19 de noviembre de 2021
El asesinato del joven futbolista no es un caso aislado. La visión de María Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Dolor infinito. Cintia y Mario, los padres de Lucas. «No voy a descansar hasta que ellos paguen. Nos arruinaron la vida», aseguró Cintia.
DAMIÁN DOPACIO/NA
«Por lo menos dos a tres veces por semana nos enteramos de fusilamientos policiales similares, cuando no idénticos, al de Lucas», asegura María del Carmen Verdú, abogada y titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, mientras en todo el país crece la bronca y el repudio por la muerte de Lucas González, el futbolista de 17 años perseguido y baleado por tres integrantes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires vestidos de civil, cuando volvía de un entrenamiento en el club Barracas Central, junto a tres amigos. El día de los hechos, la policía difundió que se había tratado de un enfrentamiento contra delincuentes. Lucas, integrante de las divisiones menores del club, recibió dos disparos en la cabeza y falleció en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.
«La diferencia en este caso fue que, por su vínculo con el club de fútbol, a las pocas horas de ocurrido, los periodistas deportivos salieron a desmentir la versión policial y a difundir el relato real. Si eso no hubiera ocurrido, hoy los medios seguirían hablando del “nuevo hecho de inseguridad en Barracas” y reclamando más policía en las calles», señala Verdú.
–¿Qué otras características comunes tienen estos casos?
–El escenario es siempre el mismo: el parte policial, que los medios reproducen acríticamente en sus titulares, y jueces y fiscales toman a libro cerrado como inicio de la causa penal, habla de un «enfrentamiento» con «tiroteo» que los funcionarios policiales (o de otras fuerzas) debieron «repeler». A nadie le llama la atención que las únicas vainas sean las policiales, que solo los civiles sean heridos o muertos, que los disparos entren por la nuca o la espalda, y que si se termina secuestrando otra arma, sea una réplica de juguete o un fierro oxidado con faltantes de piezas esenciales. El «perro», como ellos mismos lo denominan en la jerga, que nunca falta en ningún móvil policial para auto defenderse o defender al camarada que «se mandó una macana».
–El accionar de estos policías se da en un contexto donde desde la derecha se pide más mano dura, bala y bala.
–El caso específico de la Policía de la Ciudad es muy preocupante. En su corta vida acumula al menos 121 fusilamientos de gatillo fácil (aparte de las muertes en comisarías), cifra que la coloca a la par, si no por encima de la Bonaerense en proporción a la cantidad de efectivos (20.000 la de Ciudad, más de 100.000 la bonaerense). No se puede escindir la lógica de su actuación en las calles con la línea que defienden quienes ejercen su dirección y control desde el GCBA, que no es otra cosa que lo que llamamos «doctrina Bullrich» en los cuatro años en que esa fuerza administró el ejecutivo nacional.
–¿Cómo se frena la violencia institucional?
–Sin perjuicio de que sabemos que no hay solución de fondo y total para las prácticas represivas en el actual estado de cosas, porque para que eso ocurriera habría que rediseñar el modelo social en que vivimos, ya que las fuerzas de seguridad son su brazo armado, hay mucho que se podría hacer aquí y ahora, sin más requisito que la decisión política, para disminuir el impacto de la letalidad policial en las calles. De eso se trata la Agenda Antirrepresiva Urgente: medidas concretas y realizables ya, como la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio o sin estar identificados como policías; eliminación de las facultades normadas y no normadas para la intercepción, identificación, requisa y detención de personas arbitrariamente, por pura discrecionalidad policial, etcétera. Con la primera, se reduciría en casi el 60% la cantidad de fusilamientos de gatillo fácil, que cometen los funcionarios de civil. Con la segunda, se reducirían en el 50% las muertes en comisaría, porque en esa proporción eran personas que no estaban presas por un delito, sino «demoradas» por alguna de esas facultades discrecionales. Y se evitarían también episodios como el de Lucas.
