Cuando la pandemia incrementa su impacto, comienzan a producirse acciones que buscan obtener rédito político de la situación. Ratificación de las políticas de prevención a nivel nacional y retrocesos de aperturas distritales.
23 de junio de 2020
Quilmes. Control de temperatura en una calle céntrica de la localidad bonaerense. El Conurbano es uno de los principales focos de preocupación. (Télam)
Cuando se conocieron los primeros casos en el país de la pandemia que conmueve al mundo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio era considerado indispensable por la inmensa mayoría de la población y se destacaba como un hecho encomiable el que todas las fuerzas políticas coincidieran en las medidas adoptadas para hacerle frente a tan difícil coyuntura. El aprovechamiento partidista de las dificultades parecía imposible y los comportamientos sociales se mostraban acordes con la complejidad de la situación. Empero, los escépticos aseguraban que, dada la profundidad de las diferencias existentes –expresadas en la tan mentada grieta– la concordia iba a durar muy poco. No se equivocaron.
Las esperables consecuencias económicas y sociales de la paralización de la actividad productiva –que se manifestaron también en aquellos países en los que su dirigencia resolvió subestimar la potencia del virus– fueron minando la resistencia de los sectores más afectados y el encierro generó cansancio. No obstante, la mayoría de los ciudadanos persistió en una actitud colaborativa, en la comprensión de que cuidarse implicaba también cuidar al otro. La palabra solidaridad, durante varios años olvidada, resurgió con potencia. Pero un segmento menor aunque no insignificante de la sociedad retomó prontamente sus consignas economicistas y reclamó que se abandonara una cuarentena a la que consideraban exagerada o inútil. Sus reclamos fueron prestamente encauzados por la derecha pura y dura, expresada por gran parte del PRO y el radicalismo, que requería un pronto retorno a una normalidad imposible.
Otro fragmento importante de la oposición diseñó una táctica sutil más acorde con la etapa: sostuvo formalmente su apoyo a las disposiciones diseñadas por los epidemiólogos que aconsejan al Gobierno, pero inició un proceso flexibilizador que en los hechos implicó el abandono de algunas prácticas preventivas. Así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, insistió en habilitar actividades hasta entonces prohibidas, se produjo un relajamiento de las normas que impiden la concentración de personas e imponen el distanciamiento, con lo cual se dispararon los casos extendiéndose el problema al Conurbano bonaerense con el que existe una absoluta interacción. Entre otros, fue uno de los motivos por los que disminuyó la disponibilidad de camas de terapia intensiva, que era holgada, y aumentó sensiblemente la velocidad del contagio.
En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que había permitido en los últimos dos meses la actividad física al aire libre y lanzado un programa que permitía reactivar el turismo interno, incluida la reapertura de comercios, bares y restaurantes, e inaugurado un programa educativo que preveía el retorno progresivo a las aulas –una medida que fue calificada de irresponsable por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta– se vio obligado a dar marcha atrás y volver por siete días a la fase 1 de aislamiento social total, ante la aparición de 21 nuevos casos. En una suerte de reconocimiento de que la flexibilización no había sido fruto de un reflexivo análisis, Morales afirmó: «A muchas actividades económicas les digo, no presionen tanto, acá hay muchos que estuvieron los tres meses trabajando, en general el nivel de actividad ha sido normal».
Importa destacar que el decreto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) señala con claridad que todas las excepciones en los lugares en los que debe cumplirse se otorgan por disposición del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de acuerdo con la situación epidemiológica y que, por lo tanto, pueden ser dejadas sin efecto en cualquier momento aún contra los deseos del poder local, algo que hasta el momento no ha sucedido.
Dilemas locales
También en la ciudad bonaerense de Olavarría, el intendente electo por la coalición Cambiemos, Ezequiel Galli, un decidido partidario de acabar con la cuarentena, debió retroceder. Una encuesta por Twitter, que le fue claramente desfavorable, en la que pretendía convalidar el abandono de las rigurosas medidas provinciales, y la aparición de 33 casos activos de coronavirus –con lo cual Olavarría supera a once provincias argentinas– lo obligaron a volver a la fase 1 y disponer el cierre de los establecimientos industriales y comerciales no indispensables. No obstante, en declaraciones al portal Infobae, Galli sostuvo: «En algún momento vamos a tener que pasar de la cuarentena administrada al contagio administrado, porque no se vislumbra que en el corto plazo vaya a aparecer la vacuna».
A su vez, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aspirante a la candidatura a la gobernación bonaerense en 2023, se quejó de las limitaciones impuestas por Axel Kicillof: «El gobernador pretende concentrar todo y termina no definiendo nada. Los intendentes vamos a seguir molestando, porque debemos ser un puente de equilibrio en una visión integral de la salud», aseveró.
Un episodio que ilustra sobre la escasa afección de los dirigentes macristas a los cuidados que requiere la pandemia fue protagonizado por María Eugenia Vidal, quien contrajo una forma leve de coronavirus, lo que se comprobó después de que, en abierta violación de la cuarentena, almorzara en la sede del Gobierno porteño de la calle Uspallata, junto con Larreta, el senador Martín Losteau y Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados. Todos juran que hubo una distancia apropiada entre ellos. Lo cierto es que no hay certezas acerca del origen del contagio que obligó al hisopado de sus comensales, con resultado negativo. De esta casual manera quedaron expuestas reuniones secretas que revelan notorias fisuras en la dirigencia de Juntos por el Cambio.
Mientras en las provincias donde se han registrado muy pocos casos de COVID-19 se acatan rigurosamente las determinaciones oficiales en la comprensión de que no existen elementos que permitan predecir con cierto grado de precisión la posibilidad o no de una nueva ola de infecciones, los comportamientos señalados de quienes –con un estilo u otro– forman parte de la oposición, tienen una íntima conexión con la campaña desestabilizadora emprendida por Juntos por el Cambio en el orden nacional. Las disputas entre los «halcones», encabezados por Mauricio Macri –cuyo peso político tiende a diluirse– Patricia Bullrich y Marcos Peña y las supuestas «palomas» –Rodríguez Larreta, Vidal, Rogelio Frigerio y Monzó– son evidentes. Aun así existen acuerdos de fondo que explican la necesidad, por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar o legislar, de no colisionar frontalmente con el oficialismo, pero al mismo tiempo, de evitar cualquier sospecha de ser colaborativos con el denostado populismo.
Otros personajes menos visibles juegan sus propias cartas que no mostrarán hasta que se acerque la hora de la contienda interna con vistas a las elecciones legislativas de 2021.
