14 de marzo de 2025
El Gobierno anunció la «absorción» del Instituto Nacional del Cáncer (INC) por parte del Ministerio de Salud. Es decir, el cierre de un organismo estratégico para la detección temprana de la enfermedad.
Dependencia clave. El INC, que funciona en este edificio porteño, es el corazón de la política oncológica en el país.
Foto: Jorge Aloy
«El Ministerio de Salud ha tomado la decisión de centralizar las funciones del INC para eliminar la duplicidad de tareas, tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente, manteniendo y garantizando programas, acceso a medicamentos y tratamientos», explicó el Gobierno. El titular de la cartera sanitaria nacional, Mario Lugones, reforzó esta versión desde su cuenta de X.
Pero las alarmas no tardaron en encenderse. El anuncio de la «absorción» llegó semanas después del despido de más de medio centenar de trabajadores de la institución, y tras la difusión de denuncias por el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos, que formaba parte del INC.
Alta complejidad
«Se nos presenta esta medida como una simple reorganización administrativa, pero no nos engañemos: esto es un retroceso en la lucha contra el cáncer en Argentina. Puede ser que requiera mejores políticas, pero con un programa de mejora hubiera bastado», escribió en un comunicado Daniel Gómez, uno de los exdirectores del INC, también exrector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
«El INC no es una oficina burocrática –definió Gómez–. Es el corazón de la política oncológica en el país, un centro estratégico para la prevención, la detección temprana, la investigación y el acceso a tratamientos en un país donde el cáncer es la segunda causa de muerte y creciendo». Remarcó, además, que «el cáncer no es una enfermedad más. Agruparlo con Enfermedades No Transmisibles (Secretaría que quedará a cargo del tema, según dijo Salud) es un desconocimiento de su complejidad. Requiere un enfoque integral, con infraestructura dedicada y financiamiento específico. Su impacto es devastador y requiere estrategias particulares».
La creación del INC fue anunciada en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández. «Estamos haciendo algo más que crear un instituto, estamos fijando una política pública de Estado tendiente a abordar una de las patologías más cruentas y crueles de sobrellevar como es el cáncer», dijo por entonces. Y agregó: «Es vital que nosotros podamos dar esta propuesta, de tener, como la mayoría de los países, un instituto específico que sea el gran ordenador y organizador y promotor de mejorar la articulación de recursos».
Como un castillo de arena
«Lloré cuando me enteré. Me da angustia haber luchado tanto por algo y que de repente se caiga como un castillo de arena. Es lo que estamos padeciendo las familias hoy», lamentó Tania Buitagro. Es mamá de un nene que enfrentó dos veces un tratamiento contra la leucemia. Durante sus noches de internación comenzó a pensar en un proyecto que garantizara derechos a infancias y adolescencias con cáncer. Fue la génesis de la Ley de Oncopediatría (27.674), sancionada en 2022, que tiene al INC como autoridad de aplicación.
«Estoy con angustia, incertidumbre. Ya nos habían quitado desde lo que era Desarrollo Social, absorbido por Capital Humano, el programa para las refacciones edilicias y subsidios de alquiler para familias a más de 200 kilómetros del lugar del tratamiento. Despidieron pediatras del INC que fueron pilar fundamental para que funcione bien y que nos acompañaron en esta lucha tan grande por la ley», expresó ante Acción la mujer, coordinadora de la red federal de familias que impulsaron esa normativa. «No tenemos nada en claro, no sabemos qué va a pasar con la disolución del INC. Si bien hay una ley, no sabemos cuánto tiempo más la cumplirán. Ese es el problema».
«A pesar del compromiso y las promesas del Gobierno, nos referenciamos en lo que pasó con la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse)», comparó Alexis Descourvieres, miembro de Mamás y Papás contra Gliomas y de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa). Recordó que cuando el Ejecutivo paralizó esa dependencia, encargada de entregar medicamentos de alto costo a pacientes vulnerables, el argumento fue el mismo que el que se usó contra el INC: «Dijeron que estaban haciendo una auditoría y que iba a derivar en una denuncia. Nunca vimos cuál fue el resultado de esa auditoría en la Dadse y nunca hubo denuncia por mal funcionamiento. La terminaron cerrando y hoy en día los pacientes no tienen número de expediente, no saben qué pasa con sus drogas, no saben cuál es el organismo responsable, si corresponde a su municipio, a su provincia o a Nación. Lo mismo creemos que va a pasar con el INC. Se van a desfinanciar programas de epidemiología, de prevención, de control, de becas de formación», enumeró.
La red Unidos por el Cáncer, que reúne a 150 organizaciones de pacientes en todo el país, emitió un comunicado para expresar su preocupación tras la decisión de Salud. «Ante la importancia de las funciones que cumple el INC, consideramos necesario contar con información clara sobre cómo se garantizará la continuidad de los programas y recursos que actualmente dependen del Instituto», plantearon.
Desde Alapa empezaron a juntar firmas contra el cierre del Instituto: ya reunieron más de 1.100 adhesiones, entre organizaciones, profesionales y pacientes. Advirtieron que «el INC de Argentina no es solo una institución, es una pieza fundamental en la lucha contra una enfermedad que afecta a miles de familias en el país». Son más de 130.000 detecciones y 60.000 muertes al año a nivel nacional, según estimaciones de 2020 del Observatorio Global del Cáncer (Globocan).
Sin sorpresas
El anuncio de la absorción o disolución del INC dentro del Ministerio de Salud generó repudios, pero no sorpresas. Desde que asumió Mario Lugones al frente de la cartera sanitaria nacional, celebró toda medida de achique del Estado en su área, en línea con la destrucción estatal desde adentro que propone el presidente Javier Milei.
Lugones comenzó el año anunciando la reducción de 1.400 puestos de trabajo en su Ministerio. Esa tanda de despidos incluyó 56 bajas en el INC, tras lo cual presentó la renuncia su directora, Verónica Pesce. Luego, en febrero, una médica del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, Mariana Pechenik, advirtió sobre su «desmantelamiento». Denunció que «se suspendieron las compras de opioides (morfina y metadona), echaron a seis de los ocho integrantes del equipo (…). Cumplo en informar desde adentro. Muchos no hablan por miedo. Los Cuidados Paliativos argentinos estamos de luto».
La respuesta de Lugones fue apuntar contra la denunciante y acusarla de haber participado de la compra excesiva de opioides en la gestión anterior, que según informó, terminaron venciéndose sin que se distribuyeran. También dijo que en los hospitales nunca hubo faltantes. Sin embargo, la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos señaló que al menos desde agosto del año pasado fueron las provincias las que tuvieron que salir a comprar opioides, ante la falta de entrega de Nación.
«Es muy importante tener un organismo rector de políticas de cáncer que garanticen la prevención y el control de la enfermedad con una mirada de equidad y calidad. Su creación fue un gran logro», dijo sobre el INC Alejandra Iglesias, presidenta de la Asociación Civil Sostén y referenta de Unidos por el Cáncer. Y concluyó: «Si el Ministerio considera que algo no funciona, debería pensar en mejorarlo. Que sea más efectivo. Pero no en quitarlo».
