El dirigente cooperativista y diputado nacional por el Partido Solidario va a las elecciones de octubre por un nuevo mandato en la lista Unidad Porteña. Analiza la gestión macrista y plantea los ejes para enfrentar las políticas del oficialismo que considera perjudiciales para los argentinos.

27 de septiembre de 2017

–El gobierno nacional prepara un paquete de medidas, con ajustes, reformas laborales, previsionales…
–El gobierno y lo que algunos llaman el establishment, y otros denominan el círculo rojo, vienen dando señales. Aparecen los gurúes, los economistas, los representantes de los grandes bancos internacionales, que dicen que «el mercado está esperando señales concretas de que van a avanzar en las reformas estructurales». Más claros no podrían ser. El gobierno ha instalado también una falsa opción entre ajuste gradual o shock. Y esas no son opciones. La discusión verdadera es ajustar o no ajustar. Es decir, ¿Argentina necesita un ajuste o no lo necesita? En la concepción de este gobierno, con este perfil impositivo y con este costo laboral, Argentina no es un buen destino para las inversiones que buscan optimizar la rentabilidad. Simplemente se trata de eso, a modo de ejemplo, paradójicamente, en las renegociaciones del NAFTA, Estados Unidos y Canadá le piden al gobierno mexicano que suba los salarios mínimos, porque México hace competencia desleal con los otros dos países que tienen salarios más altos. Esto ha sido un caballito de batalla de Donald Trump en su campaña. Nuestro gobierno dice que si queremos que las inversiones vengan, hay que bajar el costo laboral, porque nuestro costo es mucho más alto que el de Brasil o Chile. Los funcionarios dicen también que se debe hacer una reforma impositiva de modo que sea más rentable para las empresas invertir en nuestro país. Pero bajar los impuestos plantea un desequilibrio, y es allí donde aparece el ajuste. Si se bajan impuestos en un escenario de déficit fiscal, hay dos opciones: o el gobierno se sigue endeudando o ajusta el gasto. Así de sencilla es la ecuación. Hasta ahora hicieron ajustes en ciertos rubros y han cubierto el déficit fiscal con deuda. Pero esa deuda va engrosando el déficit fiscal, porque genera mayor costo por intereses. Cuando se mira el gasto público, se ve que la seguridad social es una parte importantísima del gasto público, otra parte es el subsidio a servicios públicos y otra parte la transferencia a provincias. Son los tres grandes rubros, además de educación y salud. Esta estructura indica que el ajuste puede venir muy probablemente del sistema previsional. ¿Cómo harían este ajuste? Alargando la edad para jubilarse o modificando la fórmula de indexación de los haberes jubilatorios para que el valor en moneda constante se vaya reduciendo, o ambas cosas a la vez.  Es muy probable también que después de las elecciones el gobierno avance con una reforma laboral que, como mínimo, disminuiría los aportes patronales a la seguridad social. Al principio es algo que mucha gente podría percibir como indoloro, porque no hay un efecto inmediato. Pero esta medida genera el desfinanciamiento del sistema previsional y en un par de años dirán que no es sustentable, como ya ha pasado en otro momento. También están negociando los topes indemnizatorios, las vacaciones o la extensión de la jornada laboral. Los funcionarios del gobierno nacional llaman «costos» a todos estos derechos adquiridos. Es probable que se intente avanzar en estos temas y, además, se profundice la apertura de la economía, con el argumento, por ejemplo, de que gracias a que se abrió la importación de computadoras, los argentinos podemos comprar computadoras más baratas.
–Hay algo de película ya vista en este panorama. ¿Cómo puede ser que exista un importante apoyo a estas políticas cuando ya vivimos lo que ocurrió antes?
