Final de una etapa

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En un año signado por la violencia y la incertidumbre económica, el movimiento cooperativo de crédito no quedó al margen de la realidad.

 

Solo promesas. En el gran acto del Luna Park se anunció el fin de la prohibición de crear cajas, aunque esto no llegó a cumplirse.

El 1º de junio de 1975 asumió en la Argentina como ministro de economía Celestino Rodrigo, hombre de confianza de la presidenta de la Nación, Isabel Perón, y muy especialmente del ministro de Bienestar Social, José López Rega. Rodrigo aplicó de inmediato una política de shock: devaluación del peso, encarecimiento de las importaciones, incremento del 180% del precio de la nafta, 70% los medicamentos, y entre 50% y 75% en electricidad, entre otros. Sobre la base del «sinceramiento de los precios» se liberaron los del ganado en pie y los automotores, entre otros. A la vez, se reajustaron las tasas de interés de los préstamos de los bancos oficiales, mientras se liberaban las correspondientes a los certificados de depósito a plazo fijo. Fiel a su tradición de hacer oír su voz en cada momento de la historia, el aumento de las tasas fue severamente objetado por el movimiento cooperativo a través de una solicitada conjunta del IMFC y la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. Por esos días, en la madrugada del  6 de junio, un artefacto explosivo destruyó el edificio de la caja de crédito Futuro,  de San Nicolás. Los cooperativistas nicoleños, con la solidaridad de la población, de sus organizaciones sociales y del IMFC, pudieron reabrir sus puertas en una dependencia facilitada por un asociado. Acción, al comentar el hecho, señalaba que este atentado se inscribía «en la ola de violencia que recorre el país y que en este caso ha particularizado su acción en el cooperativismo, un sector que se ha destacado siempre por su adecuada defensa de la independencia económica del país, el diálogo democrático y la paz. Algo que no ha dejado de irritar a sus enemigos de siempre: los intereses monopólicos foráneos».
Ante las medidas económicas que arrasaban con el entramado productivo nacional, el IMFC también emitió una declaración donde sostenía que las medidas ejecutadas habían provocado «el total descontrol del proceso inflacionario, el deterioro del poder adquisitivo en los sectores de ingresos fijos, con grave quebranto del mercado interno y serio riesgo de recesión». También señalaba que, en una situación de mercado restringido, las pequeñas y medianas empresas veían seriamente afectada su participación en él por la debilidad competitiva frente a las empresas monopólicas; que el encarecimiento y limitación del crédito interno afectaba a estas empresas, en tanto que las filiales de las poderosas multinacionales tenían fácil acceso al crédito externo. En tal sentido, señalaba que la política crediticia tenía un carácter restrictivo y oneroso y que su orientación era canalizar el ahorro hacia las carteras de crédito indexado. Advertía que el plan iba a llevar a la extranjerización de las empresas nacionales, a la recesión con su secuencia de quiebra de empresas y desocupación, al aumento de la dependencia económica intensificando la participación de los  monopolios extranjeros en la economía y que afectaría a los sectores agropecuarios por el aumento de los insumos.

 

Urgentes medidas
Por todo ello, proponía un cambio de plan, partiendo de urgentes medidas alternativas cuyo basamento debían ser «desarrollar la producción operaria e industrial, asegurar el control del Estado sobre los sectores claves de la economía y las finanzas, implementar una política exterior independiente para comerciar con todos los países del mundo, establecer una política de ingresos que aumente la capacidad adquisitiva del pueblo y que asegure un sostenido mercado interno, que sea el motor del desarrollo económico. Todo ello en el marco de la plena vigencia constitucional y las libertades republicanas y el sistema federal de gobierno».
Las medidas inmediatas planteadas en la declaración del IMFC tendían a asegurar la capacidad adquisitiva de los salarios, establecer una política de control concentrada en las 200 grandes empresas productoras de insumos básicos, poner en plena vigencia la Ley de Abastecimiento, desarrollar los mercados de concentración promoviendo en ellos formas de organización cooperativas, impulsar una política tributaria orientada a cargar la presión sobre las grandes fortunas y empresas, reducir el impuesto al consumo y suprimirlo en el caso del trabajo personal,  e implementar una política crediticia con rebaja de los intereses y con líneas de crédito con provisión de fondos para atender la emergencia, entre otras medidas.
En medio de la crisis, se dieron movilizaciones en todo el país contra lo que ya se había dado en llamar El Rodrigazo. Como producto de los reclamos, el 19 de junio Rodrigo renunció a su cargo.
Durante los últimos meses de ese año agitado se agudizó la presión del movimiento cooperativo sobre el gobierno para exigir la reversión de las viejas limitaciones. El sinnúmero de entrevistas, encuentros, actos y documentos fue sintetizado por Acción en setiembre de 1975. «La derogación de las normas que impiden la fundación de nuevas cajas de crédito es la prioridad número uno para el cooperativismo», expresaba el titular de tapa. Se pedía una caja de crédito en cada pueblo del país y la derogación de las disposiciones que prohibían la apertura de nuevas cajas. Los pedidos dieron su fruto y el Instituto lo pudo festejar en la celebración del 17º aniversario de su fundación realizada en el Luna Park el 23 de noviembre. Más de 30.000 personas se encontraron en esa histórica jornada. En el acto estuvieron presentes, entre otros, representantes del Banco Central, intendentes, diputados nacionales y provinciales. Respondiendo a las demandas del movimiento, el representante del BCRA reconoció la función social de las cajas de crédito y anunció la sanción de una norma levantando la prohibición de la habilitación de nuevas cajas.
La crónica del acto señaló: «La medida, recibida con una ensordecedora ovación, fue comunicada por uno de los oradores». La petición del  movimiento cooperativo había sido escuchada, aunque la situación política que desembocaría tiempo después en un golpe militar impediría que se lleve a la práctica.  Por otra parte, el 2 de diciembre de 1975, la ciudad de Tucumán se vio conmovida por una serie de atentados simultáneos. Entre las entidades afectadas en dicha oportunidad se encontraban la regional Tucumán del IMFC y una caja de crédito adherida al Instituto. Las instalaciones de dichas instituciones fueron seriamente dañadas por artefactos explosivos.
En los últimos meses de aquel año se aceleró el proceso de inestabilidad. Entre los hechos que expresaron el estado de incertidumbre, se produjo la sublevación de un grupo de oficiales de la Aeronáutica. El Instituto denunció, en una declaración pública, a los que pretendían imponer gobiernos al margen de la Constitución: «Los cooperadores, fieles a los principios de nuestra doctrina, y a los que fundamentan nuestra nacionalidad, decimos que nada se resolverá sin independencia económica, ni al margen de la Constitución, el respeto a las instituciones, a las libertades democráticas y sin el respeto al sagrado derecho a la vida y al trabajo creador». Así, de manera casi premonitoria, se manifestaba la entidad sobre la que terminaría siendo una de las épocas más oscuras de la historia argentina.

 

 

Noviembre de 1970

En el programa de televisión «Con los brazos abiertos», que se emitía por Canal 9, se dedicó un espacio a los problemas del cooperativismo. Los conductores –Osvaldo Papaleo e Irma Roy– entrevistaron a Enrique Fernández Lemmi, José María Álvarez y Floreal Gorini, quienes explicaron la situación del movimiento.