20 de abril de 2023

Tom Wichter

La utilización de terrenos para un proyecto agroecológico se convirtió en un escenario de conflicto, con distintas maneras de entender la seguridad y la vida en comunidad.

Un campo de 140 hectáreas ubicado en el límite entre Chapadmalal y El Marquesado se convirtió en el escenario de una disputa política a nivel nacional, luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lo cedió para la gestación de un proyecto de producción agroecológica.
Frente al mar, 30 kilómetros al sur de Mar del Plata, el terreno fue cedido en febrero por el Estado Nacional a Tercer Tiempo, una ONG vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización liderada a nivel nacional por el precandidato presidencial Juan Grabois. El objetivo es que en un plazo máximo de 180 días el MTE evalúe la viabilidad y presente un proyecto de producción agroecológica. 
Pero desde el 25 de marzo ese campo se convirtió en un objeto de disputa cuando el municipio de General Pueyrredón, gobernado por el PRO, expresó un fuerte rechazo a la iniciativa. El tono de esa negativa quedó reflejado en las palabras del Secretario de Seguridad del municipio, Martín Ferlauto, hacia los militantes del MTE que estaban dentro del lugar: «Vamos a hacer todo lo posible para que no se establezca la granja y todo lo que ustedes quieren hacer acá», les planteó. 
Lo mismo dijo Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Pueyrredón. «Mientras los marplatenses trabajan para progresar, otros proponen regalar tierras con fines político partidarios haciendo las cosas de forma totalmente ilegítima». El caso rompió las barreras de MDP cuando el expresidente Mauricio Macri denunció que «el movimiento de Grabois intenta una vez más usurpar tierras con la complicidad del Gobierno» y expresó su solidaridad con «los vecinos asustados por la situación». Patricia Bullrich, presidenta del PRO y precandidata a la presidencia, se refirió al tema con un pedido de «respeto de la propiedad privada y justicia para que no hayan quienes trabajan para comprarse un terreno y quienes reciben tierras de arriba». El proyecto desmiente que se trate de un regalo o de propiedad privada: de concretarse, el comodato de la tierra fiscal será de hasta 15 años. 
El conflicto en el territorio comenzó el sábado 25 de marzo cuando productores fueron a conocer el terreno que, si el proyecto prospera, posiblemente se convierta en un nuevo hogar y lugar de trabajo. 
«Nos encontramos con un grupo de choque», sintetiza Maximiliano Álvarez, representante del MTE Mar del Plata, sobre un grupo de vecinos que, entre acusaciones de «usurpación» y denuncias de un proceso de «conurbanización» liderado por Grabois, reaccionó con violencia y xenofobia: «Fuimos ilusionados a conocer la tierra y recibimos un odio terrible, nos discriminaron de una manera muy fea, cuestionaban que fueran a “poner bolivianos” en su barrio», cuenta Joa, productora de la zona de Sierra de los Padres.
Joa, al igual que varios vecinos, prefiere preservar el anonimato de su testimonio por razones de seguridad. Es que las consignas de la protesta de vecinos del 25 de marzo calaron hondo. En El Marquesado, uno de los pequeños y apacibles barrios costeros sobre la ruta 11, muchos de los que se manifiestan cada fin de semana en el ingreso al campo temen que este sea el fin de una «rutina de pueblo» frente al mar. «Primero dijeron que iba a ser para agroecología, pero después el Gobierno dijo (sic) que era para gente de La Matanza. Si se mete uno de estos en tu casa no los sacás más, van a hacer una villa como las de Buenos Aires», expresa preocupada Ángela, propietaria de una cabaña para alquiler. Hernán, electricista, comprende que no vendrá gente del AMBA pero igual desconfía: «Ojalá sea para agroecología, pero se van a instalar 100 familias y eso es para lío. Son de la zona de Batán, esos barrios son un peligro».
«No es ningún asentamiento y no venimos de afuera. Somos productores que buscamos progresar, lo único que sabemos hacer es cultivar la tierra y lo hacemos con amor», replica Joa. «Donde estoy ahora trabajamos a porcentaje y el patrón se queda con el 70%, y las máscaras o guantes para protegernos de los químicos las tenemos que comprar nosotros», explica sobre sus motivaciones económicas y de salud para mudarse a 50 kilómetros y cultivar con métodos agroecológicos. Además, convoca a los vecinos a comprender los beneficios: «La idea es que haya una feria para vecinos con precios directos del productor al consumidor».

Veredas opuestas
Mientras el conflicto continúa y las protestas se repiten cada fin de semana, de la tranquera hacia adentro el proyecto sigue su curso: un equipo técnico que incluye a miembros de la Universidad de Mar del Plata y el CONICET evalúa las características del suelo para determinar la viabilidad del proyecto, que incluye horticultura, ganadería y otros métodos de producción sustentable de alimentos. 
«El terreno es apto para cultivar, lo que estamos evaluando es en qué medida y en qué sector del campo conviene desarrollar cada actividad», afirma Roberto Cittadini, experto en desarrollo rural que lidera el equipo técnico, quien desmiente una de las críticas que recibió el proyecto: la supuesta imposibilidad de cultivar tan cerca del mar por el efecto del salitre en los cultivos. Paula, marplatense de 36 años, pasó todos los veranos de su infancia en la zona y recuerda que en su niñez se divertía recogiendo «las papas y zanahorias que las cosechadoras no llegaban a recolectar».
En la vereda opuesta, el intendente Montenegro judicializó el caso: denunció penalmente a Eduardo Albanese, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); y a Marcos Santucho, presidente de Tercer Tiempo, la ONG que recibió la cesión del terreno. 
A su vez, cámaras empresariales marplatenses firmaron un comunicado conjunto pidiendo al Estado nacional que suspenda la cesión de tierras. Allí denuncian que la entrega del terreno se realizó de manera «discrecional, poco participativa e inconsulta» y que un proyecto agroecológico «contradice el desarrollo productivo y turístico que viene teniendo esa zona conocida como “Chapa”», en referencia al nombre coloquial que recibe Chapadmalal a partir de un reciente auge de inversiones inmobiliarias y gastronómicas. «Un emprendimiento socio-comunitario podría dejar instalado un asentamiento informal que depreciará y frenará el desarrollo de la zona», advierten.
Andrea, vecina de Chapadmalal, está a favor de un proyecto que le puede brindar «alimentos de calidad y a un precio razonable» y entiende que el comunicado de las agrupaciones empresarias refleja el verdadero interés que choca con el proyecto agroecológico: la especulación inmobiliaria. «Chapadmalal está creciendo de manera desmedida y no programada, eso es un peligro para la zona», afirma sobre un avance de emprendimientos privados que, a su criterio y el de otros residentes, pone en riesgo el carácter apacible de su barrio. La misma condición de tranquilidad que quieren preservar los que temen una «conurbanización» de la zona. Lo que los diferencia, en definitiva, son las distintas maneras de entender la «seguridad» y la vida en comunidad.