Connotados representantes de la derecha internacional y local salieron al cruce de las políticas impulsadas para enfrentar el avance del coronavirus y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Distintas perspectivas provinciales.
29 de abril de 2020
Aliados. Mario Vargas Llosa, artífice del pronunciamiento contra el «ogro filantrópico», junto a Mauricio Macri, el año pasado en Buenos Aires. (Télam)
Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir. Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el Ogro Filantrópico y la muerte». Sin medias tintas ni concesiones al más elemental humanismo, caracterizados representantes de la derecha internacional agrupados en la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) sintetizaron en este párrafo del manifiesto que dieron a conocer hace algunos días la esencia de su postura ante la pandemia.
Los seguidores del falangista exmandatario español José María Aznar y del escritor y frustrado político peruano Mario Vargas Llosa, entre los que se cuenta el expresidente argentino Mauricio Macri, sostienen que «en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa», al tiempo que «resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado».
El temor de los integrantes de la FIL –un conglomerado de atávicos personajes que defienden las ideas económicas del ultraliberalismo económico– tiene sus fundamentos. Lo que ellos denominan «Ogro Filantrópico» es un Estado presente que subordina el productivismo y el lucro a la preservación de la salud de la población, y el éxito obtenido por las medidas adoptadas –entre ellas la cuarentena–, así como la eficiencia de la salud pública en el control del virus, demuestran palmariamente que el Estado tiene las respuestas que al mercado le faltan y que la libertad reclamada, supuestamente cercenada por el «estatismo, el intervencionismo y el populismo», no es más que la de morir y matar. Basta con observar los resultados logrados por Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en el Reino Unido y Jair Bolsonaro en Brasil, con sus patéticos llamados a salir a la calle o a combatir el COVID-19 con inyecciones de lavandina.
Entre los argentinos que firmaron el manifiesto, sobresalen el efímero exministro de Economía, Ricardo López Murphy, y el empresario Alejandro Roemmers, un ultramillonario que organizó una fastuosa fiesta con casi 600 invitados en territorio marroquí y que aparece mencionado en los Panama Papers. Pero la ofensiva desatada contra el Gobierno nacional por la conducta adoptada frente al coronavirus, fogoneada como de costumbre por los grandes medios de comunicación, no se limita a la actividad de ese inocuo organismo de escaso predicamento; incluye, además, la reaparición de los trolls que inundan las redes sociales de comentarios y memes poco imaginativos, la intensa actividad del ala dura del macrismo, encabezada por Patricia Bullrich, y las declaraciones de entidades representativas de los intereses de los más ricos.
A las ya habituales quejas de algunos de los sectores que integran la Mesa de Enlace del agro, se ha sumado recientemente el Foro de Convergencia Empresarial que agrupa a un sector importante de las patronales autóctonas. Su reclamo, que no se aparta un ápice del manual de la ortodoxia económica, solicita generar las condiciones para incentivar la actividad privada a través de la eliminación de los controles de precios, detener el avance de la iniciativa que pretende el impuesto a los grandes patrimonios y preservar la continuidad de las empresas, un modo sutil de pedir la flexibilización del aislamiento.
Estas reacciones de quienes no ignoran la obsolescencia de las recetas neoliberales aparecen como un recurso desesperado para enfrentar el consenso que han conseguido las medidas tendientes a evitar la expansión de la pandemia, como lo evidencian todas las encuestas. La cuarentena impuesta introdujo modificaciones distorsivas en la vida cotidiana de los ciudadanos y profundizó la ya difícil situación de los más desfavorecidos, a los que se suman ahora los sectores medios, comerciantes, profesionales y cuentapropistas, pero la información acerca de lo que está sucediendo en otros países y los resultados que se observan hasta el momento operan como elementos cohesionantes. De allí el unánime apoyo otorgado por los gobernadores provinciales que habiendo sido autorizados a flexibilizar el aislamiento, han optado, en general, por continuar con la metodología imperante.
De norte a sur
En unos pocos distritos, cierta vocación autoritaria llevó a los gobernadores a ser más papistas que el papa. En Salta, por ejemplo, organismos de derechos humanos denunciaron el dictado de un decreto que permite avanzar con arrestos y condenas sin intervención del Poder Judicial contra aquellos que incumplen el aislamiento, asignándole al jefe de Policía provincial la facultad de detener, juzgar y aplicar penas a los supuestos infractores.
En Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, se expulsó de la provincia a inmigrantes que fueron cargados en un micro y enviados con destino a Buenos Aires y, pese al escándalo suscitado, que tuvo connotaciones continentales a partir de las protestas del embajador de Perú, se persistió en anunciar actitudes discriminatorias y persecutorias, como la de marcar las casas de los contagiados con coronavirus, aunque el repudio generalizado obligó a Morales a dar marcha atrás.
También en Chubut se confirmaron detenciones arbitrarias al difundirse un audio en el cual el jefe de Policía afirmaba que, por pedido del ministro de Seguridad «había que meter gente presa». Entre las restricciones cuestionadas se cuentan el virtual toque de queda a partir de las 19,30 horas, la prohibición de que viajen más de dos personas en un vehículo y de circular entre ciudades. Ante las numerosas denuncias recibidas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus colectivo donde se solicita «la urgente intervención judicial a los fines de que se ordene al Gobierno de la provincia adecuarse a las normas nacionales y abstenerse de cercenar aún más la libertad ambulatoria de los ciudadanos».
En cambio, en distritos donde mejoraron las condiciones epidemiológicas o no se registraron casos, se sumaron actividades exceptuadas de cumplir con la cuarentena. Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén autorizaron el ejercicio de profesiones liberales y habilitaron la construcción privada, que también será permitida en Mendoza y Santa Cruz, y otras medidas flexibilizadoras se adoptaron en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.
Los mayores desafíos que plantea el futuro inmediato consisten en reactivar paulatinamente el aparato productivo, sin retroceder en los avances logrados en el combate contra el virus, y en asestar un duro golpe a los especuladores que incrementaron brutalmente los precios de los productos de la canasta familiar.
