11 de febrero de 2015
Casi 17 mil jóvenes, ancianos y niños viven en las veredas, andenes o galerías de la ciudad. Qué propone el proyecto de ley que apunta a solucionar integralmente el problema.
Buenos Aires. La situación en la que viven decenas de miles de «sin techo» restringe gravemente el ejercicio de los derechos humanos. (Jorge Aloy)
Nadie sabe cuántos son y desde hace mucho tiempo forman parte de un paisaje contradictorio que los incorpora entre las grandes luces, marquesinas, negocios, oficinas y las personas que van y vienen a sus trabajos, a sus casas, a los teatros o a los bares de la Ciudad de Buenos Aires, solo por mencionar una de las grandes urbes del país. Quienes viven literalmente en la calle, en algún momento, de tanto estar allí, dejaron de ser visibles.
De acuerdo con las cifras de la organización Médicos del Mundo, en su informe 2011-2012, entre las personas que viven en la calle y aquellas en riesgo inminente de estarlo suman 16.353, 1.100 más que en 2010, de las cuales el 80% tiene problemas para acceder a los servicios de salud porteños. Ciudades como Córdoba y Mar del Plata también, aunque a menor escala, reflejan la problemática. Así, en La Docta, en 2012, la Defensoría del Pueblo provincial detectó casi 400 personas viviendo en plazas, bajo los puentes o en las galerías céntricas, 148 de ellas habían quedado en la calle en los últimos cinco años. En tanto, en La Feliz, para el mismo año, unas 91 personas estaban viviendo en las calles.
Frente a esta problemática, la senadora rionegrina del Frente para la Victoria (FPV), Silvina García Larraburu, presentó un proyecto de ley que busca una solución integral para quienes viven en las calles. «El proyecto parte de la base de que la situación de calle y el riesgo a la situación de calle (personas sin casa alojadas en hospitales, establecimientos penitenciarios o con riesgo inminente de desalojo) son situaciones de vulnerabilidad social extrema que restringen gravemente el ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional, de modo que es necesario un reconocimiento legal de las personas que viven estas situaciones como sujetos de derechos sociales y políticos para asegurar la igualdad y la integración social. Por eso la primera parte del proyecto contiene un catálogo de los derechos de las personas que viven estas situaciones y las obligaciones del Estado frente a ellas», sostuvo la legisladora.
Entre las propuestas de la iniciativa, que tomó en cuenta la experiencia del Centro de Integración Monteagudo, administrado por Proyecto 7 –una organización social integrada por personas en situación de calle–, se encuentra la creación de centros de integración social dedicados a personas adultas solas o a grupos familiares. En el caso de que sean familias con chicos o adolescentes, se dispondrá de un área institucional específica para el cumplimiento de sus derechos. Estos centros serán de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua las 24 horas y todos los días del año. No solo brindarán alojamiento, alimentación e higiene, sino que contarán con espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral. Para esto, se adaptarán los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios u otros).
«El modelo institucional que se propone es muy diferente al de los actuales paradores u hogares, ya que serán abiertos, de atención permanente y de gestión participativa. La idea es crear comunidades abiertas que permitan reconstruir proyectos de vida. Hoy el régimen de paradores tiene un diseño autoritario, con horarios de ingreso y salida, y reglas estrictas, que muchas veces son incompatibles con los modos de supervivencia de estas personas. Finalmente, estos sistemas de organización vertical tampoco ayudan a crear un sentimiento de pertenencia y de comunidad ni logran una atención integral del problema», señala García Larraburu.
Los centros a su vez serán administrados por trabajadores idóneos para tratar la problemática de situación de calle, en articulación con organizaciones sociales dedicadas al tema y con la participación de las personas que viven en la calle.
Cuestión de derechos
El proyecto, que fue presentado en el Senado en agosto de 2014, también prevé la puesta en marcha de un sistema de atención telefónica y de móviles de alcance nacional que funcionarían de manera articulada con los centros de integración, para la atención inmediata de los casos, mediante una instancia de atención y acompañamiento, en la propia calle primero, procurando crear las condiciones para la incorporación voluntaria.
Asimismo, el proyecto garantiza el derecho a la identidad personal y conmina al Estado a realizar «acciones positivas para acreditar la identidad, el pasaporte y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria».
Sin dudas el acceso a la vivienda es el aspecto más evidente de la problemática de quienes tuvieron que hacer de la calle su casa. Para García Larraburu, se trata de un conjunto de aspectos que deben ser atendidos de manera integral. «Los centros de integración deben ser la plataforma que haga posible reconstruir la subjetividad de estas personas, tener un sentido de comunidad y desde allí elaborar proyectos de vida que les permitan sostener una vivienda. Si bien no se crea un programa específico para la vivienda, en el artículo 10 se les reconoce el derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente, y el Estado, en los planes construcción de viviendas, debe contemplar una cuota o proporción destinada a dar solución a las situaciones comprendidas en la ley», explicó.
El primer paso que establece el proyecto es el tendiente a conocer cuál es la dimensión del problema, por eso el artículo 12 dispone que la autoridad de aplicación, en el plazo de 180 días a partir de la publicación de la ley, y luego anualmente, organice y realice un relevamiento nacional de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo, en forma coordinada y conjunta con otros organismos nacionales y locales competentes en la materia, para hacer posible la implementación de políticas públicas de alcance nacional.
—María Carolina Stegman
