24 de septiembre de 2022
El Gobierno cuyano, en manos del radicalismo, recibe duras críticas por el intento de reformar el funcionamiento de la Suprema Corte provincial.
Diputados. La reforma es discutida en la Cámara provincial.
Foto: Cámara Diputados Mendoza
El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez impulsa la modificación del actual funcionamiento del Poder Judicial a través de un proyecto de ley que ya fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento. El radicalismo local espera una pronta sanción, aunque sabe que no será sin acalorados debates que ya han provocado cuestionamientos por parte de diversos sectores.
El Poder Ejecutivo provincial postula que el objetivo central es aportar transparencia eliminando el sistema de «salas» que rige actualmente (integradas por distintos jueces) para distribuir tareas entre los siete magistrados. Es decir, se puede llamar a plenario «si la importancia o trascendencia de la materia a resolver así lo aconsejare», pero esto abre una discusión respecto a cuándo se aplicará esta metodología, quedando a criterio de los ministros de la Corte en qué caso hacerlo. Los sectores que cuestionan la iniciativa plantean que esto estará sujeto a discrecionalidad y que el fin es dotar de mayor peso a los jueces afines al radicalismo.
En momentos donde el sistema de Justicia está puesto en discusión en todo el territorio nacional, el Gobierno mendocino decidió pisar el acelerador y seguir avanzando con las reformas que ya venía realizando la gestión del exgobernador Alfredo Cornejo y ahora su sucesor Rodolfo Suárez. Es por esto que la oposición en la Legislatura provincial pidió para debatir el proyecto que sean citados juristas destacados como Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde. Las voces disidentes coinciden en que, de aprobarse esta reforma, el oficialismo podría redirigir los fallos que vayan en dirección contraria a sus propios intereses, ya que si se sortean los tres jueces que hoy no son afines al Gobierno provincial para resolver alguna causa conflictiva, simplemente la misma Corte puede convocar a plenario donde el radicalismo tiene una mayoría de cuatro por sobre tres con Dalmiro Garay (presidente de la SCJ y exministro de Gobierno de Cornejo), Pedro Llorente, José Valerio y Teresa Day; y, por otro lado, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez.
Jueces especializados
En su paso por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, exjueza de la SCJ de Mendoza (1984-2010) y doctora Honoris Causa de diversas universidades afirmó que «este proyecto no va al fondo del asunto. Lo que les pido a ustedes es que cuando el gobernador de la provincia manda un candidato para la Corte se pregunten qué es lo que la Corte necesita y no qué es lo que el Gobierno de turno necesita. La pregunta es: ¿qué Corte queremos? Queremos jueces especializados. Si tengo gente que sabe de esa materia me puedo hacer responsable de la sentencia que dicta, pero si no es un juez especializado la sentencia no la va a dictar el juez, sino los empleados». Este es uno de los argumentos críticos más fuertes en torno a la propuesta oficial.
«El Poder Ejecutivo lo impulsa, el Poder Legislativo lo aprueba, el Poder Judicial se ordena con sus mayorías a través de la eliminación de las salas. Nombraron al juez más repudiado en la historia con cientos de impugnaciones porque no valoran la opinión popular, avanzaron con nombrar una jueza sin requisitos constitucionales y la hicieron jurar a escondidas. Es hora de parar con el relato de la institucionalidad», destacó Germán Gómez, presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos-PJ. Después de la ronda de exposiciones el proyecto de ley no cosechó los votos suficientes para obtener dictamen y ser tratado en el recinto. A las voces en contra se sumó en las últimas horas la inesperada posición crítica del PRO y del Partido Renovador, quienes son parte del Frente Cambia Mendoza. Con este escenario el oficialismo decidió dar un sorpresivo giro solicitando a la Suprema Corte de Justicia que sean los propios magistrados quienes realicen los aportes que creen necesarios para discutir un nuevo proyecto en la Legislatura de la provincia.
Una iniciativa que se daba por aprobada fue abriendo en pocos días varias internas en el bloque de gobierno que ha demorado, por ahora, el intento de reforma.
