13 de abril de 2022
La reforma judicial impulsada por el Gobierno no avanza, mientras se mantiene una fuerte disputa por el organismo que designa y remueve jueces.
Senado. El Frente de Todos logró reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto oficial sobre la conformación del Consejo el 7 de abril.
TÉLAM
Los planes del Gobierno acerca de una reforma judicial se complican cada vez más. La pulseada entre el oficialismo y la oposición en torno a la configuración de un órgano clave del Poder Judicial como es el Consejo de la Magistratura refleja la relación de fuerzas en el tablero político. La paralización –de hecho o derecho– del organismo que está a cargo de la designación y sanción de magistrados garantiza que se mantenga el statu quo.
La Corte Suprema de Justicia determinó el 16 de diciembre pasado que la integración de 13 miembros del Consejo, vigente desde 2006, es inconstitucional. En la resolución, los supremos ordenaron al Congreso que sancione una nueva ley que «respete los equilibrios» de los estamentos. Por si eso no sucedía, otorgaron un plazo de 120 días para que se restablezca la anterior conformación de 20 consejeros, que da la presidencia del órgano de selección y sanción de jueces a la propia Corte. Como si todo eso fuera poco, establecieron que si no se realizaba la readecuación por una u otra vía, al día 120 del fallo los actos que dicte el Consejo «serán nulos». El 18 de abril entra en vigencia ese ultimátum. El Consejo, entre otras cosas, es el que administra el pago de los sueldos a todos los jueces federales del país. Para sortear estas dificultades administrativas, el 13 de abril, en lo que fue la última sesión del Consejo de 13 integrantes, se aprobó -con disidencias de la oposición- un reglamento de emergencia.
Los supremos, que no tienen plazo para expedirse, tuvieron el caso en sus manos durante toda la gestión macrista pero recién lo abordaron en 2021 y provocaron este escenario crítico. Para algunos sectores del Frente de Todos es una avanzada en tándem con la oposición. Es que la posibilidad de paralizar el Consejo se complementa con la obstaculización por parte de Juntos por el Cambio de cualquier cambio en materia judicial que intenta el Gobierno.
El oficialismo, por ejemplo, no pudo designar al Procurador General de la Nación ya que no posee los dos tercios de los votos en el Senado. Continúa en el cargo el interino Eduardo Casal, quien reemplazó a fines de 2017 a Alejandra Gils Carbó. Casal suele dictaminar en sintonía con la voluntad de la oposición. Algo similar ocurre en la Corte, que cuenta con cuatro integrantes luego de la salida de Elena Highton de Nolasco. El Gobierno no envió el pliego de su reemplazante a la Cámara Alta porque no cuenta con las voluntades para aprobar su pliego.
Días antes de que la Corte decretara la inconstitucionalidad de la integración de 13 miembros, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional una iniciativa para reestructurar el Consejo con 17 integrantes y sin supremos en su interior. Fue un intento de adelantarse a la entrada en vigencia de la decisión de la Corte.
Sumas y restas
El oficialismo le dio media sanción a ese proyecto en el Senado el 7 de abril pasado. Pero todo indica que no se aprobaría en Diputados a la brevedad. Ya lo adelantó Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja: «Voy a seguir trabajando para que tratemos de tener una nueva ley con el mayor consenso posible. Para eso se necesita tiempo. Al parecer, la Corte no quiere concederlo. Y lo que es peor: ciertos sectores opositores parecen cómodos con esa posición», dijo en declaraciones radiales.
¿Qué propone la Casa Rosada en su iniciativa? Sumar dos abogados, un juez y un académico. De esa forma busca un mayor «equilibrio» entre los estamentos, pero con la Corte afuera. Si la oposición bloquea esta iniciativa, se allana el camino para que entre en vigencia la ley derogada en 2006 que revive al Consejo de 20 integrantes presidido por el titular de la Corte, es decir, Horacio Rosatti. Los distintos estamentos ya avanzaron con sus elecciones para activar esta alternativa, al menos hasta que se promulgue una nueva ley. «Ya llegó la Mesa Judicial al Consejo», cuestionan desde la Casa Rosada por los resultados de esos comicios. El Consejo de 20 que se está perfilando se conformaría con los 13 miembros actuales y Rosatti, que fue designado por Macri en la Corte y entra como presidente. Más dos representantes por los abogados. Fueron electas Jimena de la Torre, exintegrante de la AFIP y la Unidad de Información Financiera macristas; y María Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Una representante de los jueces: Agustina Díaz Cordero, exasesora del ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, y jueza civil, quien se impuso para consejera desde la lista Bordó, la más conservadora de la Asociación de Magistrados. Se incorporaría también un académico que será elegido el 18 de abril y, finalmente, un diputado y un senador. Juntos por el Cambio reclama esos cargos para sí. Pero el oficialismo podría retrasar esta designación y así forzar que la composición de la ley derogada no entre en vigencia. En esa línea, un juez de Paraná hizo lugar el 12 de abril a una medida «precautelar» presentada por el diputado Marcelo Casaretto (FdT) y ordenó frenar cualquier designación de consejeros por parte del Congreso. El bloqueo sería una defensa hacia lo que entienden que es «un ataque institucional» impulsado por la Corte.
En la víspera de la entrada en vigencia del fallo de la Corte, la oposición se endureció y no permitió aprobar una veintena de ternas concluidas. En el Consejo se necesitan dos tercios de los votos en el plenario para aprobar las ternas y ninguna fuerza posee esa mayoría. Todo indica que la paridad se repetirá, sea en el Consejo de 17 integrantes o el de 20, ya que no hay una mayoría consolidada en ninguna de esas alternativas. ¿La consecuencia? No cambiará el statu quo que reina en Tribunales.
Entre los concursos que están para aprobarse en el plenario y se trabaron (ya están las ternas confeccionadas) se destacan los correspondientes a los juzgados 6, 11 y 12 de Comodoro Py, hoy vacantes. El 11 es el que ocupaba Claudio Bonadio. También están para votarse las ternas para las dos vocalías de la Cámara Federal porteña que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esos dos jueces fueron puestos irregularmente por Macri en ese cargo y la Corte determinó que sigan allí hasta que se designe a sus reemplazantes. Como el Consejo no puede cerrar el proceso ambos siguen en funciones.
Desde el Gobierno reconocen que «cada vez es más complicado» cambiar el statu quo en el Poder Judicial. En Comodoro Py tomaron nota de esa fragilidad.
