La familia de Santiago reclama la intervención de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer lo ocurrido con el joven hallado sin vida 78 días después de la violenta represión de Gendarmería sobre la comunidad mapuche de Cushamen.
28 de febrero de 2020
Plaza de Mayo. Multitudinario pedido de justicia para Santiago con su rostro como estandarte. (Damian Dopacio/NA)
El pasado 30 de diciembre, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que la Corte Suprema intervenga en la causa por la muerte de Santiago. Busca que se investigue el caso como «desaparición forzada». La familia sustenta su reclamo en que pasaron 78 días entre el momento en que la Gendarmería desató una represión feroz e ilegal en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen y cuando se halló el cuerpo sin vida del joven en un río lindero. «¿Dónde estuvo todo ese tiempo?», se preguntan una y otra vez. «¿Por qué no lo vio nadie si se rastrilló tres veces el río?». Descreen de la versión del juzgado que llevó adelante la investigación.
«Sigue pasando el tiempo y eso atenta contra la verdad», afirmó Heredia. La familia reclama que se inicie «una investigación imparcial por desaparición forzada seguida de muerte». Si no obtiene resultados positivos en la Corte, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Santiago no murió cruzando el río tal como afirmó el juez Gustavo Lleral, el 29 de noviembre de 2018», aseguró la representante legal de la familia. Esa es la línea principal de investigación –que la familia critica– y que estuvo vigente en el último tiempo, pero que fue puesta en cuestión por la Casación Penal a fines del año pasado.
Para los Maldonado debe investigarse una desaparición forzada por el tiempo que pasó entre el hallazgo del cuerpo y el procedimiento ilegal que realizó la fuerza que estaba bajo el mando de la entonces ministra Patricia Bullrich. «Para el juez no hubo ninguna persona responsable de nada, no hay delito para investigar y la causa se tiene que cerrar», explicó la letrada, que pidió el apartamiento de Lleral.
A su vez, Heredia cuestionó que la pesquisa sea impulsada por la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura, «todas fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad». Por eso la familia pide que la investigación esté a cargo de un grupo de expertos. «Necesitamos de gente que sepa qué es una desaparición forzada en democracia y sepa investigar este delito, que es muy complejo», señaló la abogada. «Es importante que el grupo sepa escuchar a la comunidad originaria mapuche que fue la que estuvo los últimos días con Santiago. Hasta ahora la comunidad mapuche fue criminalizada», manifestó.
Un juez cuestionado
El recurso extraordinario que se presentó ante la sala IV de la Casación (que revisa lo actuado por todas las cámaras federales) fue girado a las partes. El abogado que representa a la Gendarmería pidió que se rechace. Resta conocerse la posición del fiscal ante la máxima instancia penal del país. Con todos esos elementos en sus manos, los camaristas deberán resolver. Si el caso llegara a manos de los supremos, estos no tienen un plazo para expedirse.
Además del recurso extraordinario, Casación debe abordar el pedido de apartamiento del juez Lleral, quien fue reubicado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, a fines del año pasado. Lleral, el segundo magistrado que recibió el expediente (el primero había sido Guido Otranto), había cerrado la pesquisa luego de que apareciera el cuerpo del joven y se inhibió de intervenir cuando sus superiores ordenaron reabrir el caso. Incluso aceptó la recusación de los familiares cuando la causa volvió por tercera vez a su despacho. No obstante, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó en septiembre de 2019 que siga al frente de la investigación. Heredia indicó que la investigación de Lleral se funda en tres ejes, hoy cuestionados: las pericias que realizó la Policía Federal, la autopsia y el testimonio de Lucas Pilquiman.
Ahora aspira a que intervenga el alto tribunal.
