13 de mayo de 2015
Tras casi cuatro décadas se constituyó por primera vez en el país una Comisión bicameral que analizará el origen y evolución hasta la actualidad del endeudamiento externo.
Plan Brady. El titular de los bancos acreedores, William Rhodes, y Cavallo firman el primer canje en 1992 bajo la presidencia de Menem.
La última semana de abril quedó formalmente constituida la Comisión bicameral que –en el marco de la ley 26.984 de Pago Soberano de setiembre de 2014– debe investigar el origen y la evolución de la deuda externa argentina. Presidida por el diputado Eric Calcagno, del Frente para la Victoria, sus integrantes tendrán como objetivo «investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda externa desde el 24 de marzo de 1976, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, el default y reestructuraciones posteriores». La bicameral quedó integrada además por los diputados del oficialismo María Luz Alonso, Edgardo Depetri, Carlos Moreno y Juan Mario Pais, y los senadores Graciela de la Rosa, Pablo González, Pedro Guastavino, Walter Barrionuevo y Juan Manuel Irrazábal. Por la oposición, los senadores radicales Gerardo Morales y Laura Montero –ausentes en el primer encuentro–, y el senador Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal). Por Diputados, Jorge D’Agostino (UCR), Enrique Vaquié (UCR) y Claudio Lozano (Unidad Popular).
Pero sus funciones no se restringen a revisar y analizar el pasado reciente. Además de realizar el seguimiento de la gestión y los pagos de deuda externa que se realicen en la actualidad, la Comisión investigará «la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitre con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial».
Antecedentes
A fines de 1975, pocos meses antes del golpe de Estado, la deuda externa argentina llegaba a 7.500 millones de dólares. Hacia el final de la dictadura cívico-militar, ascendía a 43.000 millones. El gobierno democrático de Raúl Alfonsín la dejó en 59.000 millones, para saltar durante la Convertibilidad a 160.000 millones de dólares –de hecho el endeudamiento fue el combustible que hizo funcionar la Convertibilidad junto con las privatizaciones–. Al derrumbe del régimen de caja convertible –2001–, la deuda externa nacional alcanzaba los 190.000 millones de dólares. Tras la crisis política, económica y social de 2002, la deuda externa representaba cerca del 166% del PIB.
Desde la recuperación democrática en 1983 se abrieron varias causas judiciales para investigar el origen y modalidad de toma de deuda externa durante la dictadura cívico-militar. La más importante de ellas fue la denominada «Causa Olmos». En ella, Alejandro Olmos formuló una denuncia penal contra José Alfredo Martínez de Hoz ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal, fundamentada en que «el plan económico concebido y ejecutado por el Ministro de Economía de la Nación en el período 1976/1981, se realizó con miras a producir un incalificable endeudamiento externo; que el ingreso de divisas fue con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora y de producción y crecimiento del país». Esta causa –presentada ante la Justicia en abril de 1982–, obtuvo en el año 2000 un fallo del juez Jorge Ballestero, donde se corroboró la ilicitud de la deuda externa. Como la acción penal había prescripto, el juez remitió el fallo al Congreso para que tome intervención, ya que la Constitución Nacional, a través del artículo 75, le confiere el manejo de la deuda externa. El expediente y la resolución judicial duermen en los subsuelos del Parlamento nacional.
«El fallo del juez Ballestero y la causa del Megacanje de la deuda pública de 2001 –durante el gobierno de la Alianza, meses antes del corralito bancario y la declaración de default, y por la que Domingo Felipe Cavallo (entonces ministro de Economía) sigue siendo investigado por la Justicia por su participación– son elementos insoslayables, aunque no exclusivos, para que el trabajo de la Comisión se ajuste con método al texto de la ley, y cumpla con su misión de presentar un informe con opinión fundada en 180 días», señala Calcagno. Además, agrega el legislador, «la Comisión tiene la posibilidad de solicitar información a entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras».
De acuerdo con el titular de la bicameral, en el fallo del juez Ballestero, además de 477 ilícitos, quedó evidenciado no solo el comportamiento de los funcionarios de la dictadura, sino también el de los grupos empresarios durante esa etapa. «No parece posible analizar solo el comportamiento de determinadas instituciones públicas», señala Calcagno. «Es correcto trabajar con la hipótesis de un fuerte interés, tanto en dictadura como en democracia, de determinados sectores privados en el uso de la deuda para maximizar ganancias en el corto plazo. Los seguros de cambio de la época de la dictadura –cuando Cavallo era presidente del Banco Central– son un ejemplo muy claro de la privatización de ganancias y socialización de las pérdidas; habrá que ver si la pesificación asimétrica a la caída de la Convertibilidad no tiene similares características. En tal caso, estaríamos frente a un comportamiento sistémico de determinados actores en la Argentina. Además, habrá que ver si alguno de esos ilícitos son delitos de lesa humanidad, en cuyo caso no correría la prescripción», sostuvo el diputado. «Esta comisión tiene en sus manos una circunstancia histórica importante porque vamos a reconstruir cómo la deuda externa fue un instrumento de dominación tanto en dictadura como en democracia».
—Mirta Quiles
