27 de octubre de 2023
El Gobierno ratificó el subsidio a pasajes de trenes y colectivos, rechazado por la oposición, aunque habilitó la opción voluntaria de pago de la tarifa plena.
Aporte estatal. Solo en el AMBA circulan en transporte público diariamente más de 4 millones de personas.
Foto: Jorge Aloy
El ataque a los derechos lanzado por los candidatos liberales y de ultraderecha durante la actual campaña electoral incluyó propuestas de eliminación selectiva de subsidios. La idea de recortes planteada por los opositores al Gobierno se enfocó en un dispositivo clave de lo que se conoce como «salario indirecto»: el aporte estatal que permite morigerar el peso de las tarifas del transporte público. Ese mecanismo −justificado a partir de consideraciones de eficiencia económica y equidad distributiva– se traduce en una mejora de los ingresos de trabajadores (tanto formales como informales) y de las familias.
En ese contexto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció que los pasajeros podrán renunciar a esos subsidios y abonar la tarifa plena. En el caso específico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde circulan diariamente más de 4 millones de personas, el pasaje de colectivo para quienes desestimen la ayuda estatal, pasaría a ser de 700 pesos por viaje, cuando el precio con subsidio en la actualidad es de entre 52,96 peso (mínima) hasta 72,61 pesos (máximo). A su vez, el pasaje ferroviario se expendería por 655 pesos y 1.100 pesos cuando, en base a los números informados por el ministro, los valores actuales (subsidiados) son de entre 11,57 pesos y 52,95 pesos en el AMBA; de 79 pesos en el caso de Salta; 105 pesos en el circuito Resistencia-Los Amores, en Chaco; y 180 pesos en Rosario-Cañada de Gómez, Santa Fe.
«Algunos dirigentes −explicó Giuliano− plantearon que no es necesario el subsidio al transporte, por eso estamos dando la opción de que cada usuario pueda informarse qué significa no tener ese beneficio, conocer los montos». Mientras, «quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada». El funcionario añadió: «El subsidio al transporte es una política de Estado a la que nosotros adherimos y llevamos adelante en todo este tiempo y queremos sostenerlo fuertemente porque tiene efectos en el salario». Concretamente, «achata los costos de las tarifas, permite que los trabajadores puedan ser asistidos por el Estado y fomenta el uso del transporte público».
En la primera semana de vigencia de la opción, menos de un centenar y medio de usuarios en el AMBA y un centenar en el ámbito nacional eligieron pagar la tarifa plena. Eso, mientras cada día se registran más de 10 millones de transacciones con la tarjeta SUBE en la misma región.
Rechazos
El argumento reiterado desde Juntos por el Cambio (JxC), como por integrantes de La Libertad Avanza, es que los subsidios al transporte de pasajeros forman parte de un uso de recursos públicos «excesivo», que deriva en déficit fiscal y emisión monetaria, y termina por alentar la inflación. El debate, por cierto, elude referir el costo social que implicaría descargar sobre los usuarios la tarifa plena de esos servicios. La decisión de habilitar la renuncia opcional a los subsidios fue acompañada con la difusión, mediante afiches y carteleras electrónicas en paradas de colectivos y estaciones de trenes, sobre cuánto costarían los pasajes sin aporte estatal. Lo cual mereció una denuncia judicial de JxC por la supuesta «campaña sucia», a fin de lograr el cese inmediato de «la emisión de anuncios publicitarios vinculados al programa». Por lo pronto, se aclaró que la renuncia al subsidio implica además la pérdida de todos los beneficios asociados a la SUBE. Es decir, el Atributo Social Federal que aplica un 55% de descuento en la tarifa para casi 5 millones de usuarios de todo el país; el beneficio de la Red SUBE, descuento para quienes realizan trasbordos en distintos medios de transporte (en el primer viaje se paga el valor total del pasaje, en el segundo un 50% menos y a partir del tercero un 75% menos); y los Atributos Locales definidos por las jurisdicciones donde la tarifa se abona con SUBE. La alternativa de renuncia al subsidio abarca al sistema de transporte público de jurisdicción nacional, es decir, líneas de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y otras pocas líneas urbanas interjurisdiccionales. Sin embargo, el Gobierno adelantó que invitará a las provincias a que implementen un registro similar para los usuarios de las 53 jurisdicciones que hoy cuentan con el sistema SUBE.
La decisión del Gobierno de mantener el actual sistema, ratificada por el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, se complementa con el objetivo de podar otros subsidios al sector privado. Se trata de aportes fiscales y presupuestarios que engrosan los ingresos de grupos empresarios concentrados por un monto equivalente a 4,8% del producto interno bruto. Para alcanzar en 2024 un superávit fiscal de un punto del PIB (en vez de un déficit del 0,9%, como contempla el proyecto elevado al Parlamento), Massa anticipó que será revisado ese «paquete de beneficios tributarios».
