11 de marzo de 2015
Una medida cautelar que prescribía el desalojo de una comunidad mapuche de sus tierras, en El Bolsón (Río Negro), fue rechazada luego de que un dictamen de la Procuración General de la Nación estableciera que su ejecución «puede afectar el derecho de la comunidad a la posesión y propiedad comunitaria indígena, de la que depende su supervivencia como pueblo organizado con una cultura diferente». De este modo, el organismo dirigido por Alejandra Gils Carbó determinó que corresponde la revocación de la medida, puesto que los integrantes de la comunidad Las Hauytekas mantienen un lazo material y simbólico con las tierras, lo que constituye un importante precedente jurídico. Para la Procuración, el Estado debe garantizar «evitar que se consoliden nuevas situaciones de despojo» contra los pueblos originarios y no limitarse a mediar entre privados.
