La investigación judicial sobre la actividad de la AFI durante el macrismo apunta al involucramiento de altas autoridades de ese Gobierno en la obtención ilegal de información. Antecedentes que se remontan a los orígenes de la Argentina.
28 de julio de 2020
Lomas de Zamora. Gustavo Arribas, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, llega a los tribunales para declarar en la causa. (NA)
Como si se tratara de una novela del escritor británico John Le Carré, la trama del espionaje desarrollado durante cuatro años por el Gobierno macrista es compleja y está llena de sorpresas. En medio de disputas por las distintas causas vinculadas con el tema, recusaciones a jueces y fiscales y revelaciones inesperadas, la declaración indagatoria al agente de inteligencia Martín Coste permitió reforzar una fundamentada sospecha: que las actividades ilegales que se realizaron frente al Instituto Patria en 2018 respondían a órdenes de las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, o del propio expresidente Mauricio Macri. Coste precisó que sería inaudito que esas tareas se concretaran sin conocimiento de la cúpula de la institución.
También, a través de informes secretos a los que tuvo acceso el semanario Tiempo Argentino y que forman parte de la investigación que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora, trascendió que la AFI hizo espionaje sobre la comunidad mapuche antes, durante y después de la desaparición de Santiago Maldonado. El resultado de la operación: una delirante historia en la que se intentó vincular a los supuestos miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) con Milagro Sala, el kirchnerismo, el anarquismo internacional, los separatistas vascos de la ETA y la Universidad Madres de Plaza de Mayo.
Desde su nacimiento como nación independiente, la ciudadanía argentina y sus representantes debieron soportar los desvaríos y tropelías de los espías. Según la historiadora Araceli Bellota, el fisgoneo al que lo sometía el presidente Bernardino Rivadavia condujo al general José de San Martín a partir con destino a Boulogne Sur Mer. Según le habría confiado el Libertador al chileno Bernardo O’Higgins, estaba harto del cerco al que lo sometían los agentes encubiertos que violaban constantemente las cartas que recibía. La misma autora señala que la Constitución de 1853 incluyó la inviolabilidad de la correspondencia pero que la aparición del telégrafo generó un «festival del espía».
Mucho más tarde, al finalizar la Primera Guerra Mundial, comenzó a operar una red de agentes e informantes creada en Buenos Aires y Montevideo por las embajadas de Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia que se infiltró en el movimiento obrero con el fin de tener un conocimiento preciso de las actividades de los llamados «maximalistas» (anarcocomunistas y bolcheviques) que por entonces tenían un gran desarrollo y combatividad, como lo registra el libro de varios autores Espionaje y revolución en el Río de la Plata.
Pero la creación de un organismo específico, dirigido por un secretario que era miembro especial del Gabinete de Ministros al cual la institución estaba subordinada, se produjo recién en 1946, en la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Su trabajo consistía en contribuir a la conformación de una estrategia nacional en la materia. Se la denominó Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE) y estaba controlada por personal civil. Anteriormente ese tipo de tareas estaba a cargo de organismos militares.
Después del golpe de Estado de 1955, durante la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu, la CIDE se reestructuró, cambió su nombre por el de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y dedicó sus esfuerzos a perseguir a peronistas y comunistas. La conducción fue ejercida por el general Juan Constantino Quaranta, que alcanzó notoriedad con el asesinato del abogado Marcos Satanowsky. El caso fue minuciosamente investigado por el escritor Rodolfo Walsh, a quien le resultó extraño que en el lugar del hecho, pleno centro porteño, se hubiesen arrojado volantes en los que se acusaba de comunista a la familia del occiso, en un intento de atribuir el crimen a la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) cuando era público y notorio que Satanowsky, anticomunista y antiperonista, contaba entre sus representados a miembros de la alta burguesía. Walsh fue publicando sus conclusiones en una serie de 28 notas editadas en 1958 por el matutino Mayoría y recién les dio forma de libro en 1973.
Los testimonios recogidos le permitieron determinar que los autores materiales del asesinato habían sido todos agentes de la SIDE y el móvil, la apropiación de las acciones del diario La Razón que se disputaban el Ejército y la familia Peralta Ramos que sostenía que la venta del diario durante el gobierno peronista había sido fraguada y reclamaba su devolución.
Conmociones
Tras las elecciones de 1958 que lo consagraron presidente, Arturo Frondizi utilizó la estructura de la SIDE para impulsar el plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES) con el cual se persiguió la resistencia sindical y estudiantil. Paralelamente fue encuadrando al organismo dentro de la naciente Doctrina de Seguridad Nacional.
En los convulsos años 70, la SIDE tuvo un papel importante en la represión y asesinato de militantes populares y cuando debió allanarse a la reinstauración democrática, sus responsables comenzaron a urdir –en alianza con el lopezreguismo– la conformación de grupos paramilitares conocidos como Las Tres A. No obstante, su influencia y poderío alcanzó su punto más alto con el golpe cívico-militar de 1976. Además de las tareas de inteligencia interna desarrolló un rol fundamental en el exterminio de miles de ciudadanos, principalmente a través de la jefatura del Grupo de Tareas 5 (GT5) constituido por sus agentes.
Quien fue su jefe en 1990, Hugo Anzorreguy, fue acusado en el juicio por presunto encubrimiento al atentado a la AMIA y nueve años después, en el gobierno de Fernando De la Rúa, el conductor del organismo, Fernando de Santibañes, fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por el entonces fiscal Luis Moreno Ocampo por «tráfico de influencias» en beneficio de directivos del Banco Galicia y se vio involucrado en el escándalo de coimas en el Senado.
En febrero de 2015 el Congreso aprobó el proyecto de ley enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el cual se disolvía la SIDE y se creaba la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
También en territorio bonaerense, donde la exgobernadora María Eugenia Vidal está siendo investigada por la presunta existencia de una red de espionaje propia, existen antecedentes ominosos. La dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que funcionó entre 1956 y 1998 investigó en secreto a casi medio millón de personas, según consta en el libro El ojo que espía, del periodista Juan Ignacio Provéndola, quien estudió detalladamente los archivos actualmente en poder de la Comisión Provincial por la Memoria. Se estima que la DIPPBA fue uno de los pilares del accionar genocida de Ramón J. Camps durante la última dictadura.
Si las investigaciones sobre las cloacas del Estado que se están desarrollando logran eludir las trampas instaladas por el engranaje mediático judicial será posible recuperar retazos de libertad, esa palabra tan bastardeada en los últimos tiempos.
