11 de enero de 2023
La directora de la Comisión Provincial por la Memoria analiza la política criminal de los Gobiernos que se han sucedido en el distrito. La memoria y los jóvenes.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que es el Mecanismo de Prevención de la Tortura en la provincia de Buenos Aires, en su informe anual dio cuenta de 812 víctimas y 3.210 hechos de torturas sistemáticas en los diferentes sitios de encierro; más de 54.000 personas detenidas, persistencia del hacinamiento y la sobrepoblación. Sumado a esto, el control territorial de las fuerzas de seguridad siguió generando violencia y muertes: durante 2021 se registraron 120 homicidios por uso letal de la fuerza –la mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años– y las 25 muertes ocurridas en comisarías fueron el número más alto de los últimos 10 años.
La directora de este organismo público, que cuenta con una estructura autárquica con integrantes de organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas de diferentes pensamientos políticos e ideológicos, afirmó que «nuevamente comprobamos que en materia de política criminal se persigue a las cadenas delictivas más débiles y está orientada como una forma de control y de gobierno de los sectores populares, lo cual no ha cambiado en los últimos veinte años en la provincia de Buenos Aires».
–¿Pasan los gobiernos y siguen las mismas políticas?
–Siguen centradas en el control territorial con saturación policial, más policías, más patrulleros y eso implica el aumento sin freno de la cantidad de personas detenidas y de la población carcelaria. Hay mayor cantidad de personas presas hoy que durante el gobierno de Vidal, en el de Vidal fueron más que en el gobierno de Scioli, que a su vez tuvo más presos que el gobierno de Solá, y así sucesivamente. Son políticas creadas al calor del neoliberalismo como una forma de control de las poblaciones que ese mismo sistema excluía. Mientras se retraía el estado de bienestar avanzaba la represión a los sectores populares excluidos. Es una fórmula repetida en los Gobiernos que se han sucedido en la provincia de Buenos Aires. Esto implica condiciones estructurales que propician violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la práctica sistemática y generalizada de la tortura en los lugares de encierro, comisarías y cárceles. La policía en su accionar cotidiano viola los derechos humanos, el accionar violento e ilegal es parte de la cultura institucional de la policía, como forma de administrar y regular el delito, no lo combate ni lo previene, es una forma de control del territorio con la persecución policial a los varones jóvenes y pobres. Durante la pandemia se expresó con claridad.
Sandra Raggio. La directora de la Comisión Provincial por la Memoria analiza la política criminal de los Gobiernos que se han sucedido en el distrito bonaerense. La memoria y los jóvenes.
–¿Por qué?
–En 2020 la policía controló el ASPO; implicó oportunidades de ejercer su violencia con desapariciones como la de Facundo Castro, y muertes como la de Lucas Verón, y los pibes Ulises y Ezequiel de San Nicolás. El Estado le delega el poder a la policía para controlar a esas poblaciones populares. Es una continuidad de los gobiernos, más allá de que algunos se desmarquen del pensamiento neoliberal. Un (Cristian) Ritondo, un (Sergio) Berni, un (Alejandro) Granados son más o menos lo mismo.
«La policía en su accionar cotidiano viola los derechos humanos, el accionar violento e ilegal es parte de la cultura institucional de la policía.»
–¿Qué dice el poder político ante esto?
–Están de acuerdo con el diagnóstico, nadie puede defender esa política criminal, pero les parece imposible de resolver. Entonces creen que, por ejemplo, hay que garantizar «mejores condiciones de encierro» con la construcción de cárceles. Más policías implica más presos, de los cuales la mayoría se queda afuera. De 400.000 aprehensiones que hizo la policía en 2020, no más de 35.000 quedaron con una causa penal. Es el ejercicio de la violencia por parte del Estado, que está naturalizado, pero genera daño y hostilidad en la trama social.
–¿Hay gendarmes o no en la provincia de Buenos Aires?
–Sí, claro. Gendarmería tiene presencia en el territorio, el problema es que se lo sigue reivindicando como una posible solución al control de la Bonaerense. Detectamos que esa fuerza también está implicada en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. No se trata de cambiar una fuerza por otra, sino de cambiar la lógica. Algo de eso dijo la vicepresidenta en ese discurso cuando habló de la política social, incorporar otras agencias del Estado como presencia en las poblaciones vulneradas, y el propio Berni lo ha dicho, pero finalmente la solución termina siendo más agentes, más patrulleros, más chalecos antibalas, más plata puesta en las políticas de seguridad y penitenciaria que en las otras, como el sistema de promoción de niños, niñas y adolescentes, que está desfinanciado. La mayoría de los pibes que están en el sistema penal juvenil no pasaron antes por ese sistema de promoción, es evidente que algo está fallando.
–¿Será que no se ganan votos haciendo promoción de derechos de niños y adolescentes?
–Eso tendrían que probarlo, creo que sí se ganarían votos. Está claro que no se ganan votos por derecha exclusivamente. Miremos a Scioli con la política dura de Granados: no le garantizó ganar la elección. O Ruckauf, el adalid de la mano dura, desapareció políticamente. Es una trampa, las políticas estructurales de promoción de derechos sostenidas y de fondo tardan más en mostrar resultados, son menos efectistas. La foto con el patrullero la sacás rápido y vale oro. Todos los intendentes de cualquier signo político hacen campaña con eso. Si querés sostener a cierto electorado por derecha, gestionando por derecha hacés política para la derecha. Es cínico e ineficaz.
