3 de febrero de 2023

María Carolina Stegman

El asesinato de Lucio Dupuy a manos de su madre y su pareja conmociona al país y muestra cómo se desconocen las señales de maltrato a niños y niñas.

Entre 2020 y 2021, de acuerdo con los datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, unos 6.805 niños, niñas y adolescentes sufrieron algún tipo de violencia, ya sea física (43%) o psicológica (95%). En el 80% de los casos los agresores fueron los progenitores, además, 7 de cada 10 chicos y chicas agredidos tenían menos de 11 años. La violencia en este caso no distingue entre género, ya que el 53% fueron niñas y adolescentes mujeres y el 47% varones. Otro dato que se desprende del relevamiento es que en el 73% de los casos los agresores fueron varones, y el restante mujeres.
El asesinato de Lucio Dupuy de tan solo 5 años a manos de su progenitora, Magdalena Espósito, y la pareja de esta, Abigail Páez, condenadas ambas por el Tribuna de Audiencia de La Pampa por homicidio agravado -y en el caso de Páez además también por abuso sexual gravemente ultrajante- es uno de los más conmocionantes, no solo por la horrible forma en la que murió el pequeño sino también porque nadie fue capaz de advertir las violencias a la que era sometido, torturas de las cuales su cuerpo hablaba y que lo llevaron a pisar la guardia de un hospital en cinco oportunidades en menos de tres meses.
Pandemia y aislamiento de por medio en 2020, año en el que permaneció al supuesto cuidado de su mamá, terminaron por crear la tormenta perfecta para él, aunque en esta tragedia, nada fue circunstancial ni azaroso, sino que cada error, cada supuesto y cada mirar para el costado respondieron muy posiblemente a una creencia tan arraigada como prejuiciosa: todas las madres son buenas y el mejor lugar de un niño o niña es con su mamá.
Los hechos recientes, lamentablemente, echan por tierra esta formulación como así también la idea del instinto maternal, una construcción cultural que no termina de deconstruirse y que constituye a la vez el correlato de una visión patriarcal que confiere ciertas características de acuerdo con la división biológica de las personas. Dicha construcción no impregna únicamente el imaginario que romantiza la maternidad, sino que también involucra a las instituciones, entre ellas la Justicia, volviéndola obsoleta y desarticulada de la perspectiva de las infancias.
«Hasta 2015, cuando se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, había un artículo, el 206, que determinaba que cuando un niño o niña tenía menos de 5 años había una prioridad para que la madre tuviera lo que en ese momento se denominaba tenencia y que ahora se llama cuidado personal. Con la reforma esto queda derogado porque se intenta que tanto padres varones como madres mujeres se ocupen de las tareas de cuidado con el mismo nivel de responsabilidad. La antigua prioridad del cuidado respondía a la creencia de que el instinto materno existe, de que las madres somos mejores, y esto no solo lo tiene la sociedad de afuera de los tribunales, la de adentro también y cuesta mucho cambiar; la Justicia es una organización del Estado absolutamente patriarcal, pero además, los juzgados de Familia son los más rezagados, con poca capacitación y los que menos presupuesto tienen», señala en diálogo con Acción la jueza de Familia de General Roca, Río Negro, e integrante de la Red Mujeres para la Justicia, Moira Revsin.

Instituciones que fallan
Entender por qué en noviembre de 2020 la jueza Ana Clara Pérez Ballester, tras homologar un acuerdo alcanzado por las partes, decide otorgar el cuidado a la madre de Lucio, quien hasta ese momento se encontraba con sus tíos paternos en medio de no pocas denuncias y conflictos familiares, resulta complejo, pero según explica Revsin, no siempre se hace un seguimiento de los niños y niñas.
«A veces la sentencia determina dar por finalizado un seguimiento porque llega cuando todo se consolidó. Si se hubiera advertido una situación de violencia se tendría que haber informado al juzgado. La Justicia no llega a la gente porque se mete en cada casa, sería imposible, las causas penales las mueven las personas, los abogados, que deben estar capacitados. Ahora, en los temas de familia, por más que haya una sentencia, las cosas pueden ir cambiando con posterioridad, en ese caso se revisará qué es lo que se hizo», indica la magistrada.
Sin dudas los últimos meses en la vida de Lucio fueron de dolor y de un sufrimiento callado a fuerza de amenazas, pero aun así hubo un cuerpo que habló de la forma que pudo y que nadie escuchó. «En el caso de Lucio no solo es responsable la madre y su pareja, claro que tienen que pagar, pero me pregunto, ¿qué pasó con todos los organismos que intervinieron en el caso?, ¿qué pasó con las instituciones que atendieron a Lucio?, ¿qué pasó con la maestras del jardín de infantes? Se sabe que en los casos de niños víctimas de violencia solo un 25% piden ayuda con palabras, no obstante de alguna manera lo expresan: a través de su lenguaje corporal, de sus ojos tristes, de sus juegos o dibujos, los chicos son muy transparentes. Además, hay marcas en el cuerpo, un caminar diferente y en el caso de abuso sexual infecciones urinarias, por ejemplo», asegura María Cecilia López, psicóloga infantil especializada en abuso y escritora.
En esta misma línea, la psicóloga y magíster en Ciencias Políticas, Nora Merlín, refiere que el caso de Lucio tiene que dejar muchas enseñanzas, entre ellas el hecho de que las instituciones, como la Justicia o el dispositivo médico, están aún atravesados por prejuicios en relación con el lugar de la madre. «Se cree que necesariamente es quien más cuida a su hijo y realmente esto es un prejuicio. El caso de Lucio fue una tragedia porque fue abusado por su madre biológica y los médicos ignoraron esto, no le dieron la suficiente importancia al cuerpo del niño cuando era un cuerpo que hablaba y hubo un negacionismo tanto de los médicos como de las autoridades del jardín de infantes y sobre todo del Poder Judicial, que es una institución bastante conservadora y que se maneja con prejuicios, entre ellos el que afirma que necesariamente una madre es buena solo por serlo», advierte.
Para Merlín, además, la creencia de que hay un instinto materno encuentra sus bases en una ideología hegemónica patriarcal y machista que asigna lugares sociales y roles determinados supuestamente por la biología. «La biología no garantiza nada. La maternidad implica un deseo de hijo y no todas las mujeres tienen ese deseo, hay madres que rechazan a sus hijos, son madres solo biológicamente. Este conocimiento hay que agradecérselo por un lado al psicoanálisis, pero también a los feminismos que ayudaron mucho a deconstruir ese imperativo social», subraya la investigadora.
Sin dudas la capacitación para advertir y denunciar situaciones de abuso y violencia tanto de los funcionarios del Poder Judicial y de quienes son encargados de velar por el bienestar de los niños y niñas, ya sean médicos o maestros, tal como propone el proyecto de ley que lleva el nombre del niño asesinado y que cuenta con media sanción de Diputados, es fundamental y puede ser un principio de solución, no obstante tal vez igual de importante sea tener una mirada desde los niños. «La capacitación es fundamental, la ley de Educación Sexual Integral, ESI, ayudó muchísimo. Ahora, también hay que tener una perspectiva desde la niñez, porque muchas veces desde los juzgados se escucha a los padres y se termina concluyendo que el conflicto es una pelea de adultos. Muchos niños lloran a la hora de ir a la casa de su mamá o de su papá –concluye López–, hay que preguntarse por qué, algo están diciendo, solo hay que escucharlos».