6 de septiembre de 2021

Carolina Keve

Visibilizar el rol del trabajo no asalariado que realizan las mujeres es, para la ministra, clave en términos políticos. Aciertos y deudas de una gestión compleja.

(CARLA POLICELLA)

Les vamos a abrir las puertas a las mujeres, para que a la par de los hombres hagan la Argentina que nos merecemos». Es plena campaña y Alberto Fernández anuncia la creación de un Ministerio de las Mujeres. Lo escuchan más de un centenar de chicas y chicos desperdigados en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, entre pelos teñidos y muchos, muchísimos pañuelos verdes. Unas semanas después es noticia el nombre. Elizabeth Gómez Alcorta será quien presida el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, esa suerte de traducción institucional de una ola de transformaciones que, sin dudas, signan su gestión y la seguirán trascendiendo; una gestión que tuvo que lidiar con una pandemia, para ese entonces impensable, pero a la que al mismo tiempo le tocó nada más y nada menos que la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A dos años de aquel momento, esta abogada –la primera universitaria de la familia, le gusta decir– que a sus 40 años ya cosechaba una larga carrera en materia de derechos humanos, dialogó con Acción repasando los aciertos pero también las deudas de un proceso que parece abrirse en infinitos frentes.
–Hoy la economía del cuidado aparece como una gran asignatura pendiente que la pandemia no solo postergó sino vino a profundizar. ¿Cómo avanzar, sobre todo en una economía tan crítica?
–Primero hay que pensar políticas públicas que impliquen una reorganización social de los cuidados. Porque mientras los cuidados sigan recayendo en la familia, esto se traduce en una recarga, principalmente en las mujeres. Y para poder reestructurar esto hay que avanzar en dos sentidos: por un lado, una distribución que saque ese peso y que redistribuya en el mercado, y por otro, nosotras buscamos que esa reorganización se plantee en clave de género. Y con esto también me refiero a mujeres LGBT e identidades no binarias. Pensemos que por primera vez esta actividad se está midiendo. Y, ¿cuál es el peso? La economía del cuidado ronda el 17% del PIB. Estamos hablando de un número que es superior a la industria, a la construcción, a los servicios, y que a pesar de eso, efectivamente no se contabilizaba, se invisibilizaba. Nosotras creemos que puede ser un gran dinamizador de la economía.
–Pero, ¿qué medidas concretas se pueden adoptar para seguir avanzando en esa formalización y reconocimiento?
–Como son políticas que no están focalizadas, no solo es un tema que es competencia del Ministerio de las Mujeres, sino también de Trabajo, Educación, Desarrollo Social, Salud, Economía, ANSES, PAMI, etcétera. Estamos trabajando en un anteproyecto de ley para crear un sistema integral de cuidados, con delineamientos básicos que permitan avanzar, porque antes que nada hay que crear infraestructura de cuidados. Pero, insisto, lo más importante es que socialmente hasta hace muy poquito estos temas no estaban en la agenda pública. Lo que pasó es que la pandemia hizo estallar la organización de los cuidados, dejando en evidencia esto en todos lados y en todas las clases.
–Reconocer la participación de esta actividad en el PIB tanto como la adopción de un paro de mujeres no solo son avances semánticos sino también políticos. Sin embargo, ¿por qué al sindicalismo le cuesta tanto tomar nota?
–Bueno, que efectivamente el movimiento de mujeres tome esa herramienta de lucha del movimiento obrero organizado bajo esta idea de «nosotras movemos el mundo» tiene varios significantes, todos muy potentes. Pero me parece central visibilizar esta idea de trabajo y el rol que tiene en la reproducción social y la reproducción del capital el trabajo no asalariado. Esto me parece que es clave en términos políticos. Ahora bien, respecto al sindicalismo, creo que tiene que ver con todo lo que nos falta aún a las mujeres en términos de participación política. Avanzamos, pero seguimos muy atrás.
–¿Cuáles serían esos avances?
–Solamente quedan tres provincias de las 24 que no tienen leyes de paridad: Corrientes, Tucumán y Tierra del Fuego. Pero al mismo tiempo en plena pandemia hubo 10 provincias que dictaron sus leyes de paridad, lo cual significa que estamos avanzando un montón. Eso no quita que, salvo Entre Ríos, esas provincias no tengan paridad en las fórmulas de los Ejecutivos. Hoy desde el Ministerio estamos haciendo la actualización pero cerca del 80% de los municipios del país están encabezados por varones. Y, de hecho, bajan las tasas de desempleo, pero las de las mujeres aumentan.
–¿Por qué?
–Tiene que ver con esa trama doble, una trama política y una donde los varones han sido históricamente los que tuvieron la representación universal. Entonces es una lucha que se está dando a pasos enormes. También es cierto que más allá de que nosotros tenemos una ministra de Seguridad y una ministra de Salud, en veinte ministerios somos tres mujeres. En el ámbito de representación política –desde el sindical al de las universidades o el partidario– nos falta un montón. Esas son las fotos de lo que nos falta, y por lo tanto las fotos de las luchas que hay que dar.
–¿Y cuál es, en este sentido, su opinión sobre la conformación de las listas para estas elecciones?
–Que encabece la lista a diputados en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos una mujer me parece que es transformador. Hacia eso tenemos que ir. Obviamente las listas paritarias constituyen un gran avance, pero si luego todos los partidos eligen encabezarlas con varones… La ley hace un montón, pero siempre hay una gran parte que tiene que ver con las transformaciones sociales.
–Esa es una pregunta siempre presente: ¿con la ley basta? ¿Sirve la Ley Micaela para erradicar conductas como los dichos del diputado Fernando Iglesias?
–La ley cuando se aplica es un gran acelerador. No transforma, pero tampoco va a ser el mismo Estado antes que después de su aplicación. Es cierto, vos llegás con una capacitación a un diputado, por ejemplo, pero ese diputado creció en una sociedad que es estructuralmente machista y desigual, y es muy complejo desandar esos procesos, casi imposible hacerlo en 20 horas. Pero también es cierto que pasa, como me pasó el otro día, que llego al Congreso y empleados de la recepción me hablan de la Ley Micaela. Eso es muchísimo. Y creo que, en esa dirección, se hace necesario un Ministerio de las Mujeres. Porque es muy difícil como Estado trabajar en tantos temas a la vez, entonces con un organismo rector que pueda generar en paralelo, achicás los tiempos.

