9 de marzo de 2016
La ola de despidos en organismos oficiales y el discurso gubernamental para reconfigurar la estructura estatal anticipan un escenario de ajuste. El antecedente de la gestión en la ciudad.
Protestas. Trabajadores del Ministerio de Cultura marchan hacia la sede del organismo en reclamo de sus fuentes laborales. (Télam)
Un conjunto de medidas que viene implementando el gobierno nacional desde los primeros días de su gestión marcan un rumbo que se corresponde con los antecedentes que la fuerza política en el poder estableció en la conducción de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto en la decisión política de liquidar la Subsecretaría de Agricultura Familiar, un área sensible destinada a atender a más de 200.000 pequeños productores, como en la aplicación de cesantías y liquidación de diversos programas de investigación científica o económica social, desde Arsat y el CONICET hasta los planes preventivos en materia de salud o investigativos del campo de los derechos humanos, el gobierno de la alianza Cambiemos encomendó esa tarea específica al Ministerio de Gestión y Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, un empresario del riñón Pro y del grupo íntimo del presidente Mauricio Macri.
El funcionario llega con experiencia modernizadora adquirida en el gobierno de la Ciudad donde, en los últimos cinco años, encabezó una cruzada flexibilizadora y precarizadora de las relaciones laborales del funcionariado porteño. Desde que empezó a generarse el llamado «mundo Pro», con la conformación de equipos de consultoras y ceo con vistas a la conquista del gobierno para las corporaciones, el concepto de modernización del Estado fue incorporado como una marca distintiva de las políticas del gobierno de Macri.
En suma, modernizar es el eufemismo instalado para aplicar el ajuste neoliberal. Este modelo nos remite al ajuste estructural y reforma del Estado, basamento de la política neoliberal impuesta por el expresidente Carlos Menem durante la década de los 90. Vale recordar los seis pilares de la reforma menemista que fueron enarbolados desde una imperiosa necesidad de «modernizacion» del Estado. Ellos eran: política de privatizaciones; ajuste de la administración central y las provinciales, con la consecuente reducción del rol del Estado y achicamiento del gasto; flexibilización laboral; desregulación y apertura de mercados; reforma previsional y tributaria y, por último, subordinación de la moneda nacional al dólar y fuerte endeudamiento externo.
Sólidos y líquidos
En la década menemista, quien fue el arquitecto de la etapa neoliberal, Roberto Dromi, aleccionaba con su discurso celebratorio de los nuevos tiempos: «Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado», dijo en lo que fue un fallido que anticipaba lo que se estaba pergeñando.
En la actual etapa de restauración neoliberal, el programa de modernización seguramente se configurará en nombre del caballito de batalla histórico de la derecha política: reducir el déficit fiscal y el nivel del gasto público. De esta manera las corporaciones en el gobierno buscan reducir el tamaño y reconfigurar las funciones del Estado. En otro orden, pretenden con esta restauración instalar al mercado como el único asignador de recursos, y establecer un nuevo patrón de acumulación funcional al capital transnacional, asegurando para ello salarios reducidos en dólares y flexibilización laboral.
Como en los 90, hoy la derecha propone avanzar en el endeudamiento externo y las relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si en 1992 esto se motorizó con el Plan Brady, que significó prorrogar los compromisos por 30 años, con la consecuencia de un impactante abultamiento de la deuda total, el gobierno apuesta a resolver con urgencia el conflicto con los fondos buitre, aceptando el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa.
La modernización del macrismo conlleva el desembarco de las políticas del FMI y el endeudamiento externo serial de la Argentina, aprovechando la herencia recibida de un país desendeudado en dólares y con bajísimos compromisos previstos para el corto plazo. Para garantizar la «seguridad jurídica» a los inversores, la modernización implicará una nueva flexibilización laboral, con desocupación y precarización, que constituye la respuesta disciplinadora por excelencia del capital concentrado hacia la clase trabajadora.
Como planteó el sociólogo y filósofo polaco Zigmunt Bauman, existen dos categorías de modernidades. Por un lado, la modernidad «sólida», que asegura un proceso de progreso social e inclusión en una sociedad más equitativa y predecible. Y por otro, aquella que propone el modelo neoliberal: la modernidad «líquida». Esta viene de la mano de la desregulación y apertura de los mercados y, por ende, hace su aporte a una mayor precariedad de los vínculos humanos en el contexto de una sociedad individualista y privatizada.
Las mayorías populares tienen por delante el enorme desafío político de afrontar esta nueva etapa de la batalla cultural, fortaleciendo el debate para que la modernización «líquida» no invada definitivamente la subjetividad social.
—Horacio Aizicovich
