Los gobernadores radicales toman distancia del destino político del presidente y van a los comicios en fechas anticipadas, mientras Vidal prepara una campaña que tendrá la negociación salarial con los docentes como uno de sus ejes principales.
13 de febrero de 2019
El anuncio de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de que no se desdoblarán las elecciones en su provincia, habrá suscitado seguramente un suspiro de alivio en el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña, quienes la habían presionado fuertemente para que se concretara cuanto antes. Es que dos de sus aliados, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y Alfredo Cornejo, de Mendoza –dijo que votaría a un radical antes que a Macri– ya habían decidido cortarse solos y adelantar los comicios a efectos de no quedar pegados a la caída de la imagen presidencial, pese al pedido que el mandatario les hiciera cuando los recibió durante sus vacaciones en la Patagonia. Los gobernadores radicales insisten en reclamar más espacio de participación para su partido en el gobierno de Cambiemos, y que ese espacio se refleje en las listas electorales de este año. La posibilidad de que el primer distrito electoral del país se sumara a la fuga de fechas agregaba un ingrediente tóxico a la ya convulsionada interna de Cambiemos.
La determinación asumida por Vidal tiene, empero, un alto costo político para sus ambiciones reeleccionistas. Si bien funcionarios de su gestión aseguraban hace algunas semanas que el desdoblamiento no se produciría, ella optó por guardar un prudente silencio sobre el tema, seducida por encuestas de opinión que la situaban seis o siete puntos por arriba de Macri. Renunciar ahora a tal alternativa implica, entre otras cosas, un replanteo estratégico y comunicacional. Ya no le será posible distanciarse de las políticas nacionales o presentarse como una opción renovadora de Cambiemos. Para colmo de males, los números no la favorecen y una versión –de la que dio cuenta el matutino Clarín– afirma que en las circunstancias actuales perdería la primaria. De allí la operación montada por unos 15 intendentes bonaerenses para lograr la eliminación de las PASO, con el argumento de que se trata de una «inversión inútil» en tiempos de crisis. El verdadero motivo de esta abortada maniobra –el propio Peña se opone a su efectivización–es impedir que los efectos de la crítica situación económica conduzcan a una derrota que podría tener consecuencias fatales para octubre y contarían además con un margen de dos meses más para que se vean los frutos de la tan pregonada reactivación.
Pero Vidal parece haber elegido mal uno de los ejes de su reprogramada campaña: poner a los docentes en el centro del escenario, asignándoles el rol de malvados, culpables de que no se hayan podido cumplir en 2018 los 180 días de clase previstos en el calendario escolar debido a los «paros políticos». En verdad, maestros y profesores perdieron el 18% de su poder adquisitivo, ya que se les otorgó unilateralmente poco más del 30% de incremento salarial contra una inflación de más del 48%.
La forma concreta que asumirá la embestida son las llamadas «mesas educativas distritales», integradas por funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación, concejales, consejeros escolares, inspectores de escuelas y legisladores de Cambiemos. Su principal función consistirá en realizar acciones propagandísticas en redes sociales, medios de comunicación y actividades públicas dirigidas a garantizar que las clases se inicien con normalidad el 6 de marzo y «adelantarse a situaciones de conflicto en materia educativa». El cronograma previsto incluye concentraciones en plazas con radio abierta y una marcha que se pretende masiva. Adviértase que para tan confrontativa actividad no se ha convocado a maestros ni a directores. Estos últimos fueron sistemáticamente perseguidos durante los tres años de gestión vidalista si no se plegaban a las políticas oficiales o si denunciaban el desastroso estado de la infraestructura escolar que se cobró dos vidas en Moreno, a punto tal que hay más de 400 sumariados en distintos distritos por desobedecer directivas tales como elaborar listados de quienes se adherían a los paros.
Maestros en la mira
La iniciativa electoralista, que procura solidificar el núcleo duro del electorado cambiemita y avanzar sobre sectores poco informados acerca de la problemática educativa, presenta varios inconvenientes. En primer lugar, la mayoría de la sociedad se identifica con la defensa de la escuela pública y sabe por sus propios hijos de las carencias edilicias y alimentarias que deben padecer. En segundo lugar, las tareas asignadas a los miembros de las mesas incluyen timbreos, una modalidad que Cambiemos ha abandonado debido a las reacciones airadas que provocaban en la población. En tercer lugar, es poco factible que los inspectores escolares se sumen a una labor abiertamente proselitista. En distritos como Merlo, Moreno y La Matanza, muchos de ellos han alzado su voz contra las políticas imperantes.
En ese contexto, la convocatoria de la gobernadora a la paritaria parece el llamado al inicio de hostilidades, porque ya adelantó que haría «una oferta que pueda pagar» y es sabido que cuando se acude a esta expresión, la traducción es «podemos pagar poco y nada». La idea, una vez más, consistiría en prolongar el conflicto con propuestas que no contemplan lo perdido el año pasado, cuando no se llegó a acuerdo alguno, y negarse terminantemente a incorporar la «cláusula gatillo» que exige el Frente de Unidad Docente, integrado por SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA, todo ello con el objetivo de responsabilizar a los gremios por el previsible no inicio de las clases.
Esta ofensiva se complementa con otros menesteres a cargo del aparato judicial adicto. En ese sentido, el inoxidable juez Claudio Bonadio resolvió procesar a 92 intendentes y exintendentes por supuesto fraude a la administración pública que habría sido cometido entre 2013 y 2015. No casualmente, la casi totalidad de ellos son bonaerenses y pertenecen al justicialismo. También jugará un rol importante la proliferación de noticias falsas (fake news) y la utilización intensiva de la tecnología vinculada con teléfonos celulares que permite acceder a más del 80% de la población con el objetivo de instalar una agenda propia y eludir el abordaje de temas como la desocupación, la inflación y los tarifazos.
En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco desdoblará, libra una batalla particular contra los docentes. Su ministra de Educación, Soledad Acuña –que acaba de sufrir un traspié con la anulación de la resolución por la cual se ordenaba el cierre de 14 escuelas nocturnas– se comprometió a convocar a una nueva mesa salarial para compensar el deterioro sufrido por el ingreso de maestros y profesores durante 2018. Pero la reunión nunca se concretó y los gremios están pidiendo que el 13% de la pérdida del poder adquisitivo sea abonado retroactivamente.
Rodríguez Larreta, satisfecho con los dividendos electorales que hasta el momento ha obtenido de la proliferación de metrobuses, los interminables arreglos de veredas, la pileta de natación virtual y otras originalidades urbanas, ha tropezado con una mala noticia que no vio venir porque el tema no estaba dentro de sus preocupaciones prioritarias. Según los datos difundidos por la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo trimestre de 2018, el número de indigentes se duplicó al pasar de 100.000 a 198.000 En el mismo período, la cantidad de pobres no indigentes ascendió de 314.000 a 441.000, un 40% más.
