12 de agosto de 2015
Prácticas arraigadas en el campo argentino tienden a naturalizar la precariedad laboral y la existencia de casos de trata, reducción a servidumbre y explotación de menores. Las deudas del Estado.
Misiones. El RENATEA encontró decenas de trabajadores yerbateros que vivían en carpas hechas con bolsas, sin agua potable ni baños.
El trabajo rural suele estar asociado con estereotipos culturales sin demasiada relación con las características del presente. Tampoco con la historia, a la luz de los conflictos del pasado y de condiciones que incluían jornadas laborales de 16 horas. El avance de la tecnología parece contribuir también a invisibilizar la situación del sector. Pero en cuanto se despejan las imágenes bucólicas emerge un cuadro en el que todavía se desconoce la cantidad exacta de trabajadores y donde son frecuentes los episodios de trata de personas con fines de explotación laboral, el trabajo infantil y la reducción a la servidumbre.
Uno de los casos más resonantes fue el de la estancia del Grupo Etchevehere, en la provincia de Entre Ríos, donde una inspección del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) encontró a dos peones «en situación de reducción a la servidumbre, analfabetos, alojados en una vivienda sin agua y sin luz y con más de 30 años en el establecimiento». El organismo detectó más de 700 personas en situación de trata con fines de explotación laboral y 50 menores en situación vulnerable durante los últimos 2 años.
«En el sector agrario relacionamos la trata con las migraciones, internas o de países limítrofes. Para que se configure el delito, los trabajadores tienen que haber sido captados bajo engaño y trasladados a otra parte. Son prácticas arraigadas, año a año, cosecha a cosecha. Básicamente lo que hacen es contratar a personas para un trabajo que no se cumple y además generan mecanismos de endeudamiento, como cobrarles la comida, lo que está prohibido por la ley», explica Vivian Espejo, coordinadora de políticas de inclusión del Renatea.
«Las agencias de colocaciones están prohibidas, pero hay un sistema de cuadrilleros, o cabecillas como les llaman, que actúan como reclutadores de los casos de trata. En Concordia, por ejemplo, en la época de cosecha de arándano, la ciudad está ocupada por trabajadores que esperan ser empleados. Son formas de precarización que hay que desmontar», agrega Espejo. La naturalización de los abusos remite «a una larga ausencia del Estado», un problema que precisamente se propone conjurar el Renatea, organismo creado en 2011 después de la sanción de la ley del peón rural.
El Renatea «significa la recuperación para el Estado de una potestad de control, de fiscalización y de capacitación que nunca debería haber perdido», destaca Espejo. Hasta su creación las inspecciones estaban tercerizadas en manos de una empresa a la que se destinaban fondos aportados por los propios trabajadores. «Desde fines de 2012, por denuncias o por inteligencia inspectiva, comenzamos a detectar los casos de trata laboral en el sector agrario. Pensábamos como hipótesis que el fenómeno se producía en los lugares donde había cosecha estacionaria, que dura 25 días, pero recientemente encontramos en Salta las mismas condiciones en un criadero de cerdos, donde el trabajo es estable», señala la funcionaria.
Las fiscalizaciones se realizan en establecimientos rurales de todo el país en forma conjunta con otros organismos nacionales y con organismos provinciales. «Encontramos trabajo no registrado y situaciones de vulneración de derechos, trabajo infantil, reducción a la servidumbre, trabajadores sin sus documentos o con sus documentos retenidos e incluso gente que a veces no sabe en qué provincia está», dice Espejo. En San Juan recibieron la denuncia de un grupo de trabajadores tucumanos que «decidieron dormir afuera de la pocilga que les habían dado para alojarse porque era más peligroso dormir adentro por los insectos que había»; en San Pedro, provincia de Buenos Aires, «encontramos trabajadores que habían cazado liebres para comer».
Derechos vulnerados
El trabajo infantil es frecuente en la recolección de arándano y de la yerba mate y en la horticultura en general, pero «se lo ha detectado en todo tipo de actividades», dice Agustina Sforza, técnica del Renatea. «La justificación de los familiares, cuando los acompañan, es que no tienen con quién dejarlos. El trabajo a destajo, además, implica que el pago sea por la cantidad que se cosecha; mientras más mano de obra hay más se va a cobrar y entonces el trabajador lleva a su mujer y a sus hijos», agrega. Las situaciones no son fáciles de resolver: en Metán, provincia de Salta, los inspectores encontraron a un menor discapacitado de 14 años, que trabajaba en un criadero de cerdos y dormía con los animales; al ser reintegrado a su casa en Taco Pozo, en Chaco, «los familiares querían que volviera a trabajar porque decían que iba a estar en mejores condiciones y porque necesitaban dinero; hasta hoy Renatea está trabajando para darles otras posibilidades».
Vivian Espejo pone énfasis en que la penalización por el trabajo infantil alcanza a los empleadores y a los intermediarios, no a sus familiares. «No hay excusas, lo que hacen es reemplazar trabajo adulto, que debería estar registrado, por trabajo infantil. Hablamos de establecimientos agropecuarios donde la facturación tiene varios ceros», subraya.
Las relaciones laborales en el campo argentino tienen un parteaguas entre 1943 y 1944, cuando el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el estatuto del peón y reguló las condiciones de trabajo y salario en las cosechas, según explica el historiador Adrián Ascolani, autor de El sindicalismo rural en la Argentina (2009).
«El estatuto del peón humaniza el trabajo agrario. Se dirige a los peones fijos en las chacras y en las estancias, y les asegura un piso de salarios, condiciones de vivienda, indemnizaciones, incluso vacaciones y servicios de asistencia básica de salud, derechos que antes ni siquiera eran tenidos como metas por el sector. Previamente la práctica era que cuando el sindicato consideraba que los salarios estaban bajos elevaba un pliego de condiciones y normalmente declaraba la huelga cuando los empresarios no lo aceptaban. Casi por regla el reclamo terminaba en algún tipo de enfrentamiento violento porque intervenían rompehuelgas contratados sobre todo por las casas cerealistas o alentados por las sociedades rurales», dice Ascolani.
En la década de 1950, la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores centralizó el gremialismo rural y en la siguiente la mecanización se intensificó en las cosechas de maíz y de trigo, por lo que disminuyó la demanda de trabajadores. «Hay también un recambio demográfico porque aquellos que se empleaban en el campo se radicaron en las pequeñas ciudades rurales o en los grandes centros urbanos y fueron reemplazados por migrantes del interior, con lo que se perdió la conexión con el pasado inmigrante, libertario, revolucionario de principios de siglo», puntualiza Ascolani, también investigador del Conicet y director del Instituto Rosario de Ciencias de la Educación (Irice).
«El proceso continúa en los 70 y los 80, años de estancamiento general en el campo, y eso repercute en malas condiciones salariales y en menor empleo, y también en una situación muy regresiva para los chacareros –agrega el historiador–. Es una situación que va a continuar hasta los 90, cuando tenemos otro cambio tecnológico fuerte, con la siembra directa. La diferencia es que la coyuntura internacional es favorable y facilita la capitalización de los productores medianos y grandes».
La precariedad laboral aparece como una constante histórica en el campo, pero también los reclamos de los trabajadores. «Los estibadores levantaban bolsas de hasta 70 kilos –recuerda Ascolani– y la jornada laboral podía llegar a las 16 horas en pleno verano, de estrella a estrella, como se decía». Sombras que retornan en la historia reciente: «Hay un trabajo precarizado en los años 90 y tiene que ver con la mano de obra migrante, en zonas hortícolas vinculadas a las grandes ciudades, en economías regionales del noroeste y lugares marginales de la región pampeana».
Concientizar
La oca tiene una nueva versión. En el casillero 10, el empleador no está registrado, por lo que el jugador pierde un turno mientras realiza el trámite; en el 39, hay falta de vivienda y agua potable, por lo que retrocede cuatro casilleros; en el 50, avanza tres, por la jornada de 8 horas de trabajo, pero si cae en el 67 retrocede otros cinco, ya que hay niños y niñas empleados. El juego forma parte de las estrategias que impulsa Renatea en ferias y encuentros comunitarios para difundir los requisitos legales y generar conciencia sobre los abusos con trabajadores y menores.
«En paralelo se hacen acciones de promoción de derechos para darles más herramientas de inserción a los trabajadores. Se articulan programas de alfabetización para adultos en las escuelas del sector agrario, con empleadores y con la comunidad en general porque gran parte de la población con que trabajamos es analfabeta o analfabeta funcional», dice María Eugenia Díaz, técnica del organismo. Desde 2012, el Renatea registró a unos 140.000 trabajadores, dentro de un universo que según las estimaciones del organismo alcanza a medio millón de personas.
Uno de las preocupaciones principales pasa por desinstalar mitos arraigados en el trabajo rural que funcionan como justificación de abusos. También comprender que el obrero rural «no es solamente el gaucho de la pampa húmeda, sino que puede ser un joven que anda en bermudas, con la gorrita para atrás y en una motito y que vive en la ciudad; también queremos llegar a esos sectores», comenta Vivian Espejo.
En su oficina del Renatea, la coordinadora de políticas de inclusión muestra un paquete de nueces y lo pone de ejemplo: «Tenemos que empezar a pensar que los alimentos que consumimos tienen una cadena de trabajo atrás y tomar conciencia, como consumidores, de las condiciones en que se producen. Otra forma de visibilizar la cuestión es dejar de lado las imágenes bucólicas y también dejar de pensar el trabajo en el campo como algo romántico. Cuando empezamos a hablar de trata laboral nos costaba encontrar experiencias en el sector agrario; parecía más claro en los talleres textiles clandestinos».
En el Renatea están convencidos de que la rentabilidad del sector empresario no justifica «por ningún medio» los niveles de explotación verificados en grandes establecimientos. «La madre del presidente de la Sociedad Rural, ¿necesita tener a dos trabajadores analfabetos, casi desnutridos, sin luz? ¿Cuánto le puede afectar darles condiciones dignas? –se pregunta Espejo–. En La Rioja, encontramos a trabajadores de la empresa Promas, que procesa aceite de oliva para la exportación, alojados en los cabarets que habían sido clausurados a partir del caso de Marita Verón. Tener conciencia es una responsabilidad de toda la sociedad».
—Osvaldo Aguirre