–¿El caso por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro está empantanado?
–Luego de haber podido recusar a la jueza y al fiscal, hay un deterioro de la investigación. Seguimos impulsando la causa, no sé si empantanada, pero sí, no estamos avanzando.
«Miremos a Scioli con la política dura de Granados: no le garantizó ganar la elección. O Ruckauf, el adalid de la mano dura, desapareció políticamente.»
–Luego de la represión en la cancha de Gimnasia murió el hincha Lolo Regueiro. La CPM pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni. ¿Por qué cree que sigue en el cargo?
–Fue un caso bisagra, el despliegue represivo de la Policía Bonaerense fue absolutamente desproporcionado, desmedido e ilógico. Y Berni no salió a desmarcarse claramente de eso. Como hizo en los casos de Facundo Castro y de Diana Abregú, enseguida sale a sostener la versión policial. Claramente, el ministro no controla a la Bonaerense, era la gota que rebalsó el vaso para desplazar a Berni, porque ni siquiera cumple con la premisa de que un hombre duro puede disciplinar a la Bonaerense; no ha sido capaz ni mucho menos. Y menos aún lo va a lograr si sostiene sus peores prácticas, compra todas las versiones policiales y las larga en los medios de comunicación; es un claro operador a favor de las fuerzas policiales en su peor versión, cuando violan los derechos humanos. Cuando se sospecha que son responsables de homicidios, Berni enseguida sale a sostener su versión, esto es altamente negativo si se quiere tener una policía respetuosa de los derechos humanos. Es una pregunta difícil, no tiene lógica que lo sigan sosteniendo, pero así es. Berni ha sorteado todos los embates, incluso cuando se enfrentó con el Gobierno nacional, con la ministra anterior, ahora con el ministro de Seguridad actual y sigue estando ahí.
–¿El programa Jóvenes y Memoria es la otra cara del fenómeno represivo que afronta la juventud bonaerense?
–Sí, pero también pensando en el auge del negacionismo, de esta derecha de Milei, que tiene un claro discurso antiderechos, un sentido común que cuestiona al Estado como garante de derechos. Fue enorme la convocatoria de Jóvenes y Memoria a 18.000 pibes y pibas en la provincia de Buenos Aires de sectores populares, no vienen de la militancia esclarecida sino de las comunidades rurales, de los grandes conglomerados y de las grandes ciudades; viven atravesados por la pobreza y la exclusión, con un hábitat deteriorado en términos de un ambiente digno y sano, con dificultades en el acceso a la educación y cruzados por las violaciones a los derechos humanos.
«El Estado le delega el poder a la policía para controlar a esas poblaciones populares. Es una continuidad de los Gobiernos.»
–¿Qué percepción tienen de estas políticas?
–Encuentran en la memoria y los derechos humanos un lugar donde pueden pensarse, una cita de las nuevas generaciones que va a contrapelo de esa otra tendencia preocupante a 40 años de democracia. Es un espacio de muchísima libertad, pero no la de los libertarios sino la de las prácticas colectivas de pensar al otre y a la realidad en términos de derechos, de pensar que lo que me pasa es un problema social y colectivo, y que las soluciones son sociales y colectivas. Cuando descubren esto, lo celebran, y los ves en Chapadmalal felices. Aunque hablen de cosas muy dolorosas, como que a un pibe lo mató la policía este año o que en el barrio pasan las cosas que pasan, o hablando de la dictadura en su comunidad y de los desaparecidos. Es una dimensión de fondo donde la política está ligada con el territorio y no con una disputa mediada por las redes sociales y los medios de comunicación. Tiene una potencia y una energía que nutre. Son miles que pasan en tres días, está el mar, la libertad, no controlamos mucho, apelamos a lo colectivo, tenemos confianza en eso y no falla. Nos demuestra cada año que la política puede ser un lugar para resolver problemas y no solo para administrarlos.
–Hubo un encuentro de los familiares de las víctimas. ¿Ellos también necesitan armar redes para afrontar las tragedias que los atraviesan?
–Sí. Pero es más que un desahogo; la única forma de encontrar la dimensión política de lo que les pasó es encontrarse, reconocerse en el otro, y a veces cuesta porque son sectores muy castigados por las distintas violencias, que culminan con la muerte de un hijo o la violencia contra un hijo en los lugares de encierro. No es como con Madres y Abuelas que eran de sectores medios. Intentamos que se puedan reconocer en un colectivo que se convierta con el tiempo en un actor social y político importante con su legítima voz. Es difícil porque la sociedad los mira mal, no es lo mismo ser familiar de un detenido desaparecido de la dictadura que ser familiar de un pibe asesinado por la policía, siempre está la sospecha de que en algo andaba, de que era un delincuente, el estigma de la mala madre o del mal padre. Ellos lo reivindican como ese abrazo que necesitaban para cargarse de fuerzas, y más allá del dolor también para disfrutar del mar, de la playa, de una fiesta que hacemos, permitirse una diversión y una sonrisa.