(TÉLAM)

–Al respecto, está cerca de cumplirse un año de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Cuál es su valoración?
–La verdad que lo robusta que es la norma en términos constitucionales hace que en definitiva la respuesta frente a la treintena de presentaciones judiciales que buscaron cuestionarla haya sido positiva para estos planteos. Y esto creo que tiene que ver con la solidez de la norma, y también con la legitimidad social y política que construyó esta ley. Por eso ante algunos casos, como el de una jueza de Chaco (se refiere al fallo de la jueza Marta Aucar de Trotti) o el de un juez federal de Mar del Plata (Alfredo López), dictando medidas cautelares, muy rápidamente las cámaras de apelaciones revocaron esas decisiones.
–El Poder Judicial parecería ser hoy el más atrasado del Estado frente a todas estas transformaciones.
–Y por lo menos de los tres poderes del Estado, cuando uno ve una radiografía, es el poder más conservador. Esto centralmente tiene que ver con que es un poder que no está elegido por el pueblo. Hay algo ahí que pasa en términos de representación. Para representar a una sociedad que va cambiando, donde van emergiendo nuevas demandas, uno se debe ir aggiornando o ser parte de esas transformaciones. Que sean vitalicios los cargos, por ejemplo, es decir que no haya nada que tenga que validar un juez en todo un período de tiempo, hace que sea un poder muy conservador. Y por eso ahí cuesta más permear lo que sucede en la sociedad. Ahora, hay resistencias pero también hay algo de lo que vengo percibiendo… Volvamos a los sindicatos, sin ir más lejos nos piden capacitación bajo la Ley Micaela. Hoy cuando vamos a cualquier lugar del mundo, vemos que Argentina tiene incorporadas ciertas cuestiones que en muchos países no son un hecho.
–¿Por ejemplo?
–Cito el ejemplo de lo que más me sorprendió en estos diecinueve meses. La ley de cupo travesti-trans. Hubo solo dos votos negativos en Diputados, uno en Senadores, y algunas abstenciones. Es decir, todas las fuerzas políticas de todo el país consensuaron esta norma. Otras funcionarias del mundo se muestran sorprendidas por el nivel de aceptación hacia un colectivo que en otros países aún tiene pena de muerte, o donde en muchos está muy lejos de tener prioridad. Esas también son las cosas que destaco de nuestro país.
–¿La raíz de eso es cultural?
–Es eso, y creo que hay que ponerlo en valor porque es verdad que falta un montón y hay resistencias, pero también es cierto que no solo se trata del lenguaje inclusivo. Hay cuestiones que tienen un sentido simbólico enorme y no son menores, el debate es otro.
–No obstante, ¿por qué cree que el lenguaje inclusivo genera tanta oposición?
–Creo que debe ser el tema que más resistencia genera. Desde el Ministerio buscamos algunas respuestas. En mi opinión, creo que genera cierta sensación de imposición con respecto a otras cuestiones donde parecería haber algo más del orden del diálogo. Lo cierto es que, para mí, el lenguaje inclusivo es una herramienta más del debate político. Es una herramienta de interpelación. Cuando veo las situaciones de violencia por motivos de género, hoy hay un reconocimiento y nivel de concientización muy grande. Hay conciencia sobre las diferentes violencias, como así también hay conciencia de que es un problema del cual el Estado se debe ocupar.
–Pese a esto, la cifra de femicidios en el país no retrocede.
–Pero por lo menos no hay indicadores de que se incremente. Y eso sí, se visibiliza más. Se denuncia más, se ve más. De hecho, las tasas de femicidio en Argentina vienen siendo altas, pero muy estables. En la Línea 144 de junio del año pasado a junio de este año tuvimos 115.000 llamadas, y vimos que cada vez hay más consultas vinculadas a violencia psicológica. Eso es un avance enorme, ¿por qué? Porque quiere decir que hay una identificación de la violencia anterior a que llegue la violencia física, y eso en términos de prevención es un paso inmenso.
–Al respecto, hay planteos muy interesantes acerca de promover un modelo que no se centre tanto en la denuncia formal.
–Bueno, de hecho venimos trabajando en todo el país sobre esa detección de señales tempranas. Por primera vez se tiene una campaña de prevención. Y en este sentido, la Educación Sexual Integral (ESI), a pesar de todas las resistencias que genera, es una gran herramienta de detección.