9 de febrero de 2023
Un hecho aberrante, un proceso convertido en show por la maquinaria mediática, la noticia policial como entretenimiento. Otra forma de pensar lo ocurrido en el tribunal de Dolores.
Foto: NA
Finalmente hubo cinco condenas a perpetuidad (para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli) y tres a 15 años de prisión (para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi). Así cayó el telón del –diríase– suceso teatral del verano. ¿Era lo que los espectadores esperaban? Claro que para comprender tal epílogo es necesario abordar ciertas características de la –diríase– «obra».
La foto del arma homicida –una zapatilla ensangrentada– ya es un ícono en la historia policial argentina. Porque la jauría de rugbiers enardecidos que mató a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell hizo que el espíritu público se lanzara a un estado deliberativo desaforado y estremecedor. Lo cierto es que este crimen fue como una costura fugaz en todas sus grietas. Una suerte de socialización del estupor sin ausentes ni excluidos. Y exageradamente prolífico en un sinfín de interpretaciones condenatorias.
Nadie –de un extremo al otro del espectro ideológico– se privó de volcar su parecer al respecto. De modo que lo ocurrido el 18 de enero de 2020 en la vereda del boliche Le Brique fue, a la vez, fruto del odio de clase, de la masculinidad mal procesada, del racismo, del consumo de alcohol, de la ausencia del Estado, de los valores del rugby, de la falta de religiosidad y del desplome de la institución familiar, entre otras disfunciones absolutamente contrapuestas entre sí.
Pero también significó –y no por primera vez– la transformación de la noticia policial en un entretenimiento puro. Una epopeya mediática oscilante entre Kafka, Orwell y Lombroso.
Por lo pronto, semejante escenario encaja con el concepto que, en 1967, supo desarrollar el filósofo francés Guy Debord en su ensayo La sociedad del espectáculo, a saber: «Todo lo que alguna vez fue vivido directamente ahora se ha convertido en una mera representación».
Tanto es así que el juicio oral en la ciudad de Dolores fue un auténtico reality show. Transmitido en cadena por todas las señales televisivas de aire y cable, su formato incluía imágenes de los acusados en el banquillo, y también una perla narrativa, aunque repetida hasta el cansancio: los 25 o 30 segundos de la golpiza, captados por cámaras de seguridad y celulares de testigos desde diferentes ángulos. Un registro múltiple que era analizado en off por una nueva camada de opinadores: los expertos en homicidios grupales a patadas.
Al respecto, bien vale una observación: es notable que todos los relatos del asunto se redujeran a ese breve lapso temporal, como si no existiera una historia previa; como si los victimarios hubieran nacido de un repollo. ¿Acaso fue un crimen sin un antes ni un después?
Un capítulo aparte fue el duelo entre el abogado querellante Fernando Burlando y el defensor Hugo Tomei. Dos comediantes de fuste. El primero, por su papel en el escenario, era el favorito del público. Poco importaba que patrocinara ad honorem a los padres de Fernando con el único propósito de embellecer su imagen a los efectos de una posible candidatura a gobernador por el partido de Javier Milei. El segundo, quien por su rol en esta pieza no contaba con el fervor de la platea, también aprovechó la ocasión para asear su perfil. Ocurre que arrastraba una mácula: su procesamiento por la apropiación fraudulenta de un campo que pertenecía a dos de sus clientes, en complicidad con el ya destituido juez federal Federico Faggionato Márquez.
Antes y después
Pues bien, todo indicaría que el crimen de Fernando instaló una bisagra en los anales de la criminología vernácula. ¿Pero cuál sería su estigma en el cuerpo social? Desde luego que el parloteo coral de quienes esgrimen sus claridades al respecto encubre la respuesta. Pero da pie a un interrogante: ¿por qué otros crímenes grupales, con coreografías casi idénticas, no merecen un repudio tan unánime? ¿Acaso hay linchamientos virtuosos?
En este punto bien vale recordar la señera figura de Daniel Oyarzún, el carnicero de Zárate, que llegó a la fama por su aporte en el campo de la «justicia por mano propia». Una innovación que podría denominarse «embestida vehicular seguida de linchamiento».
Para que ocurriera el linchamiento –luego de perseguir y atropellar en un Peugeot 306 a un ladronzuelo en fuga–, su faena se vio completada por la súbita complicidad de un número no determinado de vecinos que descargaron una lluvia de puñetazos y patadas sobre la víctima –identificada como Brian González–, cuando, aplastada entre la trompa de la camioneta y un semáforo, agonizaba con el cuerpo roto por dentro. Era el 13 de septiembre de 2016.
Tal acto le valió al irascible Oyarzún un breve arresto, su procesamiento por «homicidio simple», la bendición del entonces presidente Mauricio Macri y, finalmente, su excarcelación «extraordinaria», sin que la turba que lo había secundado fuera rozada por la Ley.
La gran hazaña de aquel hombre lo lanzó hacia la arena política, ya que en las elecciones generales de 2019 fue elegido concejal. ¿Acaso entre sus votantes habría vecinos que ahora se horrorizan por el crimen cometido por los rugbiers?
