico de la empresa (proyecto geoestacionario Arsat 3, fabricación de radares y aviones no tripulados, proyectos nucleares, provisión de insumos para la Televisión Digital Abierta) fueron «congelados» por decisión política del gobierno nacional. Así lo anunció Macri en su reciente visita a Bariloche, donde aseguró que se discontinuarían los contratos vigentes entre el Estado Nacional y el Invap. «Los contratos que tenía la Nación en Invap eran de la época de la magia (en alusión al gobierno de Cristina Kirchner) y la plata no está», sostuvo el presidente. Dichas declaraciones provocaron revuelo en la comunidad científico-tecnológica, mientras que las autoridades del Invap aclararon que los contratos «en revisión» (eufemismo para expresar que no se llevarán adelante) no incluyen a los quince que están pendientes de ejecución.
