6 de agosto de 2014
Con gran respaldo internacional, la respuesta argentina al fallo y a la mediación dispuesta por el juez estadounidense pone en cuestión la lógica de la especulación financiera.
Nueva York. El ministro Axel Kicillof explica la estrategia oficial ante la prensa. (Presidencia)
La larga lista de críticas hacia el fallo del juez del Segundo Distrito de Nueva York, Thomas Griesa, sigue sumando adhesiones de países, entidades internacionales de primer nivel y académicos; muchos de ellos amigos de Argentina, pero muchos otros que no tienen ningún lazo con nuestro país, o incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional que desaprueban las políticas de nuestro gobierno.
Las críticas al fallo Griesa no sólo surgen por su más que peculiar interpretación de la cláusula pari passu, sino por sus nocivos efectos sobre las futuras renegociaciones de deuda a nivel internacional. Si menos del 1% de los acreedores obtienen condiciones extraordinarias, mucho mejores que las que aceptaron voluntariamente el 92,4% de los acreedores que entraron a los canjes 2005 y 2010, ya nunca más ningún acreedor querrá aceptar quitas en las deudas de países que están con problemas de solvencia, situación que recientemente ha sido bastante extendida en varios países de la Unión Europea.
Griesa no sólo estableció que Argentina debía pagar cerca de 1.500 millones de dólares a los demandantes buitre. Ordenó, además, que ese pago debía hacerse en la oportunidad que nuestro país realizara cualquier pago a los acreedores de la deuda reestructurada en 2005 y 2010, lo que indica que ya desde el inicio perseguía el objetivo de que Argentina cayera en default, además de tomar de rehenes a terceras partes que no tienen nada que ver con la demanda. Cabe mencionar al pasar que la denominación «fondos buitre» está lejos de ser una definición acuñada en nuestro país, dado que es utilizada internacionalmente desde hace ya casi una década El pronunciamiento de Griesa colocó a Argentina en una encerrona, ya que cualquier decisión que tomara la llevaría a una situación crítica: 1. Si cumple con el fallo, el resto de los tenedores de la deuda defaulteada en 2002 pueden reclamar igual tratamiento que el que se dio a los fondos buitre, por lo que nuestro país se enfrentaría a demandas de pago por cerca de 15.000 millones de dólares (la mitad de nuestras reservas internacionales). Pero además, si realiza el pago según la sentencia de Griesa, los acreedores que entraron al canje, ese 92,4%, podrían exigir iguales condiciones en aplicación a las hoy famosas cláusulas RUFO (sigla del inglés rights upon future offers, es decir, derechos sobre futuras ofertas), lo que llevaría a demandas potenciales que oscilarían entre los 120.000 y los 500.000 millones de dólares. En forma simplificada, las RUFO establecen que ante cualquier oferta voluntaria que haga la Argentina hasta el 31 de diciembre de este año a los bonistas que no fueron incluidos en las reestructuraciones anteriores, los tenedores de bonos reestructurados podrán requerir que se igualen sus condiciones a las del nuevo acuerdo. Y si bien las RUFO establecen que la oferta debe ser voluntaria, nada garantiza que cualquier juez de distrito pueda argumentar que, aun en cumplimiento del fallo, la oferta caería dentro de esa categoría. 2. Si no pagaba a los buitres en 30 días, caía en default.
En síntesis, no había salida aparente alguna. Pero las decisiones del gobierno argentino fueron inteligentes: pagó antes del 30 de junio a los bonistas reestructurados por cerca de 1.000 millones de dólares, de los cuales 539 millones fueron al Bank of New York (BoNY) y quedaron retenidos allí por el fallo de Griesa. Al pagar, Argentina cumplió, y puso la pelota en el campo del juez y de las entidades pagadoras, porque ese dinero depositado ya no es de Argentina, sino de una multiplicidad de bonistas, bajo ley de Nueva York pero también europea y argentina, nominados en dólares, euros y yenes, que vieron que sus pagos quedaron en el «cepo» impuesto por Griesa. No era lo que esperaba el juez neoyorquino. Él aspiraba a que Argentina entrara voluntariamente en default.
La posición del Gobierno fue clara: cumplir con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa, legal y sustentable. De allí que en el proceso de mediación haya ofrecido a los demandantes entrar al canje, ya que, teniendo en cuenta que compraron la deuda a precios irrisorios, obtendrían ganancias cercanas al 300%. Esta oferta es la permitida por la legislación argentina y las cláusulas RUFO. Pero los demandantes no la aceptaron, pues no quieren obtener un centavo menos de lo que le concedió el juez: ganancias de hasta el 1.600% en seis años. Dado que Argentina pagó, no puede entrar en default. A pesar de que las agencias calificadoras así lo establezcan definiéndolo como «técnico» o «selectivo». Como explicó el Ministerio de Economía en su comunicado del 1º de agosto «dentro de las previsiones que figuran en el prospecto (…) bajo el rótulo “Casos de Incumplimiento”, ninguno de ellos refiere a un bloqueo de cobro por parte de un juez», sino que a esto último se lo considera en el mismo prospecto como un factor de «riesgo de cobro».
El Gobierno ya expuso su postura: «No firmar nada que hoy parezca una solución y en unos años genere millones de problemas»; también ejercerá las acciones legales pertinentes por la retención de los fondos en el BoNY. Restan los acuerdos entre privados que pudieran lograr que los buitres soliciten la cautelar, habilitando el pago de los fondos retenidos con el «cepo de Griesa». Pero eso queda en la órbita de los intereses de los actores privados.
Que «los mercados» consideren a Argentina en un «default que no es» no resulta gratuito para nuestro país, pero está muy lejos de configurar una situación caótica. Mucho menos cuando Argentina demuestra solvencia al realizar en tiempo y forma el pago comprometido con el Club de París por 642 millones de dólares a fines de julio.
—Alfredo T. García
