1 de febrero de 2022

María José Ralli

Son un elemento clave para la prevención del cáncer, pero su elevado precio los vuelve un objeto de lujo. Un debate necesario sobre el rol del Estado.

Postal típica de cada verano: cuerpos tendidos al sol a orillas del mar, al lado del río, la pileta o la terraza; y Febo brillante, luminoso mientras calienta, broncea pero también lastima, porque el sol daña –y mucho– si no se toman las medidas de cuidado necesarias y oportunas.
La piel es el órgano más grande del cuerpo: protege contra la luz solar, de lesiones e infecciones, ayuda a controlar la temperatura corporal y almacena agua y vitamina D; pero la exposición a los rayos ultravioletas (UV) que forman parte de la luz solar es un factor de riesgo para el cáncer de piel, que se puede prevenir con restricciones como evitar estar bajo el sol, usar ropa que impida su paso y utilizar protector solar en las zonas de la piel que quedan expuestas. El índice UV es la forma adoptada internacionalmente para expresar mediante un número la intensidad de la radiación ultravioleta; cuanto mayor es el valor del índice UV, más alta es la probabilidad de que se produzcan rápidamente lesiones en la piel y los ojos.
«Las medidas preventivas están relacionadas con limitar la exposición al sol, prefiriendo como primera línea las barreras físicas como la indumentaria resistente a rayos UV, así como el control de los horarios de exposición en franjas de menos incidencia de los rayos y recién luego viene la recomendación de protectores solares», dice María de los Ángeles Yrbas, especialista en Farmacia Hospitalaria y Oncología, y experta en estrategias de prevención de melanomas. A esta primera consideración se suma una segunda: la composición de las fórmulas disponibles y la eficacia del nivel de protección de las pantallas solares, «y no menor, el criterio de seguridad signado por el uso reiterado y aplicado en grandes superficies de la piel», agrega.
Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria revela que el valor del Factor de Protección Solar (FPS) no es directamente proporcional a su capacidad para filtrar rayos UV, lo que se traduce en que un protector con FPS 60 no provee el doble de protección que otro con FPS 30. «La diferencia entre FPS 30 y FPS 50 es muy pequeña: mientras que un producto con FPS 30 filtra el 97% de los rayos UV, uno con FPS 50 filtra el 99%», describe el trabajo y ejemplifica: «La diferencia entre FPS 50 y 60 es tan pequeña que en Europa y Australia se prohibió promocionar protectores con FPS mayores a 50 por considerarlo publicidad engañosa».
En cuanto a la eficacia de los protectores, Yrbas señala que «menos de FPS 15 no serviría de nada», y subraya que «la estrategia de prevención es conocer nuestro fototipo de piel y si tenemos otros factores de riesgo para recién luego decidir qué tipo de FPS utilizar y qué medidas de protección adaptar para nuestro caso».
Además, subraya: «El protector solo puede dar una falsa idea de seguridad, porque de nada va a servir si está mal puesto y nos exponemos en malla desde las 12 hasta las 17», y hace hincapié en la exposición en los primeros años de vida: «Las quemaduras solares reiteradas en la infancia y adolescencia están fuertemente relacionadas a un aumento del riesgo, por eso es tan importante cuidar la exposición de todos, pero especialmente en los chicos».

Acceso en la mira
El uso de protector solar es la medida de prevención que involucra directamente a la industria farmacéutica, pero al ser considerado un producto cosmético y no un medicamento el precio es fijado por los laboratorios. Según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR), los filtros solares de las principales marcas elaboradas por laboratorios nacionales, subieron de precio hasta un 117% entre enero de 2020 y diciembre de 2021.
«Para nosotros los protectores solares tienen que ser considerados un medicamento, no terapéutico pero sí para la prevención de enfermedades graves como el cáncer», sostiene en diálogo con Acción el médico sanitarista Leonel Tesler, presidente de Soberanía Sanitaria, y resalta que es importante también desligar a los protectores del uso turístico o recreativo y estacional, porque es un elemento de protección para los trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus tareas al aire libre, en la construcción, en vialidad, trabajadores rurales, expuestos a la radiación solar permanentemente y durante todo el año. «Así como se usa casco o calzado especial debería sumarse como medida de seguridad», grafica, y subraya que si bien la normativa debiera contemplar el acceso, «hoy depende de la voluntad que tenga la empresa donde trabajan de proveerlo o no».
Problematizar el acceso a los protectores solares es el primer paso para transformarlo en una política pública que considere no solo a quienes tienen obras sociales y medicina prepaga sino también a aquellas personas con cobertura pública exclusiva para garantizar el acceso equitativo.

Al ser considerados productos cosméticos no existen instancias para la regulación del precio. En este sentido, Tesler sostiene que el rol del Estado es ser ante todo «el garante de derechos, para lo cual tiene muchas herramientas», como la posibilidad de definir qué tipo de producto es el protector –medicamento o cosmético–. «Considerarlo un medicamento conllevaría la posibilidad de ser reconocido dentro del PMO (Programa Médico Obligatorio) y también de incluirlo al botiquín del Plan Remediar», explica Tesler, y agrega que, además, «entraría en la negociación de precios que se realiza con los laboratorios y las cámaras farmacéuticas, donde interviene no solo el Estado directamente a través del Ejecutivo en términos de rectoría, sino también con actores estatales que son muy importantes en la definición de volumen de compras, como son las obras sociales grandes como el IOMA y el PAMI».
Pero hay una herramienta más: la producción pública de medicamentos. El país cuenta con una importante red de laboratorios públicos con gran potencial y capacidad instalada, como el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. «Cuando hablamos de producción pública de medicamentos, y en este caso de protectores solares, no estamos pensando en que vaya a desplazar del todo a la producción privada –concluye Tesler–. Se trata de una herramienta más que tiene el Estado para generar referencia de costos y precios al consumidor y propiciar un mayor acceso a quienes no lo tienen».