22 de agosto de 2022
Sin una ley de humedales que brinde protección, las quemas de pastizales en el Delta parecen no tener freno. Habla una especialista en derecho ambiental.
«Es claro que el tema de las quemas impacta más en los medios cuando el humo llega a Buenos Aires, pero muchas localidades del Delta del Paraná están siendo fuertemente afectadas e invisibilizadas», advierte Ana Di Pangracio, abogada especializada en derecho y política ambiental, en referencia a los incendios provocados en las áreas cercanas a Rosario, Santa Fe, y en Entre Ríos.
Desde hace 12 años Di Pangracio trabaja para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, y actualmente es su directora ejecutiva. Esta es una de las organizaciones que más activamente trabajó para consensuar la ley de humedales que fue presentada nuevamente en marzo de este año por el diputado Leonardo Grosso. Una apasionada de la naturaleza como ella misma se define, es además consejera hasta 2025 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, la autoridad mundial en cuanto al estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. La especialista subraya la necesidad de contar con un Poder Judicial activo y con fiscales comprometidos que bajen al territorio para prevenir las quemas intencionales como las que suceden hoy en el Delta del Paraná, pero además plantea la posibilidad de integrar al Código Penal actual un capítulo referido a los delitos ambientales para no tener que esperar su reforma.
–El ministro Juan Cabandié señaló que las quemas se generan porque «hay muchos intereses» y pidió que se cite a los dueños de los campos. Un informe presentado a la Justicia habla de por lo menos 10 puntos incendiados casi 60 veces en los últimos dos años ¿Qué falta para penalizar a los culpables?
–En los últimos años hubo lindos fallos indicando que se detengan las quemas, que se restaure el daño y que se pongan a trabajar las autoridades y aun así las quemas siguen. Esto representa un desafío, porque por ahora no tenemos delitos ambientales en el Código Penal, habría que sorprender a la persona in fraganti prendiendo fuego para llevar el debido proceso judicial y que se le imponga una multa. La opción del Poder Judicial es importante y necesitamos de este, de fiscales muy comprometidos y que se fijen que las decisiones y fallos que emiten luego se cumplan, que no queden atornillados en sus sillas, que vayan a esos territorios, pero sobre todo que hagan un trabajo preventivo.
–¿Más control en territorio?
–Digo que es importante el trabajo preventivo porque aun sin ley de humedales, con la legislación y los mecanismos institucionales en pie –en el caso del Delta del Paraná es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), que ya existe (ver recuadro)–, se podría estar llevando adelante la articulación de autoridades y el trabajo preventivo en territorio y el reordenamiento territorial que se necesita, y no se está terminando de activar. Esto nos preocupa porque seguimos corriendo detrás de los incendios sin priorizar acciones que se tendrían que haber dado tras la crisis severa de 2020.
–Naciones Unidas emitió una resolución que sostiene que el derecho a un ambiente limpio y saludable tiene que ser considerado como un derecho humano universal, ¿qué significa en la práctica?
–En Argentina el derecho penal ambiental puntualmente está muy poco desarrollado, pero no hay que esperar a una reforma completa de todo el Código, se puede avanzar en el desarrollo de un capítulo que se integre al que tenemos hoy, referido a los delitos ambientales para tener también esa herramienta disuasoria de este tipo de accionares ilegales. Es decir, que no sea solo una multa económica la que eventualmente pueda recibir una persona o un grupo de personas físicas o jurídicas, sino que pierdan lo más preciado, que es su libertad. Por otro lado, es bienvenida la resolución de la ONU; muchos países a lo largo del mundo, incluyendo Argentina, reconocen este derecho en la Constitución y si bien la resolución de Naciones Unidas no es vinculante, es muy simbólica, es un compromiso moral de los países. Esto nos da otra herramienta para empujar por este derecho y otros, como el derecho de acceso a la información, a la participación ciudadana y acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
–Para los porteños es extraño ver el humo, pero el impacto es mayor para los que viven cerca de los incendios. ¿Hay una conciencia real de lo que implica para los ecosistemas y las personas?
–Es claro que el tema de las quemas impacta más en los medios cuando el humo llega a Buenos Aires, pero muchas localidades del Delta del Paraná están siendo fuertemente afectadas e invisibilizadas. Hablamos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y también San Nicolás, Ramallo, Baradero, Campana, con un impacto no solo en los ecosistemas sino también en los bienes de las personas, en su salud, sobre todo en este escenario de sequía sostenida y cambio climático global.
–¿Confía en que la ley de humedales sea una realidad este año?
–Estuvieron cinco meses estudiando los proyectos de ley de humedales, incluido el que mayor consenso tuvo, y hace pocos días le dieron los giros a las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura en la Cámara de Diputados. Ahora estamos exigiendo a través de notas formales que hagan un plenario de las tres comisiones, hay que ponerlo en la agenda parlamentaria, tener dictamen y que baje a recinto para al menos tener media sanción este año y que pase a consideración del Senado. Sabemos que esta ley no va a venir a resolver todas las problemáticas de un día para el otro, pero es una norma esencial para establecer estándares mínimos de protección ambiental de los humedales a lo largo del todo el país.