–Según los datos de las recientes elecciones primarias, esta política tiene el apoyo de un tercio de la población, no tiene mayoría. Lo que sucede es que se le presenta a la ciudadanía un conjunto de opciones que parecen opositoras, pero para distribuir los votos opositores. De esa forma, el voto de apoyo al gobierno aparece como el más grande, porque el voto opositor aparece dividido. Pero no es cierto que la mayoría de la ciudadanía apoye las políticas del gobierno en esta elección de medio término, donde claramente se está poniendo en juego el juzgamiento de las políticas que se llevaron adelante. Hay dos tercios que votaron propuestas verbalizadas como opositoras. Tengo una opinión sobre cómo han actuado diputados y senadores electos como opositores y que han acompañado la sanción de las leyes. Y doy un ejemplo porteño: Martín Lousteau, exembajador de este gobierno en Estados Unidos, quiere participar en la interna oficialista, no lo dejan y se convierte en un opositor porteño pero oficialista a nivel nacional. Es candidato a diputado nacional y hace su campaña hablando de la gestión de la Ciudad, pero de los problemas del país no habla. Lo más llamativo es que su segunda candidata, Carla Carrizo, es integrante del interbloque Cambiemos. Va por una lista supuestamente opositora y si resultara electa, va a votar todas las leyes que el macrismo necesita, al igual que Lousteau. Por eso no acepto la idea de que la mayoría de la ciudadanía acompañe a este gobierno. Hay dos tercios que han elegido distintas opciones para decir que están en desacuerdo. Habría que discutir si todas esas opciones son verdaderamente opositoras o no. Pero eso no tiene que ver con la ciudadanía, sino con lo que se instala, con los medios de comunicación, con la falta de concordancia entre los dichos y las actitudes. Los candidatos a diputados nacionales de Unidad Porteña hemos firmado un «Compromiso Ciudadano» que establece qué cosas nos comprometemos a no votar jamás. Porque hay dos tiempos, el de la campaña electoral, que es cuando hay que lograr voluntades, y el tiempo del «opoficialismo», ya elegidos, que es cuando se vuelven «razonables» o «racionales» para supuestamente garantizar la gobernabilidad.
–¿Cómo es la construcción desde el Partido Solidario en Unidad Porteña (UP)?
–Nosotros hoy podemos analizar casi dos años de gestión macrista en los que se puede ver claramente cómo votamos cada proyecto y cómo nos hemos comportado respecto de nuestras propuestas y nuestro compromiso. Eso lo podemos exhibir como un valor. En la Ciudad está claro que hay un oficialismo con Elisa Carrió como candidata y hay varias fórmulas donde la principal ha sido la lista de Unidad Porteña que claramente aparece confrontando con la propuesta del macrismo. Visto el resultado de las PASO, lo que se va a votar es si entra al Congreso el cuarto candidato de UP, el segundo de Evolución o el noveno de Vamos Juntos. No si van a entrar Carrió o Filmus o Lousteau.

–Unidad Porteña se referencia en el liderazgo de Cristina Fernández, que se plantea como eje de la oposición, ¿cómo se siente en ese espacio?
–Quiero resaltar que esta es una elección legislativa, no la del candidato para 2019. Creo que de aquí a 2019 el espacio de quienes nos oponemos a este proyecto tiene que ir conformando la posibilidad de construir una mayoría capaz de volver a ser gobierno. Para eso hay un tiempo. Cristina es una referente indudable de ese espacio, pero discutir hoy candidaturas de 2019 es una trampa. En la provincia de Buenos Aires lo que se está decidiendo es si Gladys González o Jorge Taiana llegan al Senado, es decir, si hay un senador más que va a cuestionar este proyecto o una que lo va a defender. También se juega la correlación de fuerzas en Diputados, Legislatura Provincial y concejos deliberantes. Y también está claro que votar cualquiera de las otras opciones que se presentan facilita el resultado favorable al oficialismo. Si el voto opositor se dispersa, se beneficia el oficialismo. Con Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires se fortalece la verdadera oposición en el Congreso.
–Un eje de la campaña es el tema de la corrupción y Cristina Fernández está en medio de varias acusaciones.
–Repito lo que siempre digo: no hay corrupción de izquierda o de derecha. La corrupción debe ser sancionada con dureza siempre. Pero instalar que el deleznable hecho de los bolsos de López es más grave que los 350.000 millones de dólares fugados al exterior que no han pagado impuestos es una falacia. El primero es deleznable y grosero que ofende e irrita porque se lo ve y por lo que significa, y el segundo lo es a través de medios electrónicos y no visualizados, con un impacto distinto porque carece de la instalación mediática crítica. Hubo un blanqueo en Argentina que excluía a parientes de funcionarios, fue una condición principal para que se aprobara la ley. Pero luego se los incluyó por un decreto. Posteriormente se instaló una discusión, porque trascendieron nombres y cantidades que blanquearon miembros cercanos de la familia y amigos del presidente. No se discutió cómo puede ser que esta gente blanqueó, se discutió cómo puede ser que se filtró la información.
–El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que los funcionarios tienen derecho a tener dinero en el exterior.
–Legalmente tienen derecho, el tema es si es éticamente aceptable. Lo que Dujovne defiende es que no tiene plata escondida, lo que uno podría preguntarse es: ¿cómo alguien que maneja las finanzas de un país no confía en las reglas de su propio gobierno? Hay un tema en cuanto a la corrupción, yo no conozco en detalle, pero a Cristina no le han encontrado ninguna cuenta en el exterior y a varios de los funcionarios actuales, montones de sociedades, cuentas, empresas. Si el problema de la gestión anterior era la corrupción, podríamos preguntarnos: si en 2015 había un déficit fiscal de 1,8%, el desempleo era 5,9%, la deuda pública 13% del PBI, la actividad económica creció 2,6% y supuestamente se robaban todo, y de los que vinieron después se sostiene que no se roban nada, ¿por qué empeoramos? Si solo se trataba de dejar de pagar sobreprecios, tendríamos que haber ido mejorando en todos los aspectos y no pasó eso, aumentó el déficit, subió el desempleo y el endeudamiento, se achicó el país. Algo no anda bien en ese análisis.
–¿Cómo afecta este escenario al sistema financiero?
–Yo diría que el sistema financiero tiene una pérdida de volumen por el traslado de muchos inversores que van a las Lebac. Hay una competencia de la bicicleta financiera que termina desfinanciando al sistema bancario. Como se venía con muchísima liquidez, eso todavía no se nota, ni es un problema, ni es una amenaza en el corto y mediano plazo. Pero hay muchísimas personas y empresas que utilizaban el sistema financiero para ahorrar o mantener sus inversiones y hoy están en las Lebac. No hay ninguna actividad productiva que rinda tanto como las Lebac. En el indicador más sensible que tenemos, que es el de la morosidad, no se advierten signos de deterioro importante. Está un poquito más alto que los valores históricos, pero todavía no es un dato que preocupe. Pero hay otras cosas que llaman la atención y que pueden ser señales de problemas a futuro. Hay muchísimos embargos de la AFIP y de ARBA a cuentas de pymes que tienen problemas impositivos y están siendo atacadas judicialmente. Eso ha crecido. En verdad, el mayor problema no es el sistema financiero sino el productivo. Las pymes están siendo atacadas por la caída del consumo y la competencia de la importación, y eso alimenta un círculo vicioso muy perverso.
–Un tema preocupante en este período es el contexto represivo y el retroceso en materia de derechos humanos, con la detención de Milagro Sala y la desaparición de Santiago Maldonado, como casos salientes. ¿Comparte esta preocupación?
–Históricamente los programas de ajuste han venido acompañados de represión porque, como yo decía en los 90 y lo digo actualmente, el único límite que tienen los ajustes es la capacidad de resistencia de los ajustados. Casi como una constante de esos programas, uno tiene que imaginar que van a ir acompañados de medidas de coerción de distinto tipo. En ese escenario están los casos paradigmáticos como Milagro Sala y Santiago Maldonado. Es llamativo el caso de Milagro Sala: ¿a qué genocida le han hecho lo que a esta militante social? Con la humillación de esa construcción vigilada, la garita, la tanqueta, que solo tienen un sentido intimidatorio y humillante. Con lo de Maldonado el gobierno y los medios concentrados instalan una intrusión «ilegal» mapuche en los territorios «legítimos» de Benetton. El fondo de la cuestión está ubicado allí. Son situaciones graves, pero también hay que decir lo saludable que es ver cómo ha reaccionado la ciudadanía ante el 2×1 o ante lo de Santiago Maldonado. Hay una reserva considerable de defensa de los derechos humanos en la sociedad argentina, que puede parecer aletargada; pero cuando se producen estos hechos, se genera una reacción espontánea, inmediata y multitudinaria.

Fotos: Horacio Paone